Plaza de Toros Quito: sociedad civil se organiza para evitar un posible derrocamiento

La posible demolición de la Plaza de Toros Quito nuevamente ha movilizado a la sociedad civil. Desde el 20 de agosto de 2025, un grupo de ciudadanos, liderado por Raúl González, ha enviado oficios al Instituto Nacional de Patrimonio Cultura (INPC) para que declare al inmueble, de propiedad privada, como un bien patrimonial de la capital.

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Aquel día se entregó el primer oficio al INPC. Y a partir de entonces, la sociedad civil organizada ha remitido más de 60 documentos similares en apenas tres semanas. Solo respondieron al primero, afirma González. “Después de eso, no hemos recibido más respuestas. Cada martes volvemos con nuevos oficios. Este 9 de septiembre entregamos 40 más. No vamos a parar”.

La preocupación de los ciudadanos radica en el futuro del inmueble, cuya conservación, según denuncian, no estaría garantizada. Aseguran que hay un interés latente en reemplazar la plaza por construcciones modernas, desconociendo su valor simbólico, histórico y urbano.

González menciona que en otros países se han desarrollado proyectos cerca a las plazas sin tocar su utilidad ni valor patrimonial. Sin embargo, aquí se busca derrocarla.

Construida hace casi 66 años, la Plaza de Toros Quito fue más que un espacio para la tauromaquia, dice González. Durante décadas fue un punto de encuentro cultural y, según varios expertos, su existencia moldeó el desarrollo urbanístico de un sector importante del norte de la urbe.

Gustavo Rivera Soasti recuerda que cuando se construyó, solo había potreros alrededor. Pero la plaza trajo consigo infraestructura vial, servicios, crecimiento. “La zona creció en torno a la plaza. Hoy no se puede ignorar esa historia”, sostiene.

Rivera defiende que más allá del debate sobre la tauromaquia, el interés está en preservar el acervo cultural, es decir, el componente urbano e histórico que marcó la identidad de al menos tres generaciones de quiteños. 

Lo ejemplica como si alguien propusiera tumbar el Coliseo Romano porque allí hubo contiendas sangrientas, nadie lo permitiría. “Puede ser una exageración, no es una comparación directa, pero sirve para entender la implicación simbólica de un espacio como este”, afirma.

Agrega que en la consulta popular de 2011, que derivó en la eliminación de las corridas de toros en Quito, la diferencia entre los votos a favor y en contra fue mínima, pero el resultado transformó la vida cultural de la capital. Además, hubo efectos económicos.

Un símbolo de identidad

El arquitecto Jorge Gallegos manifiesta que es momento de repensar el valor de la Plaza de Toros en términos patrimoniales. Considera que es un elemento arquitectónico que representa la identidad quiteña.

“Crecimos con la plaza, desde pequeños fuimos parte de esa construcción social, cultural y de identidad de la ciudad. Por eso corresponde que los empresarios tengan clara su responsabilidad”, señala.

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Según su criterio, el abandono del inmueble no es justificativo suficiente para su demolición. Por el contrario, considera que es evidencia de una estrategia deliberada para desvalorizarlo. Lo paradójico, comenta, es que sigue contando con permisos municipales y ha albergado diversos eventos hasta hace pocos días.

¿Qué dijo el INP sobre declarar como bien patrimonial a la plaza?

González asegura que la institución del Gobierno está dispuesta a atender el pedido, pero el Municipio de Quito debe pronunciarse. El 4 de septiembre, la entidad estatal remitió el oficio al Secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial para que revise el pedido de generar una ficha y así abordar una posible declaratoria. 

EXPRESO consultó a la entidad municipal y se informó que emitirá una respuesta al INPC dentro de los plazos establecidos por la ley. Se aclaró que dicha contestación servirá como insumo para que el INPC tome una decisión, conforme a lo establecido en la Ley de Cultura y Patrimonio, sobre si el bien puede o no ser declarado como patrimonial.

En julio pasado, el Municipio también recalcó que esta es una construcción de 1959 y no tiene protección patrimonial, según la misma ley. Además, que se trata de un bien privado y no tienen injerencia directa, lo que para los ciudadanos representa una evasión de responsabilidades.

Rivera recuerda que el municipio, en su momento, impidió la demolición de una casa en la avenida 12 de Octubre, que tenía mucho menos implicación cultural que la plaza. “¿Por qué no lo harían ahora?”, cuestiona.

Los activistas insisten en que el patrimonio no debe ser evaluado únicamente por su titularidad, si es público o privado, sino por su valor cultural, social y simbólico. Señalan que el cabildo, a través de las entidades competentes, tiene la obligación de preservar el acervo cultural de la ciudad, esté donde esté.

A medida que crece el número de oficios entregados, se espera que tanto la alcaldía como el INP se pronuncien de forma definitiva frente a esta demanda de la sociedad civil.

González aclara que no están defendiendo que se mantenga una estructura vacía, sino la memoria, la identidad y la historia de una ciudad, que no puede permitirse perder a sus referentes.

Según el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), un documento que detalla las especificaciones obligatorias para la habilitación del suelo y la construcción de edificaciones en un predio, que incluye datos como el nombre del propietario, la ubicación, la superficie y las áreas construida, la Plaza de Toros pertenece a la empresa Citotusa. 

Este Diario envió un pedido de información al correo electrónico, registrado en la Superintendencia de Compañías, sobre la posible demolición o cuáles son los planes para el inmueble. Se espera de una respuesta.

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