Propuesta de constituyente: Buenas intenciones camino del infierno

El manifiesto que 23 prestigiosos juristas del Ecuador (mejor dicho: 22 prestigiosos juristas y el exministro de Gobierno José De La Gasca) firmaron a favor del Sí en la consulta popular y por una nueva Constitución, tiene el acierto de fijar con exactitud los términos del debate para la Constituyente pero comete el error de darlos por sentados. En todo caso, es un documento muy útil: sirve para marcar los límites del proceso en el que nos ha embarcado el gobierno. Y para no hacerse muchas ilusiones. 

“Una nueva Constitución -dicen los juristas- no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno. Debe ser el resultado de un nuevo pacto social, construido con responsabilidad, desde la pluralidad, con una mirada de país y con la ciudadanía en el centro. Un pacto que represente mínimos compartidos y que surja de un consenso nacional”.

Verdades grandes como catedrales. Dichas las cuales, lo que corresponde debatir es cómo llegar a ese punto.

Es decir: de qué manera un país como el Ecuador, con el déficit de ciudadanía que padece; con su carencia absoluta de un sistema de partidos; con sus organizaciones políticas en el punto más bajo de una ya crónica decadencia moral e intelectual…

… Un país polarizado entre dos tendencias populistas con vocación autoritaria, que controlan el parlamento y ya se pusieron de acuerdo en un método de repartición de escaños que facilita la exclusión de las minorías…

… Un país que hasta el mes pasado estaba en llamas y con la mitad de la población denunciando la militarización que la otra mitad exige a gritos…

… Un país sin demasiada vocación democrática (más bien muy poca) y tan angustiado por la violencia y el crimen que está dispuesto (entre arrebatos de histeria de influencers y cheerleaders) a sacrificar todas sus libertades (que aprecia poco, y de las que incluso sospecha) a cambio de un poco de seguridad…

… Cómo ese país, en fin, puede construir, “con responsabilidad, desde la pluralidad, con una mirada de país y con la ciudadanía en el centro” (sólo falta decir aquí: en plena libertad), ese “nuevo pacto social” que evocan los juristas en su comunicado, “que represente mínimos compartidos y que surja de un consenso nacional” (hay que ver qué cosa tan bonita). Y hacerlo, además, en el plazo de seis u ocho meses que lo separan de la instalación de la Asamblea Constituyente, en el caso de que gane el Sí en la consulta popular.

¿Existe un pacto social para una nueva constitución?

Cualquiera diría, mirando la realidad y conociendo las firmas, que tal cosa es imposible. Parece confirmarlo el hecho de que no exista hasta la fecha ninguna acción, por parte de los políticos (del presidente de la República para abajo) encaminada a lograr ese objetivo. Nada que nos permita imaginar remotamente que el Ecuador avanza hacia la construcción de un “nuevo pacto social” sobre la base de “mínimos compartidos” y surgido del consenso. 

O que el gobierno que convoca a la Constituyente haya asumido sinceramente el imperativo de que la nueva Constitución “no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno”. Nada de eso está ocurriendo (lo cual no es extraño considerando la decadencia moral e intelectual de la política ecuatoriana de la que se habló más arriba) y el cronograma es tan apretado que ya es tarde para comenzar.

Los juristas que firman el manifiesto, sin embargo, lo dan por hecho. Por eso se arriesgan a pronunciarse por el Sí cuando su mismo razonamiento debía conducirlos a una postura más cauta que recurriera, para expresarse, al “si” condicional.

Los intereses en la redacción de la nueva constitución

Porque, vamos a ver: ¿de verdad creen los firmantes del manifiesto que existe una remota posibilidad de que la nueva Constitución sea redactada “a disgusto de los políticos”, es decir, que los asambleístas constituyentes, que sabemos exactamente de donde provendrán, sacrificarán sus mezquinos intereses para construir ese “nuevo pacto social” producto del consenso de toda la nación? ¿En serio? ¿En los próximos seis meses?

No existe la menor posibilidad de que eso ocurra, salvo que los mismos firmantes del comunicado, junto a otros brillantes juristas que no faltan en el Ecuador, constitucionalistas honestos, conscientes del papel público que desempeñan, se postulen para constituyentes y sean ellos los que redacten la Constitución. Lo cual sería magnífico. 

Si eso ocurriera (nótese el condicional) entonces habría que decirle Sí a este proceso. Salvo que, para postularse, deberían inscribirse en una lista, es decir, en un partido. Y para inscribirse en un partido, deberían aceptar una serie de condiciones y exigencias y tragarse una serie interminable de ruedas de molino que pondrían en duda su brillantez y su honestidad (sobre todo su honestidad). Entonces mejor No.

Este es el punto en el que los firmantes del comunicado tienen razón pero la pierden. Porque si de lo que se trata es de evitar que la nueva Constitución responda a los intereses de los políticos y del gobierno de turno, como tan sabiamente proponen, entonces el manifiesto que se necesita es uno que se oponga a todos ellos y proponga la conformación de una lista alternativa, con la participación de juristas independientes y ciudadanos de buena voluntad (y por supuesto: con los 23 signatarios por delante; o mejor: los 22 sin De La Gasca), para marchar hacia la Constituyente y hacer de una vez por todas la Constitución que ponga a los ciudadanos en el centro. Pero eso es muy complicado: supone financiar y ejecutar una campaña y dedicar al menos un año entero a semejante conscripción cívica, abandonando las obligaciones académicas, las lucrativas prácticas profesionales o lo que fuera a cambio de jugarse el prestigio en esta causa. Y eso mejor no, tampoco es para tanto. Con firmar un comunicado ya es bastante. Siempre hubo revolucionarios de cafetín; ahora los hay de bufete.

