Ecija es el influyente bufete que conecta los casos ATM y Progen

Ecija es un influyente bufete de abogados que conecta los hilos del sector energético. La compleja telaraña de conexiones vincula al prestigioso estudio con episodios críticos del sector energético y extractivo de Ecuador.

Correos, documentos societarios y cronologías claves revelan cómo distintos miembros de esta firma han desempeñado roles simultáneos y cruzados como asesores de contratistas estatales y defensores de corporaciones vinculadas a millonarias adjudicaciones que hoy registran retrasos y han motivado procesos penales.

El rol de Ecija con el contrato de ATM

Para entender hay que revisar caso por caso. El primero es el de Austral Technical Management (ATM), representada por su gerente Nicolás Pic. En abril de 2024, en plena agudización de la crisis eléctrica, Pic presentó una propuesta energética al entonces ministro de Energía, Roberto Luque. Según su correspondencia electrónica, Pic presentó como sus representantes y abogados a Gonzalo González Galarza y Gustavo Arrobo Moncayo.

La gestión legal rindió su fruto. El 9 de agosto de 2024, Manuel Barberán, gerente de Celec-Electroguayas, suscribió un contrato con ATM por un valor de $89,9 millones. El compromiso de la firma uruguaya consistía en la provisión e instalación de 91 megavatios (MW) para la central termoeléctrica de Esmeraldas.

La dualidad en el Centro de Arbitraje de Quito

La ejecución del contrato, sin embargo, devino en fracaso operativo. Tras vencerse la prórroga contractual en abril de 2025 sin que los equipos estuvieran operativos, Celec-Electroguayas inició los trámites para la terminación unilateral e incumplimiento de la contratista. En septiembre de 2025, ATM acudió de urgencia al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) para frenar la terminación del contrato. El presidente del Centro era, precisamente, el abogado identificado en las gestiones de adjudicación de 2024, Gonzalo González Galarza.

Bajo esa coincidencia de roles, ATM logró paralizar la declaratoria de contratista incumplido. Y desde diciembre de 2025, el Estado ecuatoriano (a través de Celec) y ATM se encuentran en un arbitraje de fondo de carácter reservado.

El perjuicio económico ya es un hecho consumado: Celec ya desembolsó $71,4 millones de dólares, lo que representa el 80 % del valor total del contrato, a cambio de una infraestructura que no funciona. Hasta marzo pasado, ATM solo ha podido poner a prueba un bloque de 10 MW de los 91 MW originalmente prometidos. Esto según declaraciones de la entonces ministra Inés Manzano con el medio Primicias.

Los hilos: Sipetrol y el caso Power Tech

En 2026 y mientras la central Esmeraldas sigue sin operar, se conoció que al menos una de las pólizas de seguro presentadas por ATM para respaldar los fondos públicos no fue gestionada directamente por ellos, sino por Diana Carolina Urgilés Guarderas, gerente de la compañía Sipetrol y de una decena de empresas.

Su nombre apareció en una denuncia de enero de 2025, firmada por el entonces gerente de Celec, Gustavo Sánchez, en la que revela presuntos actos de corrupción de una red integrada por funcionarios públicos y agentes privados.

A la Fiscalía le detalló que Urgilés y el entonces asesor de gerencia, Jack Ricardo André Burneo, exigían apropiarse de un contrato por $95 millones que Celec-Termomanabí firmó con Power Tech Consortium. A este consorcio le ofrecieron, según la denuncia, contratar las pólizas para el proyecto y no declararle contratista incumplido.

En esta operación, Sánchez nombró a Bayardo Poveda, otro socio de Ecija. En entrevista con EXPRESO, el jurista indicó que solo fue abogado de Sipetrol, que le contrataron para dar un criterio sobre la cesión de los derechos de los consorciados y negó haber acudido con Urgilés a alguna reunión en Celec. Sin embargo, este Diario publicó sus fotos de ingreso a las dependencias y la foto de la bitácora de ingreso con su nombre y apellido.

Las conexiones llegan a Progen y al campo Sacha

La expansión de la influencia de la firma no se agota allí. La investigación documental de los nexos corporativos arrojó dos conexiones que evidencian el peso del estudio en los sectores estratégicos.

El primero es un nexo con el caso Progen. Otro abogado de Ecija, Michael Veintimilla, es a su vez socio minoritario de Fabián Yar, dueño de Inycofyi. Esta empresa cumplió dos roles con Progen: fue subcontratista y garante solidaria de las pólizas para las centrales Salitral, Quevedo y Catamayo.

Finalmente, los equipos jurídicos de Ecija aparecen vinculados, según la Superintendencia de Compañías, con la empresa Amodaimi Company Oil. Esta formó parte del consorcio internacional al que se pretendió adjudicar, en marzo de 2025, de forma directa, la explotación y operación del Campo Sacha, la “joya de la corona” de la producción petrolera estatal ecuatoriana.

Equipo Ecija de mediadores

Según Ecija, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Quito actúan otros abogados de esta firma “aportando liderazgo y experiencia en arbitraje, mediación y solución de controversias”. Estos son Gustavo Arrobo Moncayo, Michael Veintimilla, Blanca Gómez de la Torre y más.

En 2026, este centro fue reconocido con la categoría Líder en el ranking de Leaders League, lo que implica que es un centro con alto prestigio a nivel internacional.

Se evaluaron parámetros como calidad, rigor técnico y credibilidad. El presidente del Centro, Gonzalo González Galarza, fue elegido como parte de la directiva junto con la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, en mayo de 2025.