Tráfico legislativo y retrasos marcan el trabajo del CAL
Asamblea acumula proyectos de ley. Muchos se estancan más allá del plazo legal. Se requiere reforma al reglamento legislativo
La promesa de una “nueva Asamblea” se está quedando en el discurso y no se refleja en los hechos. Eso, debido a que las prácticas de los anteriores Consejos de Administración Legislativa (CAL) se mantienen, pues más de la mitad de los proyectos de ley que han sido presentados, desde su posesión, continúan a la espera de la voluntad del máximo órgano de administración de la Asamblea Nacional.
Desde el 14 de mayo de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, de las 212 iniciativas legales que reposan en manos del CAL, menos de la mitad han sido calificadas por este organismo legislativo. En total, solo 78 propuestas han avanzado en el trámite: 58 fueron enviadas a una comisión de la Asamblea y 20 fueron negadas, mientras que 126 todavía permanecen sin resolución y ocho fueron retiradas.
La acumulación de proyectos de ley en manos del CAL, a criterio de Pablo Proaño, coordinador general de Dignidad y Derecho, responde a un problema de organización administrativa que genera un “tráfico legislativo”. Esta dinámica, además, atenta contra la seguridad jurídica.
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Incumplimiento de plazos y de la ley
Esto ocurre, sobre todo, porque la Asamblea ha centrado sus prioridades en temas ajenos a su razón de ser, considera el analista político Alfredo Espinosa, como la discusión sobre Venezuela, entre otros asuntos. “Lo que existe es una destellocracia en el trabajo legislativo, mucha venta de humo; al final, lo único que se ha hecho es represar toda la documentación”, sostiene.
Además, esta situación evidencia un incumplimiento de funciones, sentencia el abogado José Correa, especialista en Administración Pública, Ciencia Política y Criminología, y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Explica que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece un plazo máximo de 60 días para que el CAL califique los proyectos de ley.
De acuerdo con la plataforma de consultas de proyectos de ley del Legislativo, existen 57 iniciativas que ya se encuentran fuera del plazo establecido. Estas ingresaron entre junio y noviembre de 2025, a diferencia de otras 69 que todavía están dentro del tiempo determinado.
Un problema arrastrado de legislaturas anteriores
Y es que la eficiencia, menciona Espinosa, no se mide con palabras, sino con datos; las cifras evidencian que esta es “una institución que no tiene dentro de su prioridad el tratamiento de informes ni de proyectos de ley”. A su juicio, esta problemática no es exclusiva de la actual Asamblea, sino un mal que se ha arrastrado de otros periodos.
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Pleno esté consciente de los rezagados.
Pablo Proaño
Las anteriores propuestas se suman a las 2.851 iniciativas que yacen sin calificación por parte del CAL desde hace tres periodos legislativos. Es decir, “este órgano sigue plagado de viejas prácticas que impiden que los proyectos se conviertan en normas para la solución de los problemas de las personas”, denuncia el jurista Correa.
A ello se suma que el CAL, como el filtro más importante de la Asamblea para la calificación de proyectos, permite la existencia de arbitrariedad política, es decir, decide qué iniciativas de ley avanzan y cuáles no, observa Proaño. Por esta razón, propone una reforma al reglamento legislativo que no solo permita presionar y sancionar los atrasos en el procesamiento de las propuestas, ya sean estas presentadas por los asambleístas, las carteras de Estado o la ciudadanía, sino que también obligue a este órgano a explicar los motivos de sus decisiones.
El rol del Pleno y la presión política pendiente
El CAL, como filtro principal de la Asamblea, permite arbitrariedad política al decidir qué iniciativas avanzan y cuáles no, señala Proaño. Si el presidente Niels Olsen no lleva estos temas al CAL, Correa sostiene que el Pleno, con mayoría, debería pronunciarse.
Por esta razón, Proaño propone una reforma al reglamento legislativo que no solo permita presionar y sancionar los atrasos en el trámite de las iniciativas que sean presentadas por asambleístas, ministerios o ciudadanía. Además, plantea que al CAL se le obligue a explicar los motivos de sus decisiones.
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trate los proyectos.
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