Sin una Asamblea deliberante, los cambios profundos quedan en la Corte Constitucional

¿La Asamblea renunció a su rol de encabezar el debate público? Nuevamente, la Corte Constitucional está en el centro de las aspiraciones y señalamientos de diversos sectores. Sin embargo, un elemento parece quedar de lado en esa discusión: los tribunales constitucionales cobran protagonismo ante deficiencias en otros poderes del Estado, uno de ellos el Legislativo.

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Sebastián López, experto en Derecho Constitucional, lo explica así: “Cada vez que los tribunales constitucionales están sobreexcitados en sus actuaciones es mal síntoma porque quiere decir que algo no funciona o alguien no hace su tarea. Ese alguien puede ser la Asamblea o el Ejecutivo”.

Las señales de la deficiencia en el Legislativo

Hay señales que dan cuenta de la escasa participación. La Asamblea aprobó dos leyes urgentes en el último mes. Invitó a representantes del Ejecutivo y, en casos como el de la Ley de los GAD, voceros de los municipios y prefecturas.

Esa normativa y la ley urgente sobre minería y energía son objeto de múltiples demandas de inconstitucionalidad. Por ejemplo, representantes de municipios como los de Quito y Guayaquil argumentan no haber sido escuchados.

El tema no se relaciona únicamente con las leyes urgentes. La Corte emitió una sentencia por el caso de los cuatro niños de Las Malvinas. En su fallo obligó al Legislativo a generar reformas en la Ley de Personas Desaparecidas.

Aunque el Parlamento definió un camino para cumplir con esa obligación, el oficialismo decidió no dar paso al debate de un tema tan sensible como la desaparición forzada. En la sesión del pasado 13 de marzo, la presidenta encargada Mishel Mancheno otorgó la palabra únicamente a su compañera de bancada Inés Alarcón para que planteara la resolución. Nadie más pudo hablar.

El legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó la falta de debate y mencionó el caso Malvinas. Para él, el día conmemorativo debía incluirse en las reformas legales solicitadas por la Corte y no en una resolución que no tiene peso legal. Eso era lo que iba a plantear ante el Pleno, pero no fue posible porque se cerró el debate.

Dos dimensiones que explican el actual escenario

La explicación sobre el escenario actual tiene al menos dos dimensiones. La primera es política. Serrano sostiene que el Gobierno tiene cooptadas varias funciones del Estado y que la única instancia que aún escapa a ese control es la Corte.

Al ser la Asamblea un espacio que responde directamente al Ejecutivo, Serrano señala que ADN considera suficiente contar con mayoría en el Pleno para aprobar su agenda.

Pero existe una dimensión más profunda vinculada con la estructura constitucional. La constitucionalista Verónica Hernández señaló que, aunque actualmente se evidencia con mayor fuerza el rol determinante de la Corte, no se trata de un escenario nuevo. Tiene su origen en la Constitución.

Hernández explicó que la misión de la Corte es ser un órgano extrapoder y contramayoritario. Tiene la facultad de revisar sentencias del Poder Judicial, leyes aprobadas por la Asamblea y decisiones del contencioso electoral, entre otras.

La experta añadió que no existe una respuesta técnica única sobre por qué esa facultad se muestra actualmente más determinante en casos de interés nacional. Aun así, consideró necesario revisar el rol de la Asamblea. Expuso que uno de los factores puede estar en la calidad de la producción legislativa, que en algunos casos incluye proyectos de ley abiertamente inconstitucionales.

López también puso énfasis en la deuda del Legislativo. "El Parlamento debería recuperar su espacio; así como también el Ejecutivo. Deberían sintonizarse con la protección de los derechos. Mientras eso no suceda, la Corte seguirá teniendo la última palabra", manifestó.

El escenario no da muestras de mejora. Ayer, la Asamblea decidió iniciar una fiscalización a la conmoción social originada por una sentencia de la Corte en materia de identidad de género para adolescentes, y apunta al máximo órgano de interpretación constitucional como responsable de dicha conmoción. 

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