La inacción abre el camino a normalizar la impunidad en Ecuador

En Ecuador, varios acontecimientos que involucran presuntos actos de corrupción no figuran entre las prioridades de investigación de los distintos órganos del poder. Pese a la existencia de indicios de posibles irregularidades que comprometerían a autoridades públicas, estos casos no han generado el interés ni una respuesta clara, oportuna ni sostenida por parte de las funciones del Estado.

Entre los episodios que han quedado al margen del control político están los casos Progen, ATM, Porsche, Galamedios, Las Malvinas, el paro nacional de 2025, la situación del sector de la salud y la compraventa de 93 hectáreas en el cantón La Libertad. Todos han sido señalados por posibles anomalías; sin embargo, hasta ahora no han derivado en acciones contundentes por parte de las autoridades competentes.

La falta de fiscalización pone en riesgo la democracia

Pero esta falta de fiscalización real y de investigación por parte de los órganos representaría un riesgo no solo para el sistema democrático, “porque se estaría hablando de un estado fallido”, considera José Correa, especialista en Administración Pública y Ciencia Política, y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Además, pone en peligro el diario vivir de la gente, al afectar su confianza en las instituciones para tener respuestas reales a los problemas que vivimos.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Bruno Dedé: “La venta se frenó, pero deben explicar quién está detrás”

Correa señala que, lamentablemente, hoy vemos que quienes tienen un grado de responsabilidad, por estar vinculados a hechos de corrupción, son autoridades de todo nivel. “Por lo que, agrega, entre más se postergue la toma de decisiones, por duras que sean, los problemas se van a agudizar más”.

“Eso, porque luego se va a hacer más difícil sancionar a un ministro o a algún otro funcionario que cometa otra infracción”, observa el abogado Correa. Además, advierte que la falta de fiscalización hará a que se normalice la impunidad, dejando precedentes peligrosos.

La instrumentalización política de la corrupción

No obstante, Andrés Lozano, politólogo y director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, dice que es importante que todos estos casos “no sean banalizados por la política”. Advierte que, si se usan como un arma política momentánea, sin que exista una verdadera investigación y una contrastación de los datos, se mermará la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

LE SUGERIMOS LEER: Martha Ramos: “Atacar las finanzas de los medios es la mayor amenaza al periodismo”

Por ello, sostiene que es fundamental que la justicia y los sistemas de control se activen y realicen las investigaciones pertinentes en todos los actos que han sido denunciados. El que no lo hagan, subraya el experto, facilita que estos temas se banalicen. “Cuando la Fiscalía y/o Contraloría no se pronuncian, abren la puerta para el espectáculo político”.

Un sistema de justicia condicionado por intereses partidistas

No obstante, lo que se ha podido observar es que el sistema de justicia responde a intereses políticos, señala Alberto Feijoo, sociólogo y catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. De manera similar, la Asamblea Nacional tampoco está respondiendo a los intereses ciudadanos, sino a los particulares de la tienda política.

Esto ocurre porque los actores políticos están más enfocados en la siguiente elección que en el desarrollo nacional, porque el régimen se está sosteniendo con un populismo de carácter plebiscitario. “En el ámbito de la fiscalización, cuando los intereses van en contra de su propia agrupación política, ellos piensan que es un autogol y no lo van a hacer”, explica Feijoo.

LE INVITAMOS A LEER: Cpccs rumbo a 2027: ¿será posible frenar la politización?

Aun así, Lozano sostiene que el Legislativo es el organismo llamado a realizar una investigación política sobre los casos de corrupción. Por ello, insiste en que se debe exigir una lucha real contra este flagelo, pero con un enfoque técnico, de manera que se preserve la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad ecuatoriana.

Partidos y ciudadanía, llamados a presionar por controles efectivos

Pero si estos organismos no realizan controles efectivos ni hay una reacción por parte del poder político, Correa propone que los partidos presionen a sus delegados en la Asamblea, ya que ellos están llamados a fiscalizar. Caso contrario, sostiene, la ciudadanía debe exigir respuestas a través de observatorios, veedurías y otros mecanismos que le permitan exponer estos problemas para que “al menos haya una reacción que logre dar un giro al timón, lo que necesita el país en este rato”.

De no actuar, los académicos advierten que el país estaría condenado a postergar indefinidamente la toma de decisiones frente a sus problemas reales. Esta inacción, explica el abogado Correa, conduce a la “normalización de la impunidad” y nos empuja hacia un estado fallido; una falta de acción que no es solo un riesgo político, sino una amenaza directa para la democracia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!