Blue Town: La disputa que enfrenta al comité de Puerto Azul con la constructora

Hay agua que fluye por debajo de lo que será Blue Town Center, un megaproyecto inmobiliario comercial en la ciudadela Puerto Azul, a la altura del kilómetro 10,5 de la vía a la costa. 

El debate central que mantiene en vilo a esta zona de Guayaquil es si esa agua es un residuo natural de la lluvia estancada sobre la roca, o un acuífero subterráneo que, ambientalmente, no se debería tocar.

En medio de paralizaciones y pugnas legales entre la constructora Shiva y el comité de la ciudadela, el caso exhibe una brecha insalvable: la promotora muestra un blindaje de permisos estatales perfectos en papel, mientras los ciudadanos se aferran a peritajes privados y al temor de un colapso en su entorno.

Así es el terreno en disputa entre Puerto Azul y Shiva

EXPRESO visitó la zona de construcción y constató el flujo de agua que emerge del terreno. Paredes de zinc que cercan el área colapsan constantemente por la humedad que pudre los pilares de madera que las sostienen. Adentro, se ve el agua como una especie de oasis, e incluso se avistó a iguanas que por allí merodeaban.

Apoyados en estudios técnicos independientes, los residentes advierten un inminente desastre estructural. 

José de la Gasca, presidente del comité de Puerto Azul, lo resume basándose en sus peritajes: “El nivel freático está a 1,53 metros. Es agua a presión que baja del cerro. Al rellenar el terreno con arcilla impermeable, crearon un tapón. Construyendo el complejo, el agua chocará con esa barrera y se desviará hacia los lados, lo que puede hundir la vía a la costa (E40) y socavar las viviendas”.

En términos prácticos, los informes advierten la creación de un “efecto represa” bajo tierra. Al bloquearse el flujo natural hacia el manglar con cimientos y arcilla, la corriente subterránea buscará desfogar por los costados. 

Esta alteración del cauce oculto terminaría, dicen, ablandando las bases de las casas vecinas y generando socavones bajo el asfalto de la transitada carretera.

La urbanización Puerto Azul se ubica al inicio de la vía a la costa, en el noroeste de Guayaquil

¿Qué pasaría con la vía interna de Puerto Azul?

A la preocupación ambiental se suma una queja urbanística que los moradores consideran de lógica básica. Denuncian que la obra pretende utilizar la vía de servicio interna de la ciudadela (diseñada originalmente para conectar garitas privadas) como ruta principal de abastecimiento para camiones pesados y clientes de un centro comercial abierto al público. 

Señalan, además, la intención de nivelar calles, derrocar parte del muro perimetral y talar árboles patrimoniales de más de 80 años.

“Si ellos logran probar que esto no tendrá ninguna afectación ambiental, nosotros daremos por terminada la lucha. O por último, que hagan un proyecto más amigable con el medio ambiente”, sugirieron los residentes consultados por EXPRESO.

Shiva defiende la construcción del Blue Town Center

Del otro lado de la mesa, la perspectiva es distinta. Shiva Construcciones no se defiende con intuiciones, sino con un pesado arsenal de sellos estatales y estudios técnicos. 

En entrevista con EXPRESO, los abogados del proyecto, Nicolás Ulloa y Andrés Ortiz, son tajantes en desestimar las acusaciones. 

“Nada se ha hecho en contra de la norma, nada se ha hecho sin permiso. Todo está debidamente autorizado”, enfatiza Ulloa.

Para entender este aval, la defensa expone la cronología de la pugna:

• El conflicto se remonta a 2022 y 2023: El hoy Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) realizaron las primeras inspecciones. Ambas entidades emitieron oficios técnicos que descartaron la existencia de un cuerpo de agua protegido, lo que permitió a Shiva obtener su primer certificado ambiental.
• El escenario cambió en agosto del 2024: Ante la creciente presión ciudadana, el Municipio de Guayaquil intervino, archivó el permiso inicial y paralizó la obra, exigiendo una regularización ambiental más estricta. Los abogados tienen su propia lectura de este freno: “El Municipio, por curarse en sano y no pelearse con la gente de Puerto Azul, porque esto no deja de ser político, concedió la suspensión. Pero ofició a todas las entidades para que revisen los permisos otorgados”, sostiene Ortiz.
• Ante la consulta municipal, el MAE, ARCA y la Secretaría de Gestión de Riesgos ratificaron sus informes originales: el líquido corresponde a escorrentías superficiales sobre subsuelo rocoso. Para blindar esta postura, Shiva sumó ensayos químicos del laboratorio Anavanlab (febrero del 2025), concluyendo que la composición del líquido es agua lluvia estancada.
• Ese argumento, sin embargo, es refutado categóricamente por el comité. Para desmentir la tesis del agua estancada, los residentes se respaldan en un análisis físico-químico de Camacho & Cifuentes (agosto del 2024), el cual detalla que los minerales presentes en el líquido corresponden a características propias de un cauce subterráneo que desciende del Cerro Azul, y no a simples residuos de lluvia.

Sobre el caos vehicular en la vía de servicio y garitas, la constructora traslada el peso técnico a la autoridad competente. La defensa deja claro que el riesgo logístico fue calculado y avalado por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) al emitir los permisos. A este escudo suman la factibilidad de servicios básicos ya otorgada por Interagua.

¿Qué sucedería si colapsa vía a la costa?

¿Pero qué pasará si la realidad supera a los documentos? Ante la interpelación directa de EXPRESO sobre si Shiva asumiría la responsabilidad civil en caso de que ‘el papel falle’ y la vía colapse, la defensa no retrocedió.

Apelaron a su trayectoria de 30 años en el mercado sin siniestros y aseguran que si la obra se ejecuta bajo las estrictas directrices dictadas por las propias autoridades, el desastre advertido por los vecinos es inviable.

La inacción también es parte del reclamo ciudadano. Aunque el Municipio emitió un nuevo Registro Ambiental a fines de 2024 tras la subsanación de los trámites, el Cabildo aclaró a EXPRESO que el control y seguimiento actual de la obra ya no es de su competencia, sino que está en manos de la Prefectura del Guayas.

Sobre este punto, la prefecta Marcela Aguiñaga aseguró que la entidad abrió un proceso administrativo para revisar si el permiso ambiental emitido por el Municipio estuvo correcto, mismo que fue resuelto y que actualmente se encuentra en apelación.

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