Masacre en El Oro: 37 muertos saturan forense de Machala; familias claman respuestas
Familias esperan identificación de las víctimas y exigen respuestas al Estado
Afuera del Centro Forense de Machala, la escena es de desesperación. Madres, esposas y hermanas se agolpan contra las rejas buscando noticias de sus seres queridos. “¡Quiero saber si mi hijo está vivo! ¡Díganme algo, por favor!”, grita una mujer entre lágrimas, mientras otras se sientan en el suelo con fotografías o cédulas en las manos.
Dentro del recinto reposan los cuerpos de 32 personas privadas de libertad asesinadas en la masacre del Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro N.º 1, junto a otras cinco víctimas de hechos violentos ocurridos ese mismo domingo 10 de noviembre.
Forense de Machala colapsado
Los frigoríficos del forense están saturados debido al número de cadáveres. Técnicos y peritos trabajan sin descanso para identificarlos, mientras afuera los familiares exigen respuestas y agilización en la entrega.
Se trata del crimen colectivo más sangriento registrado en la historia carcelaria de la provincia.
Reclamos por abandono y condiciones inhumanas
En los exteriores del penal, familiares denunciaron que los sobrevivientes fueron despojados de colchones y ropa, obligándolos a dormir sobre el cemento.
“Están sin agua, sin comida, los tratan como animales”, denunció una mujer que aseguró haberse comunicado con un interno.
Organizaciones de derechos humanos recordaron que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, y exigieron investigaciones inmediatas para determinar responsabilidades.
Hacinamiento crítico
El CPL El Oro N.º 1 fue construido para 600 personas, pero alberga a más de 1.400.
Este hacinamiento, sumado a la falta de control institucional, ha convertido al centro en una “bomba de tiempo”, bajo el control de bandas criminales que disputan territorio dentro de la prisión.
Traslados y refuerzo militar
Ante la gravedad de los hechos, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), con apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, trasladó a 23 reclusos considerados de alta peligrosidad hacia la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena.
El operativo se realizó la mañana del lunes 10 de noviembre, con vehículos blindados y sobrevuelo de helicópteros.
El gobernador de El Oro, Jimmy Blacio, afirmó que el traslado busca “restablecer el control total del centro carcelario y garantizar la seguridad de la población penitenciaria”. Añadió que los operativos militares continuarán de forma indefinida.
Crisis carcelaria y violencia creciente
La masacre en El Oro se suma a una ola de violencia en el sistema penitenciario ecuatoriano.
El pasado 1 de noviembre, el SNAI confirmó el hallazgo de 12 personas fallecidas en tres cárceles del país.
- Seis en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil)
- Cuatro en la cárcel de Turi (Cuenca)
- Dos en la prisión de Esmeraldas
En la Penitenciaría, las autoridades señalaron “muertes naturales” por tuberculosis, mientras que en los otros penales, reportes policiales apuntaron a heridas de bala, armas blancas y golpes.
Desde 2021, más de 600 reclusos han sido asesinados en prisiones ecuatorianas a causa de enfrentamientos entre bandas rivales.
Algunas cárceles están militarizadas y otras bajo control policial, en el marco del “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024 contra organizaciones criminales.
El país cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, un incremento del 47 % frente al mismo período de 2024, lo que confirma el agravamiento de la crisis de violencia.
Gobierno vincula masacre a traslado de reos
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que las bandas criminales habrían desatado la matanza para impedir los traslados hacia la nueva prisión de Santa Elena.
Según sus declaraciones, miembros del grupo Sao box asesinaron a cuatro de Los Lobos durante la madrugada del domingo en el CPL de Machala. Horas después, Los Lobos habrían retaliado asfixiando a miembros de la banda rival.
Reimberg afirmó que los líderes criminales recluidos en La Roca buscan generar caos y evitar los traslados hacia la nueva cárcel, denominada por el Gobierno como la “Cárcel del Encuentro”, que albergará a 800 presos y promete mayor control tecnológico, atención médica interna y custodia policial-militar.
El ministro incluso aseguró que la masacre tiene un trasfondo “político”, insinuando que organizaciones estarían promoviendo violencia antes del referéndum del próximo domingo, donde se votará, entre otros temas, la instalación de bases militares extranjeras y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
¿Y ahora qué viene?
Mientras el Gobierno sostiene que recuperará el control con traslados y militarización, las familias continúan en vigilia en Machala, exigiendo la entrega inmediata de los cuerpos y justicia para las víctimas.
Hasta la tarde del lunes 10 de noviembre de 2025, solo ocho cadáveres habían sido entregados. Los pasillos del Centro Forense de Machala permanecen llenos. En las afueras, la angustia se vuelve rutina.
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