No es que a nadie le importa; es que a un grupo con mucho poder le conviene. Esta frase resume quizá lo que está ocurriendo con el concurso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia en particular y, en general, con el proceso de toma de control del sistema de justicia por parte de un Consejo de la Judicatura alineado con las fuerzas más oscuras del país. Un Consejo de la Judicatura que es administrado por dos vocales que, pese a todas las denuncias y las groseras evidencias que hay en su contra, son intocables para quienes tienen la potestad de controlarlos políticamente. 

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En resumen, la única explicación para que la mayoría que hay en la Asamblea no haya decidido enjuiciar políticamente a los vocales Wilman Terán y Xavier Muñoz, que están a cargo del operativo para la toma de la justicia, es porque esa mayoría está absolutamente involucrada en el proceso. ¿Para qué arreglar lo que está funcionando?, podría ser el lema de esta alianza donde cabalgan correístas, socialcristianos y la bancada del gobierno de Daniel Noboa.

Lo del concurso para la selección de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia es la más reciente rueda de este siniestro molino. Ya no hay duda de que a este concurso el Consejo de la Judicatura lo está llevando a cabo en la más absoluta opacidad, sin el menor respeto al debido proceso y con la desvergonzada participación de personas sin legitimidad ni autoridad académica. Esto lo dijo hace poco una veeduría internacional de altísimo nivel internacional y el resultado fue la confirmación de la puesta en marcha del operativo: ni el Consejo de la Judicatura hizo caso a las observaciones que hicieron los veedores Diego García Sayán y Jaime Arellano ni en el seno de la mayoría legislativa alguien habló de la necesidad de un juicio político en contra de los dos vocales para corregir el problema. 

Según los observadores, el proceso para la selección de jueces no tiene la transparencia mínima que exigen los protocolos internacionales, está en manos de supuestos expertos que no tienen el nivel de un juez nacional como lo exigen esos mismos protocolos y los exámenes están siendo manejados a discreción por los vocales Terán y Muñoz. Ni siquiera esta conclusión vergonzosa y contundente de una misión internacional fue suficiente para que algún asambleísta integrante del acuerdo al que llaman de “gobernabilidad”, haya sido lo suficientemente responsable para anunciar un proceso de fiscalización en contra de los dos vocales. Aunque algo tarde, el movimiento político Construye anunció su pedido de juicio, pero al estar aislado y marginado por la mayoría, el resultado será absolutamente nulo. Tiene mayor prioridad y muchísimas más posibilidades de hacerse realidad el juicio político a la fiscal Diana Salazar que el de Terán y Muñoz.

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Desde la sociedad civil ya se han levantado varias alertas de abogados y expertos, aunque en realidad algo tarde. En ciertos medios de comunicación el tema ya ha sido abordado de forma prioritaria y por ellos desfilan líderes de opinión exigiendo que el concurso para jueces de la Corte Nacional se lo vuelva a hacer, como sugirió el equipo de observadores internacionales. Sin embargo, las posibilidades de que eso vaya a ocurrir siguen siendo muy remotas y eso tiene una explicación: a quienes tienen el poder en el país les conviene que el proceso siga adelante. 

Todo esto pone en evidencia algo: el corazón del acuerdo llamado de gobernabilidad, que hay en la Asamblea, es precisamente el compromiso para no tocar al Consejo de la Judicatura. Wilman Terán y Xavier Muñoz, a pesar de tener procesos judiciales en su contra, por obstrucción a la justicia al primero y por lavado de activos al segundo, parecen ser los ecuatorianos con mayores posibilidades de seguir tranquilamente en sus cargos. Es más, la semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, recibió a Terán en su despacho como si se hubiera tratado de una visita de Estado.

Lo de Kronfle fue, en realidad, un acto de legitimación a uno de los más oscuros personajes de la institucionalidad nacional. Fue, además, la certificación de que el acuerdo legislativo no solo que se va a hacer de la vista gorda frente al operativo de la Judicatura, sino que le darán el apoyo público que sea necesario.

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