Suspensión de jueza Daniela Ayala por dolo en Caso Magnicidio FV
Medida preventiva: Suspendida la jueza Ayala por dolo. Podría ser destituida del cargo según el Código Judicial
El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este lunes, 2 de marzo de 2026, la suspensión temporal de la magistrada Daniela Ayala Álvarez. La medida, que se extenderá por tres meses sin goce de haber, responde a la presunta comisión de una falta gravísima de dolo durante su actuación en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio.
La decisión del organismo se fundamenta en que Ayala, mientras integraba la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, emitió medidas cautelares a favor de procesados clave como Xavier Jordán y el exministro José Serrano. Según la Judicatura, dicha resolución carecía de sustento, pues no formaba parte de los requerimientos presentados por la Fiscalía General del Estado.
Medida preventiva y antecedentes
La Judicatura enfatizó que esta suspensión no constituye aún una sanción definitiva, sino una medida preventiva vigente mientras se desarrolla el sumario administrativo. Cabe recordar que Ayala ya se había apartado del caso a mediados de enero, tras alegar una supuesta campaña de desprestigio en su contra.
No es la primera vez que la conducta de la magistrada genera controversia. Durante la audiencia de formulación de cargos en septiembre de 2025, sus expresiones contra la fiscal Ana Hidalgo derivaron en quejas administrativas que ya le habían costado suspensiones previas. En este proceso también figuran como señalados el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, todos bajo la sospecha de ser autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023.
Riesgo de destitución por falta gravísima
El panorama legal para Ayala se complicó el pasado 16 de enero, cuando un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó que la jueza incurrió en error inexcusable y dolo. Esta declaratoria técnica es determinante para su futuro profesional.
De acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, estas figuras legales se tipifican como faltas gravísimas. Bajo este marco normativo, el proceso disciplinario que actualmente avanza en el Consejo de la Judicatura podría culminar con la destitución definitiva de la servidora judicial, cerrando así un capítulo de cuestionamientos sobre su imparcialidad en uno de los casos más sensibles del país.
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