Asamblea respalda derechos de trabajadores con discapacidad

La Asamblea Nacional aprobó con 79 votos a favor el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales para garantizar los Derechos Laborales de las Personas con Discapacidad, Enfermedades Raras, Huérfanas, Catastróficas y de Alta Complejidad. El texto legal será remitido al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarlo u objetarlo, total o parcialmente.

(Te invitamos a leer| Excorreísta Mónica Salazar llegó a acuerdo con el Gobierno, según De La Gasca)

El proyecto tiene como objetivo principal asegurar que personas con condiciones de salud complejas, así como sus sustitutos (familiares encargados de su cuidado), gocen de garantías laborales que les permitan sostener sus tratamientos y mantener una vida digna.

Entre sus principales disposiciones están la regulación del teletrabajo, jornadas reducidas y otras formas de empleo flexibles, así como la prohibición expresa del despido por razones de salud o de cuidado familiar.

“Esta ley nace del dolor, de la injusticia, pero también de la esperanza”, declaró la asambleísta Johanna Ortiz, ponente del proyecto y una de sus principales impulsoras. Recordó el caso que inspiró esta iniciativa: Giovanny Riofrío, padre sustituto de Joaquín, un niño con 99 % de discapacidad, quien fue despedido de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en 2018.

Tras una larga batalla judicial que incluyó pérdidas en dos instancias, Riofrío logró una sentencia favorable de la Corte Constitucional mediante una Acción Extraordinaria de Protección.

“Cuando tienes un hijo con discapacidad, necesitas estabilidad laboral no por comodidad, sino para garantizarle acceso a tratamientos, a una vida digna”, expresó Riofrío. “La ley ya existía, pero no estaba reglamentada con claridad. Esta reforma era necesaria”, señaló. 

Las reformas

El articulado aprobado reforma ocho cuerpos legales, entre ellos el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Establece, por ejemplo, que los contratos ocasionales y nombramientos provisionales no podrán terminarse de forma unilateral, salvo por causas justificadas. Además, en caso de procesos de reestructuración institucional, las personas amparadas por esta ley no podrán ser desvinculadas, sino reubicadas en puestos de igual jerarquía.

Otro cambio importante es la tipificación del acoso laboral por condición médica, una práctica que, de acuerdo con Ortiz, ha sido “dolorosa y cruel” para cientos de trabajadores.

También se estipulan licencias médicas remuneradas por el tiempo necesario para los tratamientos, sin que estas ausencias afecten su salario ni vacaciones.

En el proceso de elaboración de esta ley se recogieron decenas de testimonios que reflejan la doble vulnerabilidad que enfrentan quienes tienen una discapacidad o enfermedad grave: ser excluidos del ámbito laboral y ser estigmatizados socialmente.

“Hemos escuchado historias de dolor, pero también de lucha. Esta ley es un homenaje a quienes no se rinden”, enfatizó Ortiz.

Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), en Ecuador hay actualmente 68.901 personas con discapacidad que se encuentran laboralmente activas. 

¿Cuántas personas con discapacidad tienen empleo?

Segundo Montativa, quien tiene una discapacidad física y labora desde hace 14 años en la Unidad de Salud de Emaseo, considera que la aprobación de estas leyes representa un avance significativo. Sin embargo, señala que es fundamental implementar procesos de capacitación y socialización en las empresas públicas y privadas para prevenir el bullying. Dice que en los últimos años disminuyó la oferta laboral en el país.

Las cifras reflejan con claridad esta exclusión. De las personas que viven con discapacidad física (que representan el 54,25 % del total), apenas el 37 % tiene empleo. En el caso de quienes tienen discapacidad auditiva, el 16 % de la población con esa condición pertenece a este grupo, pero solo el 10 % está actualmente trabajando.

La situación es similar para las personas con discapacidad visual: aunque constituyen el 14 % del total, únicamente el 9 % se encuentra dentro del mercado laboral.

Frente a este escenario, la aprobación de una ley que protege a las personas con discapacidad frente a despidos injustificados ha sido recibida como un paso importante.

Pamela Salazar, quien convive con una condición de movilidad reducida, considera que la nueva ley representa “un avance justo y necesario”. A su criterio, el modelo actual de inclusión laboral (que obliga a las empresas a contratar al menos un 4 % de personas con condiciones especiales) resulta insuficiente frente a la magnitud de la exclusión que aún persiste.

“No quiero que me den trabajo por cumplir una cuota, sino porque tengo derecho, porque me preparé. Esta ley no es un favor; es una política pública que debió existir desde hace mucho tiempo”, enfatizó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!