Ecuador y los toques de queda en los últimos 5 años: cronología
Cronología de toques de queda en Ecuador desde 2021 y el nuevo estado de excepción anunciado para marzo de 2026
El presidente Daniel Noboa anunció un nuevo toque de queda en cuatro provincias estratégicas: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. La medida regirá desde el 15 de marzo de 2026 y forma parte de lo que el Gobierno denomina la “segunda fase” de su estrategia contra el crimen organizado.
Según el Ejecutivo, el objetivo es recuperar el control territorial frente a redes delictivas y frenar actividades como la minería ilegal. El decreto se enmarca en un nuevo estado de excepción, figura constitucional que ha sido aplicada de forma reiterada en los últimos años.
Con este anuncio, Ecuador suma un nuevo episodio en una cadena de restricciones a la movilidad que se han repetido desde 2021, primero por la pandemia y luego por la escalada de violencia vinculada al narcotráfico y a grupos armados organizados.
Toques de queda en Ecuador: de la pandemia a la crisis de seguridad
En enero de 2021, el Gobierno aplicó toque de queda del 1 al 5 de ese mes, junto con ley seca y restricciones vehiculares, como parte del estado de excepción vigente hasta el 20 de enero. Meses después, entre abril y mayo, se decretó un nuevo estado de excepción en 16 provincias para frenar la segunda ola de COVID-19, con restricciones desde las 20:00 hasta las 05:00.
En 2022, ya bajo la administración de Guillermo Lasso, el toque de queda volvió en abril y mayo en Guayas, Manabí y Esmeraldas para combatir la violencia asociada al narcotráfico. En noviembre de ese mismo año, se impuso otra restricción nocturna en Guayas y Esmeraldas tras atentados atribuidos a bandas criminales.
Para julio de 2023, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, motivó un nuevo estado de excepción en Manabí, Los Ríos y Durán (Guayas), con toque de queda de 22:00 a 05:00.
2024: semaforización y militarización
El 8 de enero de 2024, ya con Noboa en el poder, se prolongó el estado de excepción declarado para enfrentar al crimen organizado. Se implementó un sistema de “semaforización” que fijó restricciones diferenciadas; por ejemplo, en Guayas y Pichincha el toque de queda se aplicó de 00:00 a 05:00.
En agosto y octubre de 2024 se decretaron nuevos toques de queda focalizados en más de 20 localidades de Azuay, Guayas, Los Ríos y Orellana. Las restricciones se mantuvieron entre las 22:00 y las 05:00, con ampliaciones sucesivas.
En septiembre de 2024 también se estableció un toque de queda temporal en varias provincias debido a un apagón programado a nivel nacional, aunque Quito no fue incluida en esa ocasión.
2025: estados de excepción por violencia y protestas
El 3 de enero de 2025, el Gobierno firmó un nuevo decreto que declaró el estado de excepción en siete provincias y tres cantones, con toque de queda focalizado de 22:00 a 05:00 en sectores de Guayas, Los Ríos, Orellana, Sucumbíos, Azuay y Cañar.
El 12 de abril de 2025 se emitió otro decreto bajo el argumento de “conmoción interna”, tras ataques a guías penitenciarios y hechos violentos relacionados con estructuras criminales. La medida incluyó restricción nocturna en más de 20 cantones.
En septiembre de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 146, se mantuvo el toque de queda en cinco provincias —Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Carchi— por 60 días, en el contexto de un paro nacional y crisis social.
2026: nueva fase contra el crimen organizado
El anuncio del nuevo toque de queda desde el 15 de marzo de 2026 confirma que esta herramienta sigue siendo uno de los principales mecanismos del Ejecutivo para enfrentar la inseguridad.
Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro vuelven al centro de la estrategia oficial, en una coyuntura marcada por la disputa territorial entre organizaciones criminales y el avance de economías ilegales.
En cinco años, Ecuador ha transitado de restricciones sanitarias a medidas de excepción permanentes por seguridad. El nuevo decreto abre el debate sobre la efectividad de los toques de queda como política sostenida frente a la violencia estructural.
