Que Mireya Pazmiño esté entre los “expertos” seleccionados por el Consejo de la Judicatura para participar en el proceso de selección de los dos nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia es impresentable, aunque quizá eso no sea lo más grave. Lo más grave es (en realidad gravísimo) cómo se ha llevado todo el proceso de selección de estos dos altos magistrados, algo que está diseñado sin la más mínima vergüenza para la toma del sistema integral de la justicia del país por parte de los intereses representados por los dos consejeros del Consejo de la Judicatura: Wilman Terán y Xavier Muñoz.

Dos nombres que están viciados no solo por su conducta sino por las oscuras alianzas que los cobijan. El uno está procesado penalmente por obstrucción a la justicia y el segundo tiene un juicio por lavado de activos y su visa a EE.UU. cancelada. En esencia, lo realmente grave es que hay un operativo que nace en el Consejo de la Judicatura para entregar la administración de la justicia a los más oscuros intereses.

Lo de Mireya Pazmiño es, sin duda, uno de los episodios más vistosos en este proceso. Lo es porque se trata de un personaje que no hace mucho fue el centro de escándalos y de una inmensa controversia por su conducta emocional en la más reciente Asamblea Nacional. Ni siquiera los movimientos que la sostenían en ese tiempo, el correísmo y el ala disidente y radical de Pachakutik, la volvieron a postular para este nuevo período porque estaba claro que no confiaban en ella. ¿Cómo es que ahora aparece como experta? Para comenzar, Pazmiño fue involucrada en un proceso en Fiscalía por ser sospechosa de haber hecho irregularmente un informe parlamentario sobre la empresa pública Flopec y el contrato con Amazon Tankers. Es decir, precisamente el tema que llevó al juicio político al presidente Guillermo Lasso que más tarde se tradujo en la muerte cruzada y en las recientes elecciones en las que fue electo como presidente Daniel Noboa.

Mireya Pazmiño firmó un informe como presidenta de la Comisión de lo Económico en el que se decía que no había ninguna incorrección en el contrato entre Flopec y Amazon Tankers y que, por el contrario, era ampliamente beneficioso para el país. Sin embargo, poco tiempo después se sumó al juicio en contra de Lasso cuyo único punto aprobado por la Corte Constitucional era ese. Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo haber descubierto que el informe firmado por Pazmiño no había sido elaborado en la Comisión sino fuera de ella y por uno de los asesores de Antonio Peré Ycaza (sindicado por varios negociados petroleros) y un hermano de este: Wilson y Mario Naranjo Borja. Esto motivó al exasambleísta Ricardo Vanegas a presentar una denuncia en Fiscalía, donde incluyó un chat que se reveló públicamente en el que uno de los hermanos le decía a Peré Ycaza: “no te olvides de depositarle a la Mireya lo de este mes”. Sin embargo, dentro del proceso, los hermanos negaron cualquier responsabilidad suya en el tema.

Pero no es únicamente lo del caso Amazon Tankers lo que hace impresentable que se haya escogido a Pazmiño para que sea una de las personas que elaboren las preguntas para el concurso de los nuevos jueces: su conducta emocional fue motivo de que se la haya encasillado como una asambleísta que se guiaba por sus odios y venganzas antes que por la responsabilidad legislativa. El episodio en la Comisión ocasional que supuestamente investigaba la muerte de María Belén Bernal, en un cuartel policial, es un ejemplo de eso: “para el punto número dos, mandamos a la mierda a todas estas autoridades y nueva convocatoria…”, fue la orden que Pazmiño le susurró, sin saber que tenía el micrófono prendido, a la correísta Ana Herrera que presidía dicha comisión.

Lo de Pazmiño es, en efecto, uno de los casos que demuestran el desvergonzado operativo que existe desde el Consejo de la Judicatura para entregar la justicia a las mafias políticas.

Pero hay otras cosas que se han producido en las últimas horas que manchan aún más (si acaso eso es posible) el concurso para jueces de la Corte Nacional. El domingo por la noche, varios postulantes para los dos puestos de jueces denunciaron que fueron notificados por el Consejo de la Judicatura en el sentido de que los exámenes de confianza que habían rendido estaban anulados y que tendrían que dar unos nuevos. Esto, con el agravante que los postulantes ni siquiera pudieron saber los resultados de las pruebas que habían dado.

Lo de Pazmiño y lo de la anulación de la prueba son quizá lo más vistoso en estos días. Pero ya había mucha pestilencia flotando en el concurso. Resulta que los dos aspirantes que están mejor puntuados gracias, asimismo, a una curiosa recalificación tienen antecedentes bastante sombríos: uno de ellos había sido sancionado por la Corte Nacional de Justicia por error inexcusable (el Consejo de la Judicatura nunca tramitó ese caso) y otra había sido la principal asesora en la Judicatura de la exconsejera Maribel Barreno, quien tuvo que abandonar ese organismo por estar procesada penalmente.

Pero quizá tanto más escandaloso que lo de Pazmiño, la anulación de las pruebas y otras señales sombrías es que los organismos colegiados de abogados y jueces no digan esta boca es mía en todo esto. Y que en el baile de las alianzas legislativas de la flamante mayoría en la Asamblea Nacional no se haya mencionado la posibilidad de llevar a juicio político a los dos personajes que están llevando adelante todo este proceso: Wilman Terán y Xavier Muñoz. Ambos, es evidente, serán blindados por la Asamblea.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!