Constitución de correístas y noboístas

Así las cosas, parece inevitable que la nueva Constitución, salvo que ocurra un milagro, la escriban al alimón los correístas y los noboístas: de un lado, los representantes de un proyecto autoritario y cleptocrático (la RC) que ya fue gobierno y arrasó con todo; de otro, los representantes de una empresa electoral (ADN), oscuramente confundida con un grupo empresarial, que son gobierno ahora mismo y no se diferencian de sus antecesores en algunas de sus peores prácticas políticas, desde la persecución del periodismo independiente hasta la metida de mano en la justicia. ¿Ese es el proceso constituyente que los juristas respaldan con tanta resolución y tanta enjundia? Porque no hay otro.

Dice la profesora Karen Sichel que el proceso constituyente convocado por el gobierno de Daniel Noboa “es una irresponsabilidad”: los riesgos, explica, son claramente mayores que los beneficios.

¿Es necesaria la asamblea constituyente?

Sobre todo considerando que los beneficios podrían obtenerse por un camino mucho más simple: haciendo uso de la cómoda mayoría parlamentaria que maneja el bloque oficialista para aprobar las reformas parciales a la Constitución que el país viene reclamando desde hace años y son urgentes: la eliminación del CPCCS y el regreso a la tradicional estructura de tres poderes del Estado; la reforma de la Justicia y del régimen electoral, hasta la concreción de un nuevo sistema de partidos políticos; la eliminación de las cargas ideológicas en el manejo de la economía; incluso la reducción de poderes y funciones de la Corte Constitucional, que tanto molesta al presidente… Todo eso se puede hacer mediante reforma parcial a la Constitución, poniendo a trabajar a la mayoría parlamentaria y sin someter al país a la montaña rusa de tres elecciones seguidas, a la incertidumbre económica que eso acarrea durante más de un año y al riesgo político de que todo salga (otra vez) peor.

Pero si el presidente se encaprichó con entrar en un proceso constituyente en el que el país se juega el todo por el todo (o quizás el todo por la nada) es porque su proyecto político es otro. Y ése, no tiene futuro si no es echándolo todo abajo y refundando la República. No hay que olvidar la motivación inicial que llevó a Daniel Noboa a la decisión de convocar a consulta popular: el control constitucional ejercido sobre sus leyes de Integridad y Solidaridad y, probablemente, la consciencia de que su ley de Inteligencia tampoco pasaría ese filtro. 

Las manipulaciones del régimen

Crear un Estado de seguridad en el que las fuerzas del orden (policías y militares) así como los organismos de Inteligencia, que ha venido manejando con criterios políticos más que técnicos, gocen de un espacio de impunidad y no tengan que rendirle cuentas a nadie: he ahí su proyecto, que goza de un enorme respaldo ciudadano en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Si el socialcristianismo más reaccionario hizo del populismo penal su caballo de batalla, Daniel Noboa quiere elevar esa plataforma a rango constitucional.

Cuando el presidente habla, por ejemplo, en contra de la inclusión de las personas privadas de la libertad en la lista de grupos de atención prioritaria; cuando dice que, de acuerdo con ese principio, un violador apuñalado en la cárcel que llega a un hospital tiene que ser atendido antes que una mujer sana de 20 años que ha sufrido un accidente de tránsito, y se escandaliza de ello y lo pone como ejemplo de por qué es necesaria una nueva Constitución… 

Bueno, está llevando al extremo ese populismo ruin con sus peores prácticas de manipulación y falsedad. Porque lo que dice es mentira: la prioridad en la atención médica se establece en función de la gravedad de los casos, no por consideración del rango constitucional de los pacientes. Y porque es apenas elemental que los privados de la libertad, cuya alimentación, salud y seguridad no depende de sí mismos sino del Estado, que los tiene a cargo, sean un grupo de atención prioritaria. Claro que deben serlo y un presidente debería impartir la pedagogía correcta en lugar de desprestigiar el sistema internacional de derechos humanos de esta forma.

¿Es ese proyecto de populismo barato el que apoya el manifiesto de los juristas?

“En un contexto de crisis, inseguridad y fragmentación institucional -sostiene el manifiesto-, lo que está en juego no es una coyuntura: es la capacidad del Estado para responder con eficacia y legitimidad”.

Si lo que está en juego es la capacidad del Estado para responder al contexto de inseguridad, estarán de acuerdo los juristas en el hecho de que el primer requisito para cumplir ese propósito es contar con una justicia independiente, íntegra, honorable. Y que quizá, sólo quizás, el gobierno que manipuló los procedimientos para colocar a un exabogado de narcos en la presidencia del Consejo de la Judicatura, junto con un juez señalado por error inexcusable y sobre el que pesaba un pedido de destitución, con el fin manejar a través de ellos lo que será la declaratoria de emergencia del sistema judicial que acabará con la estabilidad de los jueces y permitirá al gobierno nombrarlos y destituirlos a dedo, quizás ese gobierno no es el más indicado para llevar adelante un proceso constituyente. Sólo quizás.

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