Avanza en la Asamblea la ley urgente de Noboa para impulsar vivienda social

La Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en sesión virtual, aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional. La iniciativa fue enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica.

Para Diego Franco, legislador por Acción Democrática Nacional (ADN), la normativa busca enfrentar uno de los problemas “más importantes del país”. No obstante, el asambleísta reconoció que la propuesta puede perfeccionarse, mientras que otros dos legisladores manifestaron su rechazo al proyecto.

Críticas del correísmo al proyecto de ley

En contraste, el asambleísta por la provincia de El Oro, Diego Salas, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que la iniciativa no prioriza a las personas que necesitan vivienda, sino que “maquilla el problema”. Agregó que el proyecto de ley no crea un derecho directo para las familias que viven en condiciones de precariedad, sino que establece una rebaja del impuesto a la renta para quienes construyan o donen viviendas, lo que, según dijo, implica que “luego paguen menos al Estado”.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Gustavo Larrea: “La judicialización de la política no le hacen bien al país”

Además, Salas afirmó que el debate no gira en torno a si el país requiere vivienda social —algo que, aseguró, es evidente—, sino a si el proyecto fue concebido para apoyar a las familias o para otorgar una nueva ventaja tributaria a quienes ya cuentan con capacidad económica. “Rechazamos que se utilice el dolor de miles de familias sin vivienda digna como excusa para aprobar un beneficio tributario”, enfatizó.

Por su parte, la asambleísta por la provincia de Chimborazo, Silvia Núñez, también de Revolución Ciudadana, observó que este sería el tercer incentivo que desde la Asamblea Nacional se otorga al sector de la construcción. Señaló que el sector ya cuenta con beneficios como la tarifa cero y exenciones en el impuesto a la renta, además de mecanismos para la devolución del IVA.

Asimismo, Silvia Núñez señaló que en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no se precisa cuánto le costará al Estado el beneficio tributario propuesto para el sector privado. Tampoco se detalla, según dijo, cómo impactará esta “condonación” en las finanzas del Servicio de Rentas Internas (SRI) ni cuál sería el techo fiscal de la medida.

La legisladora añadió que el proyecto tampoco establece el número de viviendas que se prevé construir ni los territorios donde se ejecutaría la iniciativa. A su criterio, la falta de estas definiciones limita la evaluación real del impacto que tendría la normativa.

LEA TAMBIE´N: Guayaquil podría convertir su sol en energía con incentivos

Oficialismo defiende impacto económico de la normativa

En contraste, el legislador oficialista por Tungurahua, Alejandro Lara, sostuvo que los asambleístas correístas “no están entendiendo este proyecto de ley”. Señaló que en el país existen alrededor de 720.000 familias que aún no cuentan con una vivienda en condiciones adecuadas, por lo que consideró que no se debe “satanizar la participación del sector privado”.

Además, Lara afirmó que la eventual aprobación de la normativa por parte del Asamblea Nacional permitiría dinamizar la economía. A su criterio, la iniciativa no solo beneficiaría a las personas que requieren una vivienda, sino también a las actividades vinculadas al sector de la construcción.

En esa misma línea se pronunció el asambleísta nacional Sergio Peña. El legislador señaló que la reactivación del sector también generaría beneficios indirectos para pequeños comerciantes y proveedores vinculados a la actividad constructiva, aunque recalcó que el país enfrenta un problema habitacional que requiere soluciones. “Tenemos que buscar cómo solucionarlo”, concluyó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!