José Molina Gallegos | Un concurso que nos debe importar a todos
Fiscalía no puede convertirse en un espacio de cuotas ni de afinidades. Es una institución clave para que el Estado funcione
El concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado no es un trámite más en la agenda pública. No es un nombre que cambia en un organigrama. Es, probablemente, una de las decisiones institucionales más delicadas que puede tomar el país. El fiscal general no es una figura decorativa ni un funcionario administrativo; es la máxima autoridad del único órgano del Estado, dentro de la Función Judicial, que tiene la potestad de investigar delitos y de iniciar un proceso penal por los llamados “delitos de ejercicio de acción pública”, para no ser técnico, las conductas más graves (peculado, robos, lavado de activos, asesinatos, etc.). Desde un robo o un hurto, hasta los casos de corrupción más complejos pasan, invariablemente, por esa institución. De su independencia, objetividad y firmeza depende que la ley no sea letra muerta en el papel en una de las ramas más sensibles y delicadas, que es la penal.
Por eso este concurso debería importarnos a todos, incluso a quienes creen que “no tienen nada que ver con la justicia”. La Fiscalía decide a quién investigar y cuándo hacerlo. Decide prioridades y tiempos, y en un país donde la desconfianza en el Estado y las autoridades es alta, esas decisiones pesan más que nunca.
El problema es que, hasta ahora, el proceso no ha transmitido la transparencia que uno esperaría. El CPCCS, encargado de llevar adelante estos concursos, arrastra una reputación que no ayuda. A lo largo de los años, varios procesos de designación han dejado más dudas que otra cosa. Sus decisiones padecen de cuestionamientos constantes, lo cual, creo yo, no es en vano; se lo han ganado a pulso.
Esto se trata de exigir que el concurso sea claro, público y técnicamente impecable; que gane quien tenga la mejor trayectoria, la mayor preparación y, sobre todo, la honestidad y objetividad que el cargo exige. Lo mínimo que debería esperar el país es que llegue una persona capacitada, honesta e independiente, y lo mínimo que deberíamos exigir como ciudadanos es transparencia y no retóricas vacías.
La Fiscalía no puede convertirse en un espacio de cuotas ni de afinidades. Es una institución clave para que el Estado funcione. Por eso, más que espectadores, debemos ser vigilantes y críticos, porque cuando se elige al fiscal general no se está llenando una vacante, se está definiendo cómo se investigarán las conductas más lesivas al orden social.