Que los habitantes de La Puntilla, en Samborondón, deban pagar una tasa por el Sistema Integrado de Vigilancia Ciudadana implementado por el Cabildo; para muchos resulta absurdo y hasta “un robo”. No solo porque este sistema que el Cabildo ha venido implementando de a poco, desde hace tres años, a su juicio es ineficiente; sino porque, advierten, la competencia en materia de seguridad la tiene el Gobierno.

No obstante, según explican los especialistas consultados, pagar una tasa no es ilegal como tal, puesto que los Concejos municipales mediante ordenanzas pueden crear tributos por la prestación de los servicios que brindan. Claro que si no cumplen con dar precisamente esos servicios, la ciudadanía puede demandar.

El pasado 28 de septiembre, EXPRESO publicó un reportaje en el que detalló cuál es el proceso de cobro de este impuesto, que se paga a través de la planilla de agua potable. Precisó que, como lo determina la Primera Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Costo de la Tarifa del Sistema de Vigilancia, una familia debe de pagar $ 2,50 por mes si el consumo de agua es de hasta $ 15; $ 4, si la planilla es de $ 15,01 a $ 100; y $ 5 si el consumo supera los $ 100.

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Sin embargo, sobre estos rubros, que se cancelan desde que el Concejo Cantonal dio luz verde a la reforma, el 28 de abril pasado, para muchos fueron desconocidos; lo que llenó de ira a más de un contribuyente que dijo sentirse estafado.

“Jamás el Cabildo socializó este tema. Si no es porque ahora me comentan de la situación y verifico en los boletines de prensa de la página institucional del Municipio, donde uno prácticamente nunca, jamás me hubiese enterado que lo venía pagando. Y ojo, que no me molesta pagar por seguridad, más allá de si es legal o no, o de si la competencia directa es del Gobierno, que no sirve para nada; lo que me encoleriza es estar pagando por el sistema de monitoreo que no funciona. Si al menos sirviera, no me quejaría en absoluto. Pero en La Puntilla hay robos en cada esquina. ¿Por qué estamos pagando entonces?”; cuestionó el residente de Ciudad Celeste, Lorenzo San Lucas.

En el reportaje del pasado jueves, el doctor en Jurisprudencia y catedrático de Ordenamiento Territorial, Andrés Ortiz, aseguró que, en efecto, los municipios tienen la competencia de generar tasas y que la tarifa de monitoreo actual se enfoca en la dotación de la tecnología en materia de seguridad y no en el control, que sí lo tiene el Gobierno central.

Miguel Macías, abogado y gerente del Estudio Jurídico Macías Hurtado y Macías C.A., coincidió en ese punto, al asegurar que los concejos no solo que pueden crear estos tributos; sino que el Estado puede trasladar a las municipalidades la competencia para la prestación de ciertos servicios (incluido el del agua, energía eléctrica, telefonía...).

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“La vigilancia por temas de seguridad la presta, por regla general, la Policía Nacional y en ciertas excepciones los cabildos. Si en el caso de Samborondón, la está prestando el Municipio es lamentable porque no hay lugar al pago por un servicio que uno no recibe. Y ahí la situación es otra, porque el tema puede llegar a ser materia de una acción de inconstitucionalidad, porque simplemente no se debe pagar por algo que no se da, que no existe”, sentenció.

El abogado John Vásconez Erráez explica que los ciudadanos, basados en lo que dice la Constitución, pueden demandar al Cabildo. “No importa si son $ 2 o $ 5 al mes lo que se paga, ellos me están cobrando por un servicio con el que dicen que me van a proteger. Por lo tanto, si incumplen, puedo demandar al Municipio por daños y perjuicios... También puedo presentar una queja a la Defensoría del Pueblo para conocer a detalle qué está haciendo el servicio público para darnos un servicio eficiente. En efecto, hay medidas que respaldan al usuario”, alegó Vásconez; al hacer hincapié en que los residentes, además, pueden consultar a la Contraloría en qué se está invirtiendo ese rubro por el que pagan.

“Puede que con ello se determine que el presupuesto sí lo destinan a patrullaje, gasolina, guardias; y que es la delincuencia la que ha subido a tales niveles que se vuelve más difícil prestar un buen servicio...”, explicó.

Según Juan Emilio Kronfle, vocero en este tema y gerente general de la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón, aproximadamente en el mes se recaudan $ 100.000 por el cobro de la tasa, que lo paga también el sector comercial, basado en los metros cuadrados que aporta cada predio.

Que esos $ 100.000 cubren apenas el 50 % del Plan Samborondón Más Seguro, dijo Kronfle; al alegar que el otro 50 % lo complementan con un aporte que lo cubre el Municipio en conjunto con la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón.

Para la ciudadanía, sin embargo, con esa cifra “La Puntilla debería ser intocable”. “Me parece raro que con todo ese dinero, la seguridad siga siendo una de nuestras mayores falencias”, alertó el residente Francisco Caldera, que considera más que oportuno demandar o exigir una acción de protección para “obligar, a través de un juez, que la Municipalidad cumpla con el rol de dar lo que ofrece”.

Teniendo en cuenta estos reclamos y descontento colectivo, EXPRESO solicitó una entrevista al alcalde Juan José Yúnez para conocer qué está haciendo para mejorar el servicio y revertir el escenario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Sin embargo hay quienes aseguran que no hay razón aún para elevar el tono del reclamo. El doctor en leyes, Gerardo Wong, exprocurador síndico del Municipio de Guayaquil durante la administración de León Febres-Cordero, por ejemplo, hizo hincapié en que no hay razón para asentar una acción por incumplimiento. Que primero hay que conocer a ciencia cierta qué está pasando, señaló.

“En lo personal, creo que esa compensación en seguridad sí la está prestando el Municipio porque de todas formas esas herramientas implementadas son un plus a la presencia del policía. Si no existieran, todo sería peor. Ese tipo de tecnología está cubriendo las carencias que posiblemente el Estado no les está dando. Lo que pasa es que la delincuencia ha avanzado tanto que, conforme se van proponiendo nuevas soluciones, aparecen nuevos y más delitos y toca ver nuevas formas para combatirlos. ¿Qué hacer entonces? Exigir. Es el Municipio quien debe exigir hasta el cansancio acciones al Gobierno para recuperar el territorio”, argumentó.  

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