El concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el Consejo de la Judicatura sigue acumulando reparos.

Dos exvocales procesados por posible tráfico de influencias y otros dos vocales en espera de formulación de cargos por supuesta obstrucción a la justicia. Denuncias de los postulantes a jueces a quienes se les estaría proponiendo repetir las pruebas de confianza. Son solo parte de los percances del proceso que busca a siete jueces, 14 conjueces de la Corte y un banco de elegibles que por ley dura seis años.

Se suman los reparos al Comité de Expertos a cargo de los bancos de preguntas y de casos para los candidatos a la Corte que la semana pasada aprobó el pleno con el voto en contra del vocal Fausto Murillo. (Lea además: "Mireya Pazmiño entre expertos que elaborarán preguntas en concurso de la Judicatura")

“No he visto una experiencia gravitante en el conocimiento de lo que es un recurso extraordinario de casación, altamente técnico, altamente formal...”, fue parte del fundamento del voto de Murillo.

Por eso él cree que la veeduría, los colegios profesionales, los observatorios ciudadanos, la academia y los ecuatorianos deberían estar vigilantes del concurso. “En mi calidad de vocal principal seguiré empeñado en la transparencia, objetividad y sobre todo para que los políticos no le metan la mano a la Función Judicial”, expresó.

Uno de los nombres cuestionados es el de la exasambleísta Mireya Pazmiño, a quien el fallecido asambleísta Fernando Villavicencio cuestionó por la firma de un presunto informe en favor de Amazonas Tankers. Caso investigado en la Fiscalía.

EXPRESO consultó a la exlegisladora. Ella señaló que firmó un acta de confidencialidad y que “lo único que puedo informarle es que todo ha sido transparente, el ataque mediático por ser parte del juicio político a Lasso, continúa”, indicó.

El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, uno de los que espera la formulación de cargos de la Fiscalía, se refirió a las pruebas de confianza y al Comité de Expertos. En una entrevista radial aseguró que “se han adoptado las decisiones técnicas necesarias para corregir una falla informática relacionada con las pruebas de confianza que rindieron los postulantes”. Y de los miembros del Comité afirmó que “son personas que tienen los perfiles requeridos”.

En los 18 nombres, además de Pazmiño que integra el grupo de expertos para la sala mercantil también hay catedráticos y docentes universitarios de las universidades Central y de Guayaquil, entre otros.

Mauro Terán, exmagistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, consideró que el problema no es quiénes integran la Comisión, sino la calidad de los cuestionarios.

Para él, lo conveniente sería “de ser posible una comisión anónima. Lamentablemente hay mucho cuestionamiento, pero la causa principal es una normativa incipiente propia del presidencialismo de Montecristi”.

El jurista guayaquileño Jorge Luis Sánchez fue miembro del Comité de Expertos para el concurso de la creación de la unidad de jueces anticorrupción. “Recuerdo que uno de los requisitos era haber ejercido la profesión con probidad notoria. No conozco a la señora Pazmiño más allá de su rol como exlegisladora, pero considero que un miembro de este comité no puede tener profesionales cuya actuación haya sido objeto de cuestionamiento”, opinó el jurista.

Eso es algo que a su criterio debería el Consejo cuidar y guardar, “a efectos de que sea un concurso transparente con verdaderos juristas y académicos, solo así tendremos un verdadero filtro”.

Comité de expertos

Otros cuestionamientos

Otro nombre mencionado es el de María del Carmen Vera Rivera, de quien afirman sería hermana del expresidente de Participación, Alember Vera. Ella es profesora investigadora en la Universidad de Guayaquil. EXPRESO buscó al extitular del Consejo para confirmar la información. Esperamos su respuesta.

En la resolución de la Judicatura se menciona que los nombres del Comité salieron de un memorando de Talento Humano y de la Dirección de Asesoría Jurídica, “que contiene el informe jurídico y proyecto de resolución”.

Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cuestionó “el hecho de que se haya incorporado a un banco de expertos a personas que han sido cuestionadas no por sus vínculos políticos, sino por sus cuestiones éticas”. 

El detalle

Prórroga. En septiembre, la Judicatura, con dos votos, decidió alargar el período de seis jueces de la Corte hasta 2030. Debían salir en 2024 y en 2027.

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