Caso Progen en la Asamblea: ¿El oficialismo renunció a la fiscalización?
La bancada de ADN da por cerrado el tema Progen. Pero el juicio político aún es una posibilidad que puede presentarse
El caso Progen se cerró en la Asamblea Nacional sin determinar responsables políticos. Con la decisión adoptada por la Comisión de Transparencia, liderada por la oficialista Diana Jácome, se clausuró, al menos por ahora, la posibilidad de profundizar en el rol que jugaron el exministro de Energía, Roberto Luque, y la actual ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
(NO TE PIERDAS: ADN defiende informe sobre Progen y evita hablar del rol de los ministros de Noboa)
El camino para eximir de culpas a ambos perfiles fuertes del gabinete del presidente Daniel Noboa tomó seis meses. Ese fue el tiempo para el proceso de fiscalización en manos de la Comisión de Transparencia.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con mayoría de ADN, dio paso en junio pasado al pedido de Jácome para que el proceso pase de la Comisión de Garantías Constitucionales -controlada por el correísmo- a su mesa.
¿Por qué ADN se jugó por cambiar de mesa la fiscalizción?
La maniobra fue política. Garantías Constitucionales ya había iniciado la fiscalización y apuntaba a convocar a los ministros del ramo.
Así, a un mes de instalada la nueva Asamblea, en junio pasado, la primera disputa entre el oficialismo y el correísmo giró en torno al caso Progen. Desde entonces, el CAL se convirtió en una instancia clave para derivar procesos de fiscalización al Gobierno hacia comisiones con mayoría de ADN.
Por ejemplo, lo mismo ocurrió con la entrega de bonos por parte del Gobierno en plena campaña electoral, durante los comicios generales de 2025. Hay que recordar que Daniel Noboa participó como candidato. Sobre este tema, la comisión presidida por Jácome aún no ha presentado informe alguno.
Progen, ¿un antes y después para el Gobierno?
Progen es el caso más álgido para el Gobierno Nacional El pago a la empresa estadounidense a cambio de la generación eléctrica, en medio de la crisis energética que atravesó el país en 2024, sí se produjo. Pero no ocurrió lo mismo con las obligaciones contraídas por Progen, ya que no se generó ni un kilovatio como resultado del contrato.
Así, el momento escogido para presentar y aprobar el informe en una comisión oficialista no fue del todo aleatorio.
En la última semana, el propio Noboa se refirió al tema. Anunció la presentación de una demanda en Estados Unidos y fue entonces cuando se mencionó un supuesto nexo entre Fabián Calero, exgerente de Celec, y Astrobryxa, esta última subcontratada por Progen.
En el escrito se añadió que, según información y supuestos, Astrobryxa sería una empresa ficticia, sin experiencia en proyectos de generación de energía, y que “parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero”, quien era gerente general de Celec al momento de la adjudicación de los contratos.
Un informe con reparos
En ese contexto, la presidenta de la Comisión de Transparencia decidió finalmente convocar a sesión para tratar el informe. Pero las críticas no tardaron en aparecer. Una de ellas fue que el documento no se había trabajado por todos los integrantes de la mesa. Así lo denunció el asambleísta Otto Vera del Partido Social Cristiano.
Otro cuestionamiento apuntó a que, durante las comparecencias, nunca se convocó a Manzano ni a Luque para que respondan sobre su rol en la suscripción e implementación de los contratos con Progen.
En la comisión solo comparecieron representantes de Celec, entre ellos Calero, y el contralor general del Estado, Mauricio Torres. La mesa nunca contempló la posibilidad de profundizar el tema con autoridades de rango ministerial.
De este modo, el informe llegó a manos de los comisionados para la votación de la noche del viernes pasado, apenas dos días antes del inicio del receso legislativo. Ese punto fue señalado por la correísta Germania Romero antes de la instalación de la sesión, pero no logró los votos necesarios para que la aprobación del informe se realice de forma presencial y no virtual, como dispuso Jácome.
Seis meses fueron necesarios para que la mesa emita un documento que contiene apenas tres conclusiones. Dos de ellas resultaron cuestionables, no tanto por su contenido, sino porque se elevaron a esa categoría únicamente para señalar que los casos Progen y ATM estaban en manos de Contraloría y la Fiscalía.
Es decir, el oficialismo no contempló ninguna posibilidad de ejercer su rol fiscalizador. Así quedó plasmado en la tercera conclusión: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución que se configuren en un incumplimiento de funciones”.
Fue el legislador Blasco Luna (RC) quien intentó demostrar que el informe era incompleto. Para su elaboración, sostuvo, ni siquiera se contó con las comparecencias de Luque y Manzano.
Todo parecía sentenciado. De nada sirvió la queja de Luna sobre la imposibilidad de reproducir un vídeo en el que Luque afirmaba haber viajado a Estados Unidos para “constatar la profesionalidad de los técnicos” a cargo de los generadores.
Tampoco prosperó la observación del socialcristiano Otto Vera, quien recordó que una de las funciones de un ministro es el control de las entidades adscritas a su cartera. Menos aún fue atendido su señalamiento de que en el Directorio de Celec también participa la autoridad del Ministerio de Energía.
Dian Jácome, figura clave para bloquear la fiscalización
Para responder a los cuestionamientos, Diana Jácome recurrió a un solo argumento: que lo actuado en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución fue firmado por Celec. Con eso quiso zanjar el debate sobre la responsabilidad ministerial, incluso cuando uno de los ministros viajó a Estados Unidos, entre el 16 y el 19 de mayo de 2024, para estudiar el mercado y verificar si las empresas oferentes existían y podían entregar los equipos requeridos. Uno de los proveedores visitados en ese viaje fue Progen.
Al final, ADN no necesitaba mayor debate ni profundizar en el informe. Le bastaba los cinco votos de sus asambleístas y uno adicional de su aliado político, el ex Pachakutik Edmundo Cerda. Así ocurrió.
No todo estaría cerrado.
El experto en Derecho Esteban Ron explicó que, al tratarse de una fiscalización temática hecha en la Comisión de Transparencia, existe la posibilidad del juicio político. Esa solicitud puede presentarse y debería tramitarse en la Comisión de Fiscalización. Pero, para llegar al Pleno tendría que atravesar dos instancias controladas por ADN: CAL y la propia mesa de Fiscalización. Esta última ya ha dado muestras de actuar como lo hizo Transparencia.
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