Caso GRANASA: Un día clave a la espera del siguiente abuso de poder

Este miércoles 21 de enero puede ser un día clave para la libertad de empresa en el país. El juez Eduardo Santamaría decidirá si los accionistas ecuatorianos gozan o no de derecho a la defensa frente a los atropellos de la Superintendencia de Compañías: esta tarde dará a conocer su resolución en torno a una acción de protección presentada por Ingrid Martínez Leisker, a quien el Estado pretende arrebatarle las acciones que posee en GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA. Sobre la base de un supuesto “informe de control” que permanece bajo reserva y a través de una resolución no motivada, el superintendente Luis Alberto Cabezas-Klaere pretende que esas acciones (el 40 por ciento del total de la compañía) sean transferidas a la empresa Veranera, de propiedad de la misma Ingrid Martínez pero en proceso de liquidación voluntaria, donde el Gobierno podrá controlarlas fácilmente a través del liquidador que acaba de nombrar para tal efecto.

Una resolución ilegal y sin derecho a la defensa

Se trata, por supuesto, de una resolución ilegal: sólo un juez está facultado para ordenar una transferencia de acciones y en ningún caso puede hacerlo sin escuchar a las partes implicadas. A Ingrid Martínez no sólo se la pretende expropiar de su participación en la empresa sino que se le ha privado de su derecho a la defensa, pues nunca la Superintendencia se dignó comunicarle siquiera su decisión: un doble atropello que debería sonar las alarmas en el empresariado ecuatoriano y que, sin embargo (tal es el clima de temor al poder político imperante) ha generado reacciones tan cautelosas (por no decir cobardes) como la del presidente del Comité Empresarial, Juan Carlos Navarro, que prefirió no pronunciarse.

Sin embargo, lo que está en juego en este caso (que no concluye, ni mucho menos, con la decisión judicial de esta tarde) es un precedente de terror. La posibilidad de que la Superintendencia de Compañías, por sí y ante sí, sobre la base de informes reservados, a través de resoluciones inmotivadas y sin debido proceso alguno, se atribuya la facultad de alterar la estructura accionarial de una compañía es un atentado desmedido a la libertad de empresa. Combinado, en este caso, con un irrespeto aun mayor a la libertad de expresión, pues el origen de este atropello hay que buscarlo en la falta de tolerancia del Gobierno hacia la línea editorial de un Diario que, lejos de complacerlo, cumple su tarea de criticarlo.

La institucionalización de la persecución política

Que la Superintendencia de Compañías se haya convertido en una herramienta de persecución política es un síntoma inequívoco de autoritarismo y falta de cultura democrática. Es un abuso del poder y una quiebra del orden institucional. El presidente de la República ya dispone de organismos, como la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), que le permiten montar falsos casos de lavado de activos y defraudación tributaria, como ya hizo con esta empresa recurriendo incluso al expediente fraudulento de forjar pruebas y documentos. Tiene a su disposición, además, los recursos de un Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) que coordina esos esfuerzos y destina ingentes cantidades de dinero provenientes de la cuenta de gastos reservados para organizar campañas sucias de desinformación, en redes sociales y en sus propios medios, con el fin de desprestigiar con calumnias a sus víctimas (con la complicidad de Contraloría, que debiera vigilar el buen uso de esos fondos).

Así, mientras el crimen organizado se infiltra en todas las instituciones, los delincuentes más buscados montan empresas de seguridad que consiguen contratos públicos, obtienen permisos para portar armas concedidos por las autoridades del Estado y lavan decenas de millones de dólares de dinero mal habido en emprendimientos ridículos, los servicios de inteligencia y la UAFE, es decir, Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira Hanze, andan a la caza de ciudadanos honestos a los que consideran enemigos. Y a las dependencias formales del Ejecutivo se suman en esos esfuerzos otros organismos en teoría independientes, como la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías.

El caso Catrina Tala: otro patrón de represalia

Ambos, Fiscalía y la Superintendencia, intervinieron esta semana en lo que tiene todas las características de ser otro caso de persecución política gratuita: la incursión policial en las oficinas de la empresa productora Rompecabezas, de Catrina Tala. Acusada también de lavado de activos, Rompecabezas lleva intervenida por la Superintendencia de Compañías más tiempo del que se supone razonable para corregir las supuestas irregularidades que se le imputan. Sin embargo, y a pesar de los informes favorables de los mismos interventores, la Fiscalía decidió allanar sus instalaciones este lunes. Según Catrina Tala no se llevaron nada, lo cual parece reforzar la idea de una retaliación política. Ella fue una de las comunicadoras que con mayor empeño apoyó las reclamaciones de Gabriela Goldbaum, exesposa de Daniel Noboa y víctima de su desmedida persecución judicial a raíz de un divorcio contencioso.

¿Es esto lo que quería significar el presidente de la República cuando se jactó de ser un pésimo enemigo? El hecho es que el actual fiscal, Carlos Alarcón, solía ser el abogado estrella del equipo jurídico al servicio de Daniel Noboa que actuó en contra de Gabriela Goldbaum y su familia.

La Fiscalía también fue utilizada (de manera infame, hay que decirlo) para allanar y detener a un grupo de familias humildes de canillitas que vendían (entre otras cosas) Diario EXPRESO. Ocurrió a propósito de la primera (y fallida, por fraudulenta y ridícula) arremetida oficial contra GRANASA, encabezada por el poco íntegro secretario de Integridad y director de la UAFE (entre otros 11 cargos que lleva puerilmente bordados como insignias en la chaqueta de plomero que se mandó a confeccionar), José Julio Neira Hanze.

El lunes, mientras las oficinas de Catrina Tala eran allanadas, los rumores de que las instalaciones de Diario EXPRESO serían las próximas en la lista de la Fiscalía se regaban como pólvora en Quito y Guayaquil: se respira, desde ya, una atmósfera de dictadura; ese clima enrarecido en el que aquellos que han sido declarados enemigos por el régimen viven en el sobresalto constante de esperar el próximo golpe de arbitrariedad, el próximo abuso. No hace falta imaginar las presiones a las que debe estar sometido el juez Eduardo Santamaría, que probablemente se esté jugando el cargo con la decisión que debe anunciar esta tarde.

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