Prefecta Pabón presenta demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, llegó a la Corte Constitucional y pidió que deje sin efecto la reforma al Cootad
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, encabezó a un grupo de personas que se movilizó hacia la Corte Constitucional (CC), en el norte de Quito, para presentar este 3 de marzo de 2026 una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley reformatoria del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), al considerar que la norma propuesta por Daniel Noboa viola derechos.
Luego de interponer el recurso, Pabón subió a la plataforma de un camión y habló ante los asistentes. Manifestó que han "salido a las calles para decirle a Noboa, a la Asamblea Nacional y a su bloque que no vamos a permitir que se retrocedan derechos. Estamos planteando esta demanda de inconstitucionalidad porque defendemos los derechos de nuestra gente, de las mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores".
El pedido de Pabón a la Corte Constitucional
Según Pabón, acudía al organismo al considerar que la entidad es independiente del Ejecutivo, para solicitarle que deje sin efecto a la normativa. Esto mientras resuelve la demanda en contra de la reforma que impulsó el régimen para que los Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD) destinen al menos el 70% de su presupuesto a inversión y servicios públicos y el 30% restante lo asigne al gasto corriente, que incluye el pago de sueldos de los trabajadores municipales.
"La Constitución obliga a los gobiernos subnacionales a tener políticas sociales. Con esta norma se estaría afectando la prestación de esas políticas sociales, la asistencia social, se estaría afectando a mujeres, campesinos", etc, indicó.
"Pedimos que no dé paso a esta reforma inconstitucional de fondo y forma. Jamás debió ser tratada como ley económico urgente, sesionaron en Carnaval, vía Zoom, alejados de la gente porque están yendo contra los intereses del pueblo", señaló Pabón en los exteriores de la CC.
Pabón, así como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz y organizaciones sociales se han pronunciado en contra de la normativa al considerar que afectará la prestación de los servicios sociales que brindan los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, por la forma en la que se establece la asignación de los recursos.
Luego de la demanda de la prefecta, está previsto que Muñoz presente un recurso similar durante la jornada del miércoles 4 de marzo.
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