Investigación
Caso Power Tech: denuncian red de extorsión en Celec
El exgerente de Celec denunció que el contratista Power Tech recibió presiones para vender el contrato. El proyecto era por $ 95 millones
Celec EP presuntó una denuncia por presunto tráfico de influencias y concusión en un contrato termoeléctrico en Manta.
Lo que debes saber
- Mientras el país enfrentaba apagones y una severa crisis energética, detrás de uno de los contratos emergentes del sector eléctrico se habría tejido una trama de chantajes y filtraciones. Una denuncia en la Fiscalía señala que el objetivo era tomar el control de un contrato de $95 millones adjudicado para generar energía en Manta.
- La denuncia apunta a una red que habría combinado presiones, exigencias económicas y acceso privilegiado a información de Celec.
Un nuevo esquema de corrupción en Celec sale a la luz. Operó en plena emergencia eléctrica, que llevó al país a sufrir apagones, en 2024.
Funcionó de la siguiente manera: un contratista gana una adjudicación millonaria. Inmediatamente otros empresarios vinculados con Celec le llaman a presionar para obligarlo a venderles el contrato y, aprovechando sus nexos con altos funcionarios del sector eléctrico, lo amenazan con la terminación unilateral del contrato y declaración de contratista incumplido sino acepta.
La denuncia contra Power Tech Consortium
Esto le ocurrió en diciembre de 2024, a Power Tech Consortium, según la denuncia presentada por el exgerente de Celec, Gustavo Sánchez Iñiguez.
Los documentos como chats, correos, fotos y videos revelan un presunto esquema de chantajes que culminó con la terminación unilateral del contrato de energía, por $ 95 millones, para generación termoeléctrica en Manta, en Manabí.
El origen: Un contrato en tiempos de crisis
La historia se remonta a la adjudicación del contrato TMA-CON-0040-24 para generación termoeléctrica terrestres en la Subestación San Juan - Manta. La Unidad de Negocios Termomanabí de Celec le adjudicó el contrato, en diciembre de 2024, al consorcio Power Tech Consortium, representado por José Stalin Moreno Salas. Moreno no logró conseguir las pólizas de garantía ambiental, técnica y de fiel cumplimiento que exigía su contrato.
Ante la urgencia por salvar el proyecto, Moreno Salas buscó “intermediarios financieros”. Y en ese escenario descubrió una presunta red ilícita que operaba desde Celec.
Según la bitácora de llamadas y chats a los que tuvo acceso EXPRESO, el primer contacto ocurrió el 4 de diciembre de 2024 a través de la plataforma Google Meet. En esa sesión apareció Jack Ricardo André Burneo, quien se identificó como un “abogado con contactos empresariales” capaz de conseguir los certificados bancarios necesarios.
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Pero en realidad André era asesor de la Gerencia General de Celec. Sin embargo, la ayuda tenía un precio alto: André exigió inicialmente el 70 % de la participación del contrato. El contratista rechazó la propuesta debido a que la ley prohibe vender un contrato, lo que provocó más presiones.
De acuerdo con el relato de Moreno, apenas un día después, el 5 de diciembre se ejecutó una segunda reunión virtual. En esta cita, una ciudadana colombiana, a la que no pudo identificar, le lanzó una advertencia lapidaria: “Si no me entregan el 90 % del contrato se declarará terminado el contrato... si nosotros no tenemos el negocio ustedes tampoco”.
En esa misma reunión, detalla el contratista, participó una auditora llamada Diana Carolina Urgiles Guarderas, quien se identificó como representante de Sipetrol; y Jack Ricardo André. Este último habría exigido un pago en efectivo de $ 600.000 a través de la compañía Bluay Fondos S.A.S.
Para la tercera reunión, celebrada el 9 de diciembre, un hombre, al que identificó como Omar Leal, subió la apuesta: ya no buscaban un porcentaje, sino el negocio completo (el 100% del consorcio). Leal se jactó de sus supuestos contactos en el Ministerio de Energía y Minas y en Celec, e incluso afirmó que podía modificar el contrato a su antojo.
