El caso de alias Marino sacude la confianza en la seguridad privada de Ecuador

La muerte de Stalin Olivero Vargas, alias Marino, cabecilla de la banda criminal Los Lagartos, no solo dejó al descubierto la magnitud de sus negocios ilícitos, sino que abrió una grieta en uno de los sectores más sensibles del Ecuador: la seguridad privada.

La infiltración de un líder criminal en compañías que, en teoría, existen para proteger, plantea cuestionamientos urgentes sobre la confiabilidad del sistema, su regulación y los riesgos que enfrenta la ciudadanía.

Tras su asesinato, ocurrido el 7 de enero de 2026 en Isla Mocolí, las investigaciones revelaron que alias Marino mantenía vínculos como socio o directivo en empresas de distintos sectores, entre ellas firmas de seguridad privada. 

Una de estas compañías fue allanada el 14 de enero, operativo en el que la Policía halló 201 armas de fuego (entre fusiles, pistolas, escopetas y revólveres), varias de las cuales no contaban con los permisos correspondientes. Cinco personas fueron detenidas.

Compañías privadas pierden confianza

Para Rodrigo Peralta, presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Seguridad (Anesi), el caso refleja una problemática estructural del sector.

“Efectivamente, es difícil a simple vista poder confiar en una empresa de seguridad, pero hay varios argumentos que clientes serios generan para contratar servicios de seguridad. Por ejemplo, en la institución privada, las empresas generan licitaciones internas sobre la base de ciertos procedimientos y ciertos requisitos”, explicó.

Peralta detalló que “dentro de esos requisitos que nos ponen a nosotros como parte de los requerimientos para poder participar están los antecedentes, tiempo de servicio, certificaciones internacionales de calidad, de seguridad, que pertenezcamos a un gremio de seguridad”.

Una visión similar comparte John Garaycoa, presidente de Mac Security, quien advierte que el crimen organizado suele operar donde existen vacíos regulatorios. “Si un delincuente puede comprar acciones en una empresa de seguridad y operar armas sin supervisión efectiva, el problema no es la industria en sí, sino la falta de auditorías, trazabilidad y controles cruzados”, manifestó.

Piden revisar trayectoria de empresas

Garaycoa señaló que aunque Ecuador cuenta con un marco legal para controlar armas, personal y el origen del capital, el nivel de verificación resulta insuficiente, especialmente en la revisión del historial financiero y fiscal de los accionistas, el control del inventario real de armas, las auditorías sorpresivas a bodegas e instalaciones y el monitoreo de cambios societarios.

Desde el sector empresarial, Gabriel Pesantes, dedicado al ámbito industrial y usuario permanente de servicios de seguridad privada, expresó su preocupación por estos hallazgos, aunque descartó que la solución sea prescindir del sector.

“No podemos prescindir de la seguridad privada, pero exigimos un sistema depurado y confiable”, expresó Pesantes, quien identificó tres problemas que deben corregirse para recuperar la confianza: la falta de información sobre quiénes son los accionistas de las empresas, cuál es su historial y qué tan auditado está su arsenal. 

También alertó sobre la competencia desleal, al señalar que “cuando empresas vinculadas a actividades ilícitas operan con capital no declarado o lavado, pueden ofrecer precios artificialmente bajos, afectando a firmas legítimas”.

La pregunta que surge es cómo recuperar la confianza en el sector. Expertos y empresarios coinciden en la necesidad de una fiscalización profunda y permanente, con auditorías obligatorias enfocadas en el origen del capital y las declaraciones fiscales. 

Los bajos precios, otro indicio

En ese contexto, Peralta advirtió que “dentro de las debilidades de las empresas que no están formalizadas, es fácil darse cuenta por los bajos costos que proponen a sus clientes, costos de servicio que ni siquiera llegan a cubrir los salarios básicos de los guardias”.

Finalmente, lamentó que la falta de control del ente regulador permita el funcionamiento de empresas de historial opaco y que se presenten casos como el de alias Marino, “quien al ser un exmilitar dado de baja por mala conducta de la institución naval, nunca pudo haber sido ni siquiera socio accionista de una empresa de seguridad, menos aún su representante legal, ya que ese es uno de los requisitos que exige la ley de seguridad para poder ser propietario o ser representante legal”. 

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