Las bandas ya controlan hasta el agua potable en Guayaquil

En Guayaquil, el crimen organizado ya no solo disputa calles y barrios. También se ha tomado un recurso vital: el agua potable. Lo que durante años fueron denuncias ciudadanas sobre conexiones clandestinas y cobros ilegales hoy se confirma con datos oficiales: existen zonas de la ciudad donde Interagua, la empresa concesionaria, perdió el control de su servicio porque las bandas manejan las redes, impiden los cortes y hasta venden el agua robada.

Según datos de Interagua, cada día la planta La Toma produce un millón de metros cúbicos de agua para abastecer a Guayaquil y a cantones vecinos. Esa producción debería alcanzar para más de tres millones de personas. Sin embargo, casi la mitad se pierde antes de ser facturada.

Cuando el crimen decide quién abre la llave

Juan Carlos Bernal, director de operaciones de Interagua, admitió que el 47 % del agua producida nunca se cobra, y que al menos una cuarta parte corresponde a robos y conexiones ilegales.

“Tenemos distintos tipos de fraudes: pinchazos en la red, manipulación de medidores y hasta barrios enteros donde no podemos ingresar por amenazas de las bandas. Hay sectores donde históricamente ha habido problemas, pero no a los niveles que enfrentamos hoy. A partir de 2024 se ha incrementado el riesgo en varios sitios. Hay lugares donde las redes han sido pinchadas para ‘vender’ el agua a hogares que aún no cuentan con redes formales y que se abastecen por tanqueros, como Ciudad de Dios, Realidad de Dios y otros que se beneficiarán próximamente con el quinto acueducto”, explicó a EXPRESO Ilfn Florsheim, directora de Comunicación de la entidad.

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Mapas de calor revelan zonas bajo dominio delictivo

Hoy, un mapa de calor elaborado con inteligencia artificial por la concesionaria muestra que el problema no se limita a un sector específico, sino que se extiende por gran parte de la ciudad. En el noroeste, sectores como Ciudad de Dios, Realidad de Dios, Sergio Toral, Nueva Prosperina y La Carolina están bajo dominio delictivo. En la vía a Daule, la cooperativa Los Pinos y Puente Lucía figuran como puntos rojos. Lo mismo ocurre en el norte, con Bastión Popular, Martha de Roldós, Vergeles, Las Orquídeas y Mucho Lote, donde ya a inicios de este año —como publicó entonces EXPRESO— surgieron denuncias de extorsiones; en el centro y suburbio, con barrios como el Cerro del Carmen y extensas áreas populares; y en el sur, con la Isla Trinitaria y el Guasmo.

En todos estos puntos, dice Interagua, el agua se roba, se redistribuye y hasta se vende en mangueras improvisadas. Y no hay manera de cortar ni cobrar.

Florsheim detalló que los mapas de calor se generan en función de la ocurrencia de actos delictivos, afectaciones a vehículos y personal por robos, amenazas o extorsiones. También, explicó, se identifican fraudes por alteración de medidores o guías clandestinas a través de algoritmos predictivos, análisis de datos y trabajo en territorio.

El temor de los vecinos: denunciar puede ser un riesgo mortal

Los testimonios de los habitantes confirman el peso del temor y la sensación de abandono. “Nosotros tenemos agua legal, pero no nos atrevemos a denunciar quién la roba. Si ni Interagua puede entrar, mucho menos nosotros. Aquí es el Municipio y el Gobierno los que deberían poner orden, pero no pasa nada”, aseguró Sandra Arboleda, vecina de Las Orquídeas.

Una residente de Los Vergeles, que prefirió no dar su nombre por seguridad, coincidió y exigió ayuda inmediata a las autoridades. “Aquí pinchan las tuberías a propósito. En los últimos cinco meses todo se agravó, pero nadie denuncia. Uno prefiere mirar a otro lado antes que buscarse un enemigo criminal. Las autoridades, el Gobierno incluso más que el Municipio, deben ya hacer algo. ¿Cómo es posible que hasta este servicio se esté viendo afectado por la criminalidad? ¿En qué tipo de ciudad o país estamos viviendo?”, cuestionó.

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Sin embargo, no todo se atribuye al crimen. Amalia González, del norte, recuerda que los problemas de fugas y cortes son históricos. “Es verdad que las bandas agravan la situación, pero hace años que los daños en la red son constantes. No se puede olvidar que hay responsabilidades técnicas también. Lo preocupante es que ahora, sumado a la crisis criminal que vive Guayaquil, el servicio será peor. Y todo porque los criminales son los que mandan aquí, incluso en los servicios básicos”, se quejó.

Ante esta situación, Florsheim aseguró que la concesionaria ha presentado denuncias por las vías correspondientes y que actualmente trabaja de la mano con Segura EP, la Policía Nacional e incluso las Fuerzas Armadas, según las necesidades de cada sector. En algunos barrios logran entrar con ayuda de líderes comunitarios; en otros, únicamente con acompañamiento de seguridad.

“Muchas veces, sobre todo en emergencias por daños en la red, ingresamos a los sectores —principalmente en el noroeste— con las fuerzas del orden. Se reparan las fugas, se eliminan las redes clandestinas, pero al poco tiempo vuelven a pincharlas. Se organizan nuevos operativos y el ciclo se repite. Es constante”, sostuvo Florsheim.

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En sectores como el Guasmo, la Trinitaria, Bastión Popular y otros, donde se realizan trabajos de mantenimiento profundo de alcantarillado sanitario, Interagua asegura que coordina con su equipo de Gestión Comunitaria, la Dirección de Vinculación Ciudadana del Municipio de Guayaquil y líderes barriales. “Ellos nos ayudan a tener acceso y apertura para poder trabajar. Explicamos a los ciudadanos que nuestra labor es en beneficio de toda la ciudad, hacemos charlas y actividades que permiten realizar trabajos en horas hábiles. En algunos barrios conseguimos el ‘permiso para ingresar’; en otros, no”.

Estado ausente: el agua, un servicio básico que ya no es seguro

Romina Castillo, quien habita en la Martha de Roldós, asegura que es triste ver cómo incluso para reparar un daño, el personal va con policías. “Solo falta que los Bomberos tengan que ser resguardados por militares. Nunca pensé ver a los trabajadores dando la vuelta, pidiendo permiso o desplazándose en las camionetas, teniendo de cerca a los policías. Esta, definitivamente, es una guerra”, dijo.

Y en ella, ya hay víctimas mortales. Dos guardias de seguridad han sido asesinados por robarles las armas y los vehículos: uno en el noroeste, el año pasado, y otro en la Trinitaria, este año.

“Es complejo ver cómo la ciudad se va perdiendo. Pido de favor, de rodillas, que se actúe pronto y le devuelvan la paz a Guayaquil. Hasta ahora, estos pedidos han tenido respuestas vagas. El control o acompañamiento de Segura EP no es suficiente: termina siendo un parche. En este tema debe actuar el presidente Daniel Noboa y la Asamblea. Ya basta de ser alcahuetes de un sistema que no funciona y no castiga al criminal, sino a la gente buena. Hay que recuperar el control de todo, de algo tan básico como el agua. Y en una ciudad donde abrir la llave depende de las bandas, la ausencia del Estado ya es una sentencia de abandono”, sentenció el residente Nelson Cruz, habitante de una de las zonas afectadas.

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