Falsos uniformes de la fuerza pública: ¿es fácil adquirirlos?
Expertos advierten que la suplantación crece por la facilidad para comprar los uniformes de policías y militares en Ecuador
El uso de uniformes policiales o militares para cometer robos, secuestros o extorsiones se ha convertido en una modalidad criminal cada vez más frecuente en Ecuador.
Un caso emblemático ocurrió la noche del 7 de enero de 2026, cuando un comando integrado por entre diez y doce hombres ingresó a la exclusiva Isla Mocolí, en Samborondón, vestidos con uniformes similares a los de la fuerza pública.
Tras maniatar a los guardias y vulnerar los controles de acceso, ejecutaron a tres personas (entre ellas Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, señalado como cabecilla del grupo criminal Los Lagartos), en una cancha del Mocolí Golf Club.
Otro episodio ocurrió recientemente en la provincia de Bolívar. Un hombre que se hacía pasar por miembro de las Fuerzas Armadas fue detenido durante un operativo de gran escala ejecutado por personal de la Primera División del Ejército, a través de la Brigada de Caballería Blindada, en el cantón Echeandía.
Casos de suplantación se repiten
Durante el procedimiento, los uniformados verificaron que portaba documentos y una credencial militar, pese a no pertenecer a la institución castrense. La pregunta es inevitable: ¿qué tan fácil es conseguir estas prendas en Ecuador? La respuesta, según comerciantes, policías y expertos en seguridad, es inquietante: es más fácil de lo que parece.
En otro caso, una camioneta negra se detiene frente a una vivienda. Dos hombres bajan con chalecos tácticos, botas negras y gorras que parecen oficiales. Golpean la puerta con autoridad. El dueño de casa abre sin sospechar. Minutos después descubre que no eran agentes: sino delincuentes. La escena se ha repetido en varias ciudades del país.
En Quito y Guayaquil operan tiendas formales e informales (algunas ubicadas incluso cerca de cuarteles) donde se comercializan camisas, pantalones, chalecos, insignias y gorras con logotipos institucionales.
En ciertos negocios se solicita credencial policial o militar como medida de precaución. Sin embargo, en otros la compra se realiza sin mayores controles. Incluso, el comercio también se mueve en internet y redes sociales. En la práctica, no existe una ley específica que regule su venta.
Un uniforme operativo completo puede adquirirse entre 200 y 300 dólares, mientras que piezas de camuflaje se ofrecen desde los 48 o 55 dólares.
“Lo que hace que el uniforme pierda su valor es que no existe un reglamento para la venta y fabricación de estos uniformes. Últimamente se venden en cualquier lugar. No hay control ni registro. Si usted va a comprar uniformes policiales, ni siquiera le piden identificación: simplemente los venden, en la cantidad y forma que usted desee”, revela una fuente policial que pidió mantener su identidad en reserva.
¿Cuál es la sanción?
La ley sí sanciona el uso indebido, pero no necesariamente la comercialización. El artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que quien utilice uniformes o insignias oficiales sin tener derecho puede recibir una pena de 15 a 30 días de prisión.
A esta falta de regulación se suma otro factor: la dotación incompleta dentro de las propias instituciones. Muchos agentes deben adquirir por su cuenta parte de su uniforme, lo que alimenta un circuito comercial que también abastece a civiles.
Comerciantes y policías reconocen esta realidad como grave. El Estado no controla de forma integral la producción y venta, ni ha implementado de manera masiva los sistemas prometidos de trazabilidad mediante chips o códigos QR.
Para algunos expertos en seguridad, la sanción actual resulta insuficiente frente a los riesgos que genera la suplantación de autoridad. Según datos citados en debates legislativos, cerca de 1.200 delitos fueron cometidos en 2024 por personas que utilizaron uniformes de las fuerzas del orden.
Las organizaciones criminales han aprendido que esta vestimenta abre puertas. Un exoficial de inteligencia policial consultado para este reportaje explica que el uniforme tiene un poderoso valor simbólico, pues “genera obediencia inmediata. La gente abre la puerta, se detiene en un retén falso o entrega documentos sin cuestionar”.
Ciudadanía desconfía
Un ciudadano que prefiere mantener su identidad en reserva expresa que actualmente la presencia de personas con uniforme policial o militar ya no siempre genera seguridad, pues considera que muchas veces es imposible distinguir si se trata de agentes reales o de delincuentes que se hacen pasar por ellos.
Añade que, en su opinión, “el sistema de seguridad del país es corrupto y que muchos de sus integrantes buscan beneficiarse económicamente mediante cualquier vía rápida”.
Imitan también la conducta
Especialistas alertan que no solo se copia la prenda, sino también los patrones de conducta: retenes, requisas y allanamientos simulados sirven para engañar y someter a las víctimas.
Carlos Patiño, analista en seguridad, sostiene que el problema va más allá de la tela: “se ha copiado la conducta policial y militar”.
Además hay miembros de las fuerzas del orden incrustados en estructuras delictivas. El resultado es una vulnerabilidad sistémica y un deterioro profundo de la confianza pública.
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