Continuar con el mismo procedimiento y actores, imposible. Habrá que esperar algo más de una semana para conocer si el concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ) para designar a seis jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) continúa o se lo para por una serie de cuestionamientos.

El 5 de diciembre de 2023, estaba prevista la audiencia por la acción de protección que interpuso el Colegio de Abogados de Pichincha para intentar frenar este proceso que se acerca a su fase final. Sin embargo, la diligencia se pospuso para el 14 de diciembre próximo.

Para el presidente de este gremio, Paúl Ocaña, cualquier giro que se pretenda dar en este momento al concurso para intentar darle credibilidad, es estéril. El jurista ve que la única salida es la suspensión definitiva del mismo hasta que los vocales de la Judicatura no sean lo que se encuentran actualmente en funciones y que habrían restado confianza en la institución por sus actuaciones.

El Colegio de Abogados encontró una decena de “irregularidades” en el trámite del concurso que consideran hace imposible que siga y garantice, como conclusión, la elección de jueces de última instancia o casación idóneos.

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Una de ellas es que el comité de expertos conformado para la elaboración del banco de las preguntas escritas y la elaboración de los casos de casación tiene, entre otros, “a personas cuestionadas por sus intereses políticos y que no reúnen los requisitos académicos y profesionales necesarios para el cargo”, se puede leer en la demanda.

También, se cuestiona una posible discrecionalidad a la hora de otorgar las calificaciones a los postulantes y se menciona un caso específico: el de la presidenta de la Corte de Justicia del Azuay, Alexandra Vallejo, que, pese a justificar 23 años en la Función Judicial obtuvo un cero como calificación en experiencia.

Las críticas no vienen únicamente desde afuera. En el CJ el vocal Fausto Murillo se ha vuelto la voz disidente de este y otros procesos. El funcionario prefiere hablar de anomalías, más no de irregularidades, pero dice que para el efecto es lo mismo, porque su sola existencia debe ser causal para rehacer total o parcialmente el trámite de designación.

Murillo apunta directamente a sus pares en la Judicatura Wilman Terán, Xavier Muñoz y a Maribel Barreno que, cuando inició el concurso, aún era parte del CJ y tomaron decisiones como designar a los subdirectores nacionales, nombrados por ellos mismos, como comité verificador de requisitos y méritos.

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En tanto que, la recalificación de esta fase estuvo a cargo de los directores provinciales de la Judicatura que también fueron nombrados por esa mayoría que tomó el control del organismo con la llegada de Terán.

Sobre los cuestionamientos al comité de “expertos” que elaboró las preguntas de la prueba escrita, Murillo reconoció que se pidió nombres a las universidades y que, al menos, las consideradas de prestigio no respondieron al llamado del Consejo de la Judicatura.

Eso provocó que la gente que quedó seleccionada sea producto de una autoinscripción. En ese comité aparecen nombres como el de la exasambleísta cercana al correísmo, Mireya Pazmiño. Para Murillo la mayoría de expertos en realidad no tienen experiencia en temas de casación que es lo que se requiere para integrar la Corte Nacional de Justicia.

Pero el culmen de esta retahíla de anomalías se habría producido a mediados de noviembre cuando algunos, no todos los postulantes, recibieron un mensaje a sus correos electrónicos en el que se les informaba de la posibilidad de repetir, si así lo deseaban, la prueba o evaluación de confianza por supuestos percances que se habrían dado en la primera.

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Este y otros temas fueron observados incluso por Jaime Arellano y Diego García Sayán, delegados de la Misión Internacional de Observación del Proceso de Renovación de la Corte. “Coloca un manto de duda muy fuerte sobre el proceso”, dijo García al respecto de la repetición de la prueba para algunos, pero ni eso ha sido motivo suficiente para el concurso.

Por lo contrario, Terán busca por todos los medios, casi en solitario, los mecanismos y espacios para dar credibilidad a lo actuado en este concurso. El lunes participó en un evento en el que hizo un llamado a la academia, profesionales, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general para conformar un observatorio cívico que audite el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, resta ver quiénes acuden a la convocatoria y rescate del funcionario.

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