Agustín Pérez-Cruz: "En Ecuador se cometió una grave tropelía"

Para el reconocido jurista y conjuez español Agustín Pérez-Cruz Martín, casos como el bloqueo administrativo a Alexandra Villacís evidencian una "descomposición" de la justicia. El experto advierte que la infiltración del narcotráfico, la falta de una carrera judicial y los vacíos en la selección de un Fiscal General han convertido a Ecuador en un "sistema fallido" donde lo irregular se vuelve norma y donde el ciudadano está en una absoluta indefensión frente al poder político.

El Ministerio de Trabajo de Ecuador registra un impedimento laboral sobre Alexandra Villacís, quien legalmente reemplaza a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura censurado por la Asamblea Nacional. Este impedimento es por una deuda con el SRI —el equivalente a Hacienda en España—, pese a que Villacís tiene certificados de que no adeuda nada. Con esta serie de acciones administrativas se bloqueó a Villacís para que asuma el cargo e, inmediatamente, se busca su reemplazo. ¿Qué opinión le merece?

Es una situación un poco kafkiana que se da, lamentablemente, con cierta asiduidad en Ecuador. Parece inconcebible que un ministerio te inhabilite en función de un documento que ni siquiera consta en el propio Ministerio de Trabajo. Eso genera indefensión en la persona que se vea afectada porque ni siquiera tiene mecanismo de defensa. Lo que le quedará, entiendo, es presentar una acción de protección en los tribunales para revertir esa situación. Ella está en una inhabilitación en función de un dato que no es cierto; eso genera un problema en una persona que se ve afectada en sus expectativas legítimas de ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura.

No es solo este caso. A la entonces Vicepresidenta le inscribieron un impedimento laboral justo cuando debía reemplazar al presidente Daniel Noboa. También ocurrió con un vocal del Consejo de Participación que debía asumir, pero le apareció una deuda. Y las acciones de protección tampoco han revertido nada.

Son claros ejemplos de una descomposición importante de la Función Judicial. No es operativa y no funciona. Esto es especialmente grave cuando estas situaciones no pueden revertirse a través de la propia función judicial, porque esta es, la última garantía que tienen los ciudadanos para que sus derechos se respeten. Cuando lo irregular se convierte en regular, está claro que hay una descomposición.

¿Es algo nuevo?

En relación a la Función Judicial, yo creo que en la Constitución de 2008 se cometió una grave tropelía. Instauraron un sistema de funciones como algo novedoso y revolucionario que rompía con los paradigmas de las constituciones liberales y democráticas europeas y latinoamericanas, y se articuló la Constitución sobre cinco funciones; una de ellas es la Judicial. A mí eso me parece muy grave porque, al hacerse hincapié en un aspecto de la jurisdicción, pero desapoderado de la potestad que ejercita, se está atacando el propio funcionamiento e independencia de la Función Judicial.

¿Se refiere al poder de instituciones como el Consejo de la Judicatura?

Se ve especialmente agravado por un Consejo de la Judicatura que no funciona, que no ha funcionado desde el primer día. No sé si todos, pero un buen número de sus presidentes han acabado en la cárcel o destituidos.

Hay uno proceso por delincuencia organizada y obstrucción a la justicia…

Eso es tan grave porque el órgano que debe encargarse del funcionamiento de la Función Judicial no sirve, no hay estabilidad y no hay política judicial. Por ejemplo: el problema de selección de los jueces de la Corte Nacional, o que no se ha comenzado el proceso de selección de jueces constitucionales. Ustedes aprueban una consulta popular por la que se acuerda que se debe hacer una selección de jueces constitucionales y eso aún no lo ponen en funcionamiento. Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad que un juez de familia, con el respeto de todos los jueces, ejerza funciones de juez constitucional. Es como si a mí me pidieran que dicte una sentencia en un tema mercantil. Yo puedo ser un buen juez, tener cierta formación, pero necesito una formación especializada en la materia sobre la que debo fallar. Los jueces, además de que no somos infalibles, no tenemos que tener un conocimiento sobre todo el Derecho. Hay que especializarse y eso no lo tienen ustedes. Un juez de Tránsito, de Familia o Penal no tiene por qué tener cierta profundidad en el Derecho Constitucional. Entonces, es todo un entramado de funciones que no funciona y que da lugar a esta serie de cuestiones que usted me expone. Son absolutamente kafkianas; para mí, incomprensibles.

Una concurso para Fiscal General del Estado en manos no cualificadas

¿Se comprendería si asumimos que hay un sistema delincuencial operando al interior de las funciones?

