Daniel Noboa envía proyecto de ley económico urgente a la Asamblea: ¿De qué se trata?

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa estrena a la nueva Asamblea Nacional con el envío de un primer proyecto de ley económico urgente relacionado con el combate a la economía de las organizaciones criminales.

El proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno fue enviado por el mandatario este 17 de mayo de 2025, desde Roma, al presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen.

Noboa adjuntó al proyecto de ley económico urgente un dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas que, en la parte pertinente, señala que la propuesta de la Presidencia "guarda coherencia con el ordenamiento jurídico vigente".

El Ejecutivo habla de jueces especializados en conflicto armado interno

El proyecto de ley del Ejecutivo también habla de medidas específicas de seguridad para el conflicto armado interno y la desarticulación de las economías criminales que, entre otros temas, incluye zonas de seguridad, juzgamiento de los miembros del crimen organizado y la transición hacia la paz.

Las zonas de seguridad serán entendidas durante un conflicto armado interno, al espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, económica y/o financiera requieren de una regulación especial, por las características y elementos que la conforman. Solo en caso de conflicto armado interno, el Presidente de la República declarará como zonas de seguridad, identificadas por el Bloque de Seguridad.

Respecto al régimen penal aplicable a los aprehendidos, el proyecto de ley sostiene que será el establecido en el Sección Quinta de los delitos cometidos en el marco de un conflicto armado interno, a continuación del artículo 139 del Código Orgánico Integral Penal.

"Esté régimen se aplicará exclusivamente a los individuos que participen de manera directa o indirecta en los grupos armados organizados o estén vinculados a sus economías criminales, dentro del conflicto armado interno", precisa el proyecto.

Además, se señala que los individuos de los grupos armados organizados o vinculados a sus economías criminales, bajo custodia estatal, serán juzgados por jueces especializados en conflicto armado interno. En sus disposiciones finales, el Ejecutivo le otorga 90 días al Consejo de la Judicatura para que realice las acciones necesarias para la creación y formación de estos jueces.

Asimismo, otorga a la Fiscalía General del Estado 90 días para que realice las acciones necesarias para para la creación y formación de fiscales especializados en conflicto armado interno a nivel nacional.

El Ejecutivo propone vías para "cortar" la economía criminal

De acuerdo con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el mismo tiene como objetivo establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad para "establecer un marco jurídico aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno".

Una de las vías para hacerlo es estableciendo la prohibición del reclutamiento forzado por parte de grupos armados organizados y las actividades de sus economías criminales, según consta en el proyecto de ley enviado.

Por otro lado, la iniciativa del Ejecutivo también sostiene que los bienes muebles e inmuebles, valores, dinero en efectivo, derechos, ganancias o cualquier rédito derivado de actividades criminales serán incautados y ocupados por parte de las fuerzas gubernamentales para su posterior entrega a las instituciones encargadas de su administración y/o gestión.

En ese sentido, el proyecto de ley establece como bienes que se presumen como objetivos militares a aquellos en los que se realicen actividades ilícitas de los grupos armados organizados, faciliten el tráfico ilícito de cualquier tipo de droga, almacenen armas, municiones o sus competentes, Vehículos polarizados y sin placas que circulen por las vías del país, y los demás que determinen las Fuerzas Armadas.

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