Rebaja de impuesto, decomiso de bienes: claves del proyecto urgente de Noboa

Apenas horas después de que fueron conformadas las comisiones legislativas, el presidente Daniel Noboa envió este sábado 17 de mayo de 2025 el proyecto de Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, cuya propuesta es calificada por el Ejecutivo como urgente en materia económica.

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El texto de 31 páginas detalla en los antecedentes la situación de seguridad en el país, así como las cifras de las muertes violentas en los últimos años, por lo que señala que el proyecto de ley tiene como fin "enfrentar circunstancias apremiantes para la desarticulación de las economías criminales y sus efectos inmediatos dentro de la economía nacional, en el marco del conflicto armado interno que vive el Ecuador".

El proyecto dice que el Gobierno reconocerá el conflicto armado interno cuando exista intensidad de la violencia y la organización de grupos armados armados, paramilitares, guerrilleros, autodefensas u otras agrupaciones "que cumplan con los elemento o requisitos" del reglamento de la propuesta de ley. 

Después de que la propuesta llegó al Parlamento, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, confirmó que "recibimos el proyecto de ley para desarticular la economía criminal ligada al conflicto armado interno, enviado por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica. Sabemos lo importante que es para el país avanzar en seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales". Por ello ofreció "tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige", según escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Los asambleístas deberán tratar, aprobar o rechazar el proyecto de ley en máximo 30 días, al tratarse de una propuesta de carácter económico urgente. De lo contrario, la normativa entrará en vigencia como la envió Noboa. 

Debido a la especificidad del proyecto, este podría ser designado a la Comisión de Régimen Económico, la cual es presidida por la oficialista

Rebaja de impuestos, decomisos

En materia económica plantea una rebaja del impuesto a la renta a “los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas, en equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana". La reducción impositiva tendrá un "límite del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución".

También propone otorgar un incentivo económico a la ciudadanía, que será destinado a los pequeños y medianos productores del sector agro productivo, a jóvenes y adultos, así como a los pequeños emprendedores, artesanos y negocios populares para la reactivación económica y reconstrucción del tejido social "por los efectos de las economías criminales en el conflicto armado interno".

Además, dispone que los bienes vinculados a sus economías criminales "serán incautados y ocupados por parte de las fuerzas gubernamentales para su posterior entrega a las instituciones encargadas de su administración y/o gestión". Los bienes inmuebles serán administrados por Inmobiliar, mientras que el Ministerio de Finanzas se encargará "de los valores, dinero en efectivo, ganancias u otros".

Jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno

En las disposiciones transitorias, Noboa plantea que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía nombren a jueces y fiscales especializados en conflicto armado interno, respectivamente. La designación deberá efectuarse en los próximos 90 días posteriores a la vigencia de la ley.

También propone varias reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre ellas, que los allanamientos durante la declaratoria de conflicto armado interno no requieran de la orden de un juez, que el Bloque de Seguridad disponga la detención con fines investigativos; no se podrá emitir medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva en contra de los sospechosos que incurran en los delitos "cometidos en el marco" de ese conflicto, etc.

Propone que si los policías o militares son procesados por hechos vinculados " al cumplimiento de su deber legal, dentro de un conflicto armado interno, en ningún caso se aplicará prisión preventiva, ni arresto domiciliario ni uso de dispositivo electrónico" (grillete). Para esas eventuales situaciones pide que los uniformados investigados sigan "realizando sus respectivas funciones", mientras se efectúen las investigaciones.

Además, Noboa plantea penas de cárcel de hasta 30 años para las personas que pertenezcan o dirijan a grupos armados organizados.

Otra de las normativas que pide reformar es la Ley Orgánica de Personal de Fuerzas Armadas para negar la baja voluntaria a los uniformados que lo requieran en el período en el que rija dicho conflicto interno. Incluso establece otras tareas para la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), a través de la modificación a la Ley de prevención y combate del delito, para que la entidad priorice la detección de operaciones financieras vinculadas a los grupos armados organizados, entre otras.

La propuesta de Ley de Noboa es enviada una semana después de la emboscada de 11 militares en la zona del Alto Punino, en la provincia de Orellana. El pasado viernes 9 de mayo, el grupo de guerrilleros Comandos de la Frontera asesinaron a los uniformados, cuando las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizaban un operativo en contra de la minería ilegal en ese sector de la frontera norte con Colombia.

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