Vivienda en Quito: claves para alquilar departamentos y evitar mal uso de espacios

Un millón de dólares hallados en el subsuelo de un edificio ubicado en la avenida 12 de Octubre, en el norte de Quito, dejó una sensación de inquietud entre quienes habitan en complejos residenciales de la ciudad.

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Aunque las autoridades señalaron que el dinero sería de origen lícito y que sus propietarios lo justificarán, el hecho removió una preocupación latente, que no es nueva.

“¿Qué pasaba si alguien sabía que ese dinero estaba ahí y entraban armados a llevárselo?”, se pregunta Luis Segarra, del Comité de Seguridad de la avenida República de El Salvador. Su inquietud también responde a una serie de incidentes previos que, según relata, han evidenciado el uso indebido de espacios comunes.

Segarra sostiene que el concepto de vivienda residencial se ha ido desdibujando. “Antes un edificio era para vivir en familia. Ahora se lo ve como un negocio”, afirma.

En ese cambio, dice, se han abierto brechas que ponen en riesgo a los copropietarios. La proliferación de alquileres temporales, por días o incluso horas, ha promovido una rotación constante de personas cuya identidad y actividades resultan desconocidas para los vecinos.

De acuerdo con Segarra, se han detectado que bodegas y parqueaderos son usados para fines ilícitos. “Se han encontrado armas, autos robados. Es un secreto a voces que algunos espacios se utilizan para guardar droga”, advierte.

La preocupación se intensifica por la dificultad de identificar a quienes ingresan. “Tú no conoces a la persona que llega. Arriendan por poco tiempo y desaparecen. Eso genera un nivel de inseguridad muy alto”, añade Segarra, quien insiste en que el problema debe ser enfrentado de manera colectiva.

Paola Burbano, presidenta del Comité de Seguridad del mismo sector, coincide en que la vigilancia comunitaria es fundamental. Señala que reportar movimientos inusuales puede marcar la diferencia para prevenir delitos y evitar que un edificio termine vinculado a actividades ilegales.

“La instalación de cámaras en parqueaderos y accesos es esencial para registrar ingresos y vehículos”, explica.

Burbano describe una práctica frecuente que agrava el problema: propietarios que alquilan garajes a personas ajenas al edificio. Esto, sostiene, ha derivado en situaciones como el almacenamiento de vehículos robados, lo que no solo compromete la seguridad interna, sino que también atrae la atención policial y genera molestias para los residentes.

En el hipercentro, agrega, varias bodegas han sido arrendadas a vendedores informales para guardar mercadería y vehículos, contribuyendo al desorden. “La gente quiere espacios ordenados, pero muchas veces contribuye al problema. Es momento de ser parte de la solución”, enfatiza.

Los problemas que enfrentan los edificios

Desde la administración de edificios, el panorama también es complejo. Pablo Estrella, quien gestiona varios conjuntos residenciales en la urbe, explica que el tamaño del inmueble influye en la capacidad de control. 

En edificios grandes, con más de un centenar de departamentos, es más viable contratar empresas de seguridad y sistemas tecnológicos avanzados. Sin embargo, en complejos pequeños la vigilancia depende casi exclusivamente de la organización vecinal.

Menciona que han invertido en cámaras, automatización de puertas y control de proveedores, pero no es suficiente si no hay colaboración de los propietarios.

Uno de los principales obstáculos, asevera, es la falta de información sobre los nuevos inquilinos. Aunque la administración solicita contratos de arrendamiento y datos básicos para el registro, en muchos casos los dueños no notifican los cambios.

Esa falta de control ha derivado en episodios inquietantes. Estrella recuerda el caso de un departamento donde el inquilino, junto a otras personas, contaba grandes sumas de dinero en la entrada del edificio, rodeado de motocicletas. “Era algo sospechoso. La directiva se asustó, pero nadie quiso llamar a la Policía por miedo a represalias”, relata.

El temor a denunciar es otro problema. “La gente no se siente segura con las autoridades. Tienen miedo porque viven con sus familias”, explica. En ese caso, la solución fue indirecta y la administración contactó al propietario y solicitó el desalojo del inquilino.

Para enfrentar estos riesgos, Segarra y Estrella coinciden en la necesidad de reforzar los controles. Entre las medidas propuestas están:

• Verificación de antecedentes de los arrendatarios (incluso mediante consultas en la Función Judicial)

• Notificación obligatoria a la administración y la coordinación con la Policía

• Puede acudir a una UPC y pedir que revisen la cédula del inquilino

Además, plantean la urgencia de actualizar los reglamentos internos de los edificios, para restringir el alquiler de espacios a personas externas y establecer sanciones claras. Todo, con el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad que motivaron a muchas familias a elegir la vida en comunidad.

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