Se aprueba fiscalización a Copedesa y Petronoboa: ¿Qué dice el informe?
La mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó informe de fiscalización a los presuntos casos de tráfico de combustible
La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional conoció y aprobó el informe de fiscalización sobre los presuntos casos de tráfico de combustible relacionados con las empresas Copedesa S.A., vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y Petronoboa S.A., asociada con el hermano del presidente Daniel Noboa.
El informe aprobado por la mesa legislativa tiene 99 páginas y establece 13 conclusiones y emite 29 recomendaciones para diferentes entidades del Estado. Además, señala que el tráfico de combustible es un delito que devasta las finanzas públicas e implica la pérdida millonaria de recursos.
Sin embargo, el informe también establece posturas respecto a las empresas Copedesa, investigada en el caso Triple A, y Petronoboa, que ha sido señalada por el presunto desvío de combustible para empresas de la familia Noboa.
Informe libra de culpas a Petronoboa, vinculada al hermano del presidente
En su décimo segunda conclusión, el informe elaborado y aprobado por la mesa de Seguridad señala que todas las comparecencias, comisiones generales e información recabada no apuntan a que la empresa relacionada con el hermano del presidente haya cometido algún delito.
"No se evidencia irregularidad alguna, ya que de la información entregada, sí existen los documentos por parte de la instituciones, respecto a las actuaciones de la compañía en mención", dice el informe aprobado por la mesa legislativa.
No obstante, en otro apartado del informe, donde se analiza el caso de Petronoboa, la Comisión sostiene que se ha dado un "uso político" del tema y que, según las comparecencias y datos recabados, no se determinan irregularidades.
De hecho, señalan que los 48 millones de galones, equivalentes a 7.6 millones de dólares, adquiridos por Petronoboa en 2024 "se encuentran dentro de un rango proporcional y razonable de crecimiento, lo cual no existe en las empresas vinculadas a Copedesa (...)".
Además, la mesa de Seguridad sostiene que las anulaciones de facturas denunciadas en su momento apenas representan el 0,6% de la facturación total de la empresa Petronoboa, "siendo justificadas, trazables y correctamente informadas al Servicio de Rentas Internas, evidenciando que las mismas fueron casuales, producto del giro razonable del negocio y en un monto marginal".
Copedesa, un ejemplo de "Estado paralelo", según informe
En el caso de Copedesa, la mesa legislativa señala que "la participación de funcionarios en el tráfico ilegal de combustibles crea un 'Estado paralelo' , donde los intereses delictivos prevalecen sobre las decisiones políticas, amenazando la soberanía del país".
Según la Comisión, la información recabada demuestra que eso sucedió en las empresas Copedesa, Corpalubri, y Fuelcorp (investigadas en el caso Triple A), donde "funcionarios y socios fueron, en un primer momento, funcionarios públicos y luego empleados y socios de estas compañías (...)".
En ese sentido, la mesa legislativa señala que esto deja claro que estas personas "pudieron tener información privilegiada y contactos en dichas entidades, afectando la integridad pública, al beneficiarse de la misma para sus fines económicos, dato que está corroborado con el alegato del fiscal del caso Triple A (...)".
De hecho, el informe cita el alegato del fiscal del caso Triple A y recuerda que se ha demostrado la existencia de una red estructurada con la participación del alcalde Aquiles Álvarez, al exgenerete de la ATM, José Magallanes, y las gasolineras en la frontera.
A diferencia del caso Petronoboa, donde el informe señala que no hubo perjuicio al Estado, la mesa legislativa señala que Copedesa perjudicó al Estado, solo con la estación Zambrano, con cerca de 6 millones de dólares, equivalentes a 2.7 millones de galones de combustible.
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