Fiscal del caso Finisterra tiene tres meses de experiencia en la UNIDOT
La fiscal que emitió el dictamen abstentivo para siete procesados en el caso vinculado al narco Jezdimir Srdan es nueva
Hasta inicios de diciembre la fiscal Janeth Cueva Castillo investigaba delitos de tránsito, como choques, muertes culposas en accidentes o conducción en estado de embriaguez. Hoy está a cargo de una de las investigaciones más complejas sobre crimen organizado transnacional: el caso Finisterra, que involucra a la red del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan y sus vínculos con la mafia albanesa.
Cueva fue designada en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) a inicios de diciembre de 2025, por decisión del fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón, quien asumió el cargo tras ser designado por el Consejo de la Judicatura encabezado por Mario Godoy.
Con ese cambio, la funcionaria pasó a integrar una unidad especializada que investiga estructuras criminales de alto impacto, vinculadas al narcotráfico internacional, lavado de activos, terrorismo y delincuencia organizada. Y a manejar una investigación de alcance internacional que tiene tres años. de haber comenzado.
Otro elemento que llama la atención es su trayectoria institucional. Cueva se desempeñaba como secretaria en la Fiscalía y en diciembre de 2024 fue nombrada fiscal temporal, es decir, no ingresó al cargo mediante un concurso de méritos y oposición ni forma parte de la carrera fiscal.
Su actuación en el caso Finisterra ha generado cuestionamientos luego de que el 26 de febrero emitiera un dictamen abstentivo a favor de siete de los 16 procesados por presunta delincuencia organizada. Esa decisión derivó en que el juez Carlos Serrano dispusiera su sobreseimiento, lo que provocó preocupación entre investigadores y organismos internacionales que han colaborado en el caso.
Carlos Alarcón y su defensa institucional hacia Cueva
La Fiscalía General del Estado defendió la actuación de la agente fiscal. En un comunicado institucional aseguró que el dictamen se basó en un “análisis objetivo, técnico y jurídico” de los elementos de cargo y descargo del expediente. Además, indicó que la institución realizó un control jurídico de oficio sobre la actuación de la fiscal y concluyó que no se identificaron irregularidades.
Según la Fiscalía, las siete personas fueron procesadas bajo el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente al momento de los hechos, que establece penas de cinco a siete años de prisión para quienes colaboren con estructuras de delincuencia organizada. Mientras tanto, el proceso continúa en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra otros nueve procesados.
Tres años de investigación internacional
La denominada Operación Finisterra es el resultado de más de tres años de investigación conjunta entre agentes antidrogas de Ecuador y autoridades de varios países europeos. Los investigadores sostienen que la organización criminal, liderada por el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, habría enviado casi 10 toneladas de cocaína a Europa entre 2019 y 2020.
Según las pesquisas, la droga era contaminada en contenedores de exportación con frutas y productos del mar que salían desde puertos ecuatorianos hacia distintos destinos europeos.
El caso derivó en tres procesos judiciales: por narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada. El expediente por delincuencia organizada es el que actualmente está en etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
A fines de 2025, el caso vinculaba a 12 personas. Tras asumir la investigación en diciembre, la fiscal Cueva incorporó a cuatro nuevos procesados. Dos meses después, emitió el dictamen abstentivo que dejó fuera del proceso a siete de los implicados.
Un caso rodeado de polémicas
En el juicio por lavado de activos contra Jezdimir Srdan, el tribunal estuvo integrado por los jueces Carlos Serrano, Christian Fierro y Gabriela Lara. Serrano y Fierro votaron por declarar culpable al serbio y lo sentenciaron a 10 años de prisión, mientras que Lara emitió un voto de minoría a favor de su inocencia.
Tras esa sentencia se produjeron varios episodios polémicos. El juez Serrano denunció que fue presionado por Henry Gaibor, entonces director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, para que favoreciera al acusado. Y en los audios que presentó, Gaibor decía que solo le pasaba el mensaje de alguien más.
Por su parte, el juez Christian Fierro fue removido de su despacho días después de la sentencia, 48 horas después de una denuncia presentada por el fiscal Carlos Alarcón por presunto retardo en otra causa.
En cambio, la única magistrada que inicialmente no enfrentó consecuencias fue Gabriela Lara, quien salvó su voto a favor del narcotraficante. Sin embargo, posteriormente se conoció que dentro del Consejo de la Judicatura se elaboró un informe de la Subdirección de Control Disciplinario que recomendaba declararla inocente en el proceso disciplinario relacionado con el caso Fachada. Ese proyecto de resolución estuvo listo un día antes de que Lara emitiera su voto a favor de Srdan.
Finalmente, el pleno del organismo resolvió destituirla por una infracción disciplinaria gravísima, al determinar que recibió favores que comprometían su imparcialidad como jueza.