Lo que hay es un sistema judicial fallido. Ustedes no tienen carrera judicial. Que un juez con 40 años esté en la Corte Nacional de Justicia me parece un desatino. Un juez, a la Corte Nacional de Justicia, debe llegar después de 30 años de experiencia judicial en otras instancias, porque la carrera judicial te garantiza que un juez se ha estado formando muchos años, en varios niveles. Poco a poco vas adquiriendo esa experiencia, esa solvencia que se necesita a niveles más altos. Yo lo he vivido: cuando comencé mis primeros años de juez tenía mucha inseguridad y, poco a poco, fui ganando conocimiento, formación y experiencia.

Ahora mismo, en Ecuador está en marcha un concurso para elegir al Fiscal General del Estado, y hay una comisionada que tiene dos años de experiencia laboral como asistente judicial; hay otros que ni son abogados y otros que sacaron las notas más bajas porque no tienen méritos.

¡Qué peligroso! Insisto, a ese nivel de Fiscal General del Estado tiene que llegar lo más cualificado. Incluso yo sería partidario de incluir un mínimo de edad, unos 50 años, por ejemplo. Una edad donde, insisto, te permita afrontar los problemas que tiene un Fiscal General con solvencia, capacidad y conocimiento del sistema de justicia de Ecuador. Porque al final, los que sufren esta situación son los ciudadanos, que ven cómo sus derechos no se ven respaldados ni tutelados ni por jueces ni por fiscales.

Le preguntaba sobre este sistema delincuencial porque en Ecuador hay evidencia de que el crimen organizado está infiltrado en las instituciones.

Es verdad que Ecuador sufre una infiltración del narcotráfico en todas las instancias y eso es muy grave y complejo de atacar. Porque si al final el narcotráfico está infiltrado en la Función Judicial, en la Legislativa o en el Ejecutivo, es muy difícil luchar si no hay un compromiso de todos los ecuatorianos y de la Policía. Y si a esa complejidad le unes que no hay procesos de selección depurados, transparentes y limpios, en donde afloren las personas más cualificadas... Bueno, yo siempre digo: si usted reúne a 20 juristas sin cuestionamientos, ellos seguro se ponen de acuerdo en nombrar a un buen Fiscal General. Veinte juristas a los que nadie cuestiona —en lo moral, ético y en formación— los hay en Ecuador y muy cualificados, yo los conozco. Si les dicen "elijan ustedes", elegirán bien.

Pero no sé por qué se mueven los hilos para escoger siempre a los más incompetentes o, cuando se elige a alguien competente, como podría ser esta suplente (Alexandra Villacís), se busca la forma de hacerle inviable su derecho a ocupar el puesto que como subrogante le correspondía. Es una impotencia la que debe sentir esta persona; una impotencia de no poder luchar eficazmente contra esta tropelía. ¡Inhabilitarla en función de un documento que ni siquiera consta! ¿Pero cómo puede ocurrir? ¿Cómo se entiende esto si no es porque hay intereses para que esta persona, a la que no conozco, no ocupe el cargo? Déjenle ocuparlo y veamos si es competente. Yo, si estuviera en esa situación, me sentiría descompuesto porque me preguntaría: "¿No hay nadie que sea capaz de tutelar mis derechos?". Es una indefensión que debería asustarnos.

¿Le puede pasar eso a un ciudadano común, que no tiene un caso político, sino quizá solo una demanda de alimentos?

Si las instituciones no funcionan, no solo redunda en la persona que se ve directamente afectada. Cuando te encuentres en situaciones similares a otros niveles, tus derechos no van a ser respetados... Cuando no se respeta el derecho de una persona, mañana no se te respetará a ti. Lo básico en todo Estado —y más si es un "Estado de Derechos y Justicia" como el ecuatoriano— es que los derechos sean el límite al ejercicio del poder político. Y esos excesos los podemos sufrir cualquier ciudadano. Hoy lo sufre esta señora, antes fue la Vicepresidenta y mañana lo podrá sufrir usted como periodista, una persona de la Amazonía o un conductor de taxi. Si no se respeta a uno, está claro que no se respeta a nadie. A mí me interesa que los derechos de esta señora y de todos sean respetados, porque es la garantía de que habrá una respuesta. Si no hay respuesta para uno, no hay respuesta para nadie. Y veo que el sistema que se ha montado desde el 2008 no funciona. ¡Hace aguas!

Su trayectoria

 Agustín Pérez-Cruz Martín es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Oviedo (España) y conjuez del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de la Sala de lo Civil y Penal. Es autor de numerosas obras de referencia en el ámbito del derecho procesal civil y penal, incluyendo manuales como "Derecho Procesal II: Proceso Civil" y estudios sobre la independencia judicial. 

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