¿Cómo enfrentará Quito la inseguridad en 2026? La estrategia de Pabel Muñoz
El alcalde presentará la estrategia de seguridad para 2026. El plan incluirá más agentes de control y más uso de tecnología
Los recientes hechos violentos registrados en Quito, marcados por asaltos cada vez más agresivos, colocaron de nuevo en el centro del debate el papel que deben cumplir los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en materia de seguridad ciudadana.
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Aunque la seguridad interna es una competencia del Gobierno Nacional, el marco legal vigente establece responsabilidades claras para los municipios en acciones de prevención, coordinación y apoyo a la Policía Nacional.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) dispone que las autoridades seccionales deben coordinar con la Policía acciones relacionadas con la seguridad ciudadana dentro de su ámbito territorial, además de elaborar planes seccionales de seguridad.
A esto se suma la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que destaca la necesidad de una articulación permanente entre el Gobierno central y los municipios para enfrentar el delito.
En la práctica, los gobiernos locales están llamados a trabajar en la prevención situacional del delito mediante la gestión del espacio público: iluminación adecuada, sistemas de videovigilancia, control vial, fortalecimiento de la convivencia pacífica y apoyo logístico a la Policía.
Ausencia de efectivos en las UPC
Frente a los hechos violentos, el alcalde, Pabel Muñoz, convocó a una sesión extraordinaria en el Concejo. A la reunión también asistieron representantes barriales, quienes coincidieron en un diagnóstico preocupante: la presencia policial es insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudad.
Denunciaron, además, la ausencia de uniformados en las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), incluso en aquellas que fueron rehabilitadas por el Municipio mediante convenios interinstitucionales.
Los vecinos relataron que, en muchos sectores, son ellos mismos quienes terminan apoyando a la Policía con gasolina o pequeñas reparaciones de motos y patrulleros. Cristian Quishpe, representante de Toctiuco, aseguró que los propios policías les han dicho que los vehículos “ya no valen” y que incluso les han pedido a los dirigentes comunitarios realizar colectas para recuperarlos. “¿Qué pasó con los vehículos que entregó el Municipio?”, cuestionó.
¿A qué se destina la Tasa de Seguridad?
En el debate también se colocó el destino de la Tasa de Seguridad que cobra el Municipio, que bordea los $ 10 millones anuales. Para el concejal Wilson Merino, a los ciudadanos no les interesa la disputa de competencias entre niveles de gobierno: “La gente quiere seguridad. Si se cobra una tasa y se dice que la competencia es exclusiva del Gobierno, entonces que se deje de cobrar”. Recalcó que todo lo preventivo es responsabilidad de los GAD y lo que se observa es “un lavado de manos” del Municipio.
El edil Michael Aulestia cuestionó que en la sesión no se haya abordado la ejecución presupuestaria de la Empresa de Seguridad, que cerró 2025 con el 54 % de ejecución en inversión. También criticó la falta de control municipal sobre las Licencias Únicas de Actividades Económicas (LUAE) y la débil respuesta preventiva en temas como el control de motociclistas o el orden en zonas conflictivas de la capital.
En la discusión se habló de la posibilidad de contratar más personal para el Cuerpo de Agentes de Control y la Agencia Metropolitana de Control (AMC), sin embargo, Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad, señaló que el Municipio ya cuenta con más de 5.000 funcionarios dentro del eje de seguridad. “Si cada uno hiciera su trabajo, no sería necesario contratar más personal”, afirmó, al tiempo que mencionó que la tasa de seguridad también debería destinarse a capacitación.
Asimismo, para Grunauer es importante que los efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la AMC den respuestas más eficientes, especialmente en temas como libadores o control en el espacio público, donde hoy la Policía asume hasta el 70 % de las intervenciones.
Sobre las 108 UPC que rehabilitó el Municipio, muchas de las cuales permanecen vacías, la edil mencionó que existe una cláusula para revertirlas si no son utilizadas, aunque advirtió que el problema de fondo no es la infraestructura sino la falta de policías. “Hay que dejar la polarización política y trabajar juntos”, insistió.
En la misma línea, la concejala Analía Ledesma sostuvo que mientras no exista una mesa de diálogo real entre el Gobierno y el Municipio no habrá avances. “Este divorcio político está bloqueando la seguridad. Hay que dejar las banderas partidistas en un momento de crisis severa”, señaló.
¿Cuál es la estrategia para 2026?
Por su parte, Pabel Muñoz, aseguró que mantienen una coordinación operativa con la Policía y las Fuerzas Armadas en operativos conjuntos. Anunció que en las próximas semanas presentará una estrategia de seguridad para 2026, que será la hoja de ruta del Municipio, y adelantó un incremento de personal en el Cuerpo de Agentes de Control (Cacmq), debido a que muchos han vendido su renuncia, además de un mayor uso de tecnología.
La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, defendió la gestión municipal y aseguró que Quito ha cubierto vacíos del Ministerio del Interior mediante la tasa de seguridad. Entre 2023 y 2025, por ejemplo, se destinaron cerca de $ 13 millones en apoyo directo a la Policía, además de $ 7,8 millones para el Cacmq.
Ese apoyo permitió realizar 1.836 operativos el año pasado y retirar del espacio público cientos de armas blancas y de fuego. No obstante, advirtió que sin una política nacional de control de armas, los esfuerzos locales son insuficientes: siete de cada diez delitos en la capital se cometen con armas de fuego.
Andrade agregó que el Municipio mantiene comprometidos recursos de la tasa de seguridad con la Policía Nacional hasta el 2029. Estos fondos cubren el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la asistencia tecnológica de los equipos entregados en los últimos años. Además, señaló que se analizan nuevas necesidades planteadas por la institución, las cuales podrían dar paso a futuros convenios, principalmente en el ámbito logístico, una vez que superen la evaluación interna correspondiente.
Expertos en temas de seguridad como Max Campos recalca que la responsabilidad de los GAD está en la prevención del delito, tanto situacional como social, e incluso en la prevención de la reincidencia, un ámbito poco trabajado en el país. Para Campos, el principal obstáculo sigue siendo político. “La seguridad es técnica y debe ser una política de Estado, no partidista”, concluyó.
Katherine Herrera, especialista en investigación en seguridad y defensa nacional, recalcó que se debe generar una política integral en seguridad; además de que el aparataje estatal y local debe centrarse en la niñez, adolescentes y adultos mayores, impulsando programas sociales y recuperando el espacio público.
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