Caso Goleada: Tribunal exige la presencia de Fiscalía en audiencia de Aquiles Álvarez
El Tribunal de Apelación le recuerda a la Fiscalía General que su participación es una obligación legal y constitucional
El Tribunal de Apelación que conoce el denominado caso “Goleada” dispuso oficiar a la Fiscalía General del Estado para que designe un fiscal que comparezca obligatoriamente a la audiencia del 5 de marzo, en la que se revisará la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, al considerar que su participación constituye un deber legal y constitucional dentro del proceso penal.
La decisión consta en una providencia emitida este 3 de marzo de 2026, tras un pedido presentado por la defensa del procesado, luego de que una audiencia anterior no pudiera instalarse debido a la inasistencia del fiscal del caso, Dennis Villavicencio, situación sobre la que hasta la publicación de esta nota no ha presentado justificación ni ha generado un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado.
Pedido de la defensa
El abogado Ramiro García Falconí solicitó al Tribunal que se oficie a la Fiscalía para que designe un fiscal alterno que acuda a la audiencia convocada para el jueves 5 de marzo de 2026, a las 14:00, en caso de que el fiscal titular, Dennis Villavicencio, no comparezca.
El pedido se fundamentó en que la última audiencia de apelación de la medida cautelar no pudo desarrollarse precisamente por la ausencia del representante del Ministerio Público, lo que impidió avanzar en la revisión de la prisión preventiva, dictada por el juez de instrucción Jairo García el 11 de febrero de 2026, dentro de la investigación por presunta delincuencia organizada que involucra el presunto comercio ilegal de diesel a través de empresas como Corpalubri, Ternape, etc.
Según el Tribunal, el 2 de marzo de 2026 estaba prevista la audiencia de fundamentación del recurso de apelación presentado por Aquiles Álvarez, preso en la Cárcel Regional de Cotopaxi; César Emilio Bravo Ibañez, Xavier Mario Álvarez , Antonio José Álvarez y Fernando Peñaherrera Venegas, presos en la cárcel de Turi, en Azuay.
Ante la ausencia del representante de la Fiscalía y la falta de justificación, el Tribunal declaró el abandono del recurso de Fiscalía, pues quería apelar las órdenes de presentaciones periódicas del resto de procesados, quienes no recibieron prisión preventiva.
Obligación constitucional de la Fiscalía
Ante este antecedente, el Tribunal resolvió adoptar medidas para evitar una nueva suspensión y garantizar la continuidad del proceso, recordando que la presencia de la Fiscalía en audiencias penales no es facultativa sino obligatoria.
Los jueces señalaron que el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, tiene el deber constitucional y legal de intervenir en las diligencias judiciales, especialmente cuando se discuten medidas cautelares que afectan derechos fundamentales como la libertad personal.
En ese contexto, dispusieron oficiar formalmente a la Fiscalía General del Estado para que asegure la comparecencia de un fiscal, titular o alterno, en la audiencia convocada.
Además, el Tribunal de Apelación ofició al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para que gestione la comparecencia telemática, vía Zoom, de los procesados privados de libertad y así asegurar la instalación de la diligencia sin nuevas suspensiones.
Revisión de la prisión preventiva
La diligencia será oral, pública y contradictoria, y permitirá al Tribunal evaluar si la medida cautelar cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución y la normativa penal ecuatoriana. La actuación del Tribunal busca evitar dilaciones procesales y garantizar el derecho que tienen las personas a acceder a los tribunales de justicia de manera rápida e imparcial, con el propósito de obtener una respuesta justa y equitativa.
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