Filtración de información desde CELEC EP
La denuncia y las evidencias fotográficas hacen suponer que la supuesta red ilícita no operaba sola; contaba con acceso directo a los más altos niveles. A principios de enero de 2025, un funcionario identificado como Andrés Abad alertó al consorcio sobre la redacción del documento para la terminación unilateral del contrato, por orden directa de André.
La consigna transmitida fue que la única alternativa para salvar el contrato era la cesión a los colombianos, porque “ese contrato es de ellos”. Abad también les dijo que debían reunirse con Diana Urgiles Guarderas si quería evitar que el contrato se caiga.
Coincidencialmente, Urgiles también aparece como la persona que contrató las pólizas de ATM para la central Esmeraldas y es representante del Consorcio Energía Ecuador 260, que ha participado en procesos de contratación para alquiler de energía termoeléctrica.
El acoso se materializó en las oficinas de Urgiles, en Quito. Según Moreno, esta le pidió que firmara un “contrato de promesa de venta por la totalidad de los derechos del consorcio”. También reveló que estuvo presente el abogado Bayardo Poveda, quien forma parte de ECIJA GPA, el mismo estudio jurídico que contrató ATM para presentar sus propuestas de soluciones energéticas en reuniones con el ministro Roberto Luque, encargado de Energía, entre abril y mayo de 2024.
La consumación de la amenaza
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia apunta a la entonces directora Jurídica de Celec, Ruth Gabriela Rodríguez Morejón, quien llegó a Celec en la época de Luque, y está vinculada al despacho Noboa, Peña & Torres abogados , según perfil en LinkedIn.
De acuerdo con la denuncia, el 20 de enero de 2025, Urgiles envió al contratista la resolución de terminación unilateral del contrato completamente firmada a través de WhatsApp.
El documento era confidencial y representante de Power Tech Consortium dijo que para ese momento aún no recibía la notificación por los canales oficiales, lo que evidencia una filtración interna masiva desde el departamento legal.
Para demostrar este punto, el gerente General de Celec hizo adjuntar a su denuncia la bitácora de ingreso al edificio matriz. Allí consta que Diana Urgiles y Bayardo Poveda ingresaron al despacho de Gabriela Rodríguez a las 10:21 y salieron a las 11:21. Sobre esta cita, el abogado Poveda negó categóricamente que se haya reunido con Rodríguez. “Es falso, nunca me he reunido con ningún funcionario de Celec”.
La empresaria
Diana Urgilés Guarderas es una contadora y economista quien contrató las pólizas de ATM con Seguros Interoceánica. Está vinculada una decena de firmas entre estas a Sipetrol, Bluay Fondos, Spetroleum S.A.S, Ecuadorian Drilling Services EDS de Ecuador. No respondió a EXPRESO.
La directora
Gabriela Rodríguez Morejón fue directora jurídica de Celec, desde abril de 2024 a julio de 2025. Es guayaquileña y trabajó en la administración de Cynthia Viteri como directora de compras públicas o directora jurídica de la empresa de Agua de Guayaquil. No respondió a EXPRESO.
El asesor
Jack Ricardo André Burneo fue asesor de la Gerencia General de Celec entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Es lojano. Ha trabajado para la Empresa Eléctrica Quito y en 2016 fue asesor del gerente de la Empresa Pública Yachay EP. No respondió al correo enviado por este Diario.
El abogado
Bayardo Poveda Camacho es abogado especializado en el sector energético de Ecija GPA. Asegura que Sipetrol contrató sus servicios para buscar la cesión del contrato de San Juan, pero que su respuesta fue que debía hacerse con autorización de Celec. Dijo que su trabajo se limitó a dar respuestas jurídicas. Niega hablar hablado con Rodríguez, exdirectora jurídica de Celec o con algún otro funcionario.
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