¿Qué pasó con Ley de Inteligencia? ONU y viceprefecta presentaron escritos a Corte
Relator Especial sobre la promoción de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo envió amicus curiae
De las tres leyes impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobadas por su bancada en la Asamblea Nacional, una aún no cuenta con resolución sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional: la Ley de Inteligencia.
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La alta corte tramitó las demandas y escuchó a las partes en audiencia pública el pasado 1 de septiembre. Desde entonces, no ha habido un pronunciamiento sobre el fondo del caso, aunque varios artículos de la normativa permanecen suspendidos.
Por ahora, los amicus curiae continúan llegando. El más reciente fue presentado por la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère Quinche. El 24 de octubre de 2025, ella ingresó un escrito en el que cuestiona la facultad de las autoridades para bloquear sus cuentas bancarias.
En el documento, Vercoutère señala a las leyes de Inteligencia y Transparencia Social —también aprobada como económica urgente— como la base para la vulneración de sus derechos fundamentales.
“En virtud de la disposición reformatoria tercera de la Ley de Transparencia Social, se incorporó el artículo 17.3 a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos que faculta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a disponer de manera inmediata la inmovilización cautelar de fondos en el Sistema Financiero Nacional, cuando existan indicios objetivos, graves y verificables de posibles delitos financieros o vinculaciones sospechosas”.
Vercoutère indicó que, en medio del proceso que lleva adelante por la inmovilización de sus cuentas, la Superintendencia de Bancos invocó el artículo 55 de la Ley de Inteligencia, el cual fue suspendido como medida cautelar por la Corte Constitucional.
La ONU también es parte del proceso
Un organismo internacional también ha intervenido en el proceso mediante la presentación de un amicus curiae. Se trata del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul.
El documento, remitido el 15 de septiembre de 2025, tiene 10 páginas. Entre las preocupaciones sobre la normativa que está en suspenso, el relator señala: “Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, toda medida de vigilancia o interceptación debe basarse en una ley que sea clara, precisa y detallada. Sin embargo, ciertos conceptos fundamentales contenidos en la Ley de Inteligencia no cumplen estos requisitos de legalidad, certeza y previsibilidad”.
Cuestionó, por ejemplo, el concepto de “seguridad integral”, que también fue observado por la Corte Constitucional. “La expresión ‘seguridad integral’, que sustenta muchas de las facultades de recopilación de la inteligencia, carece de toda definición en la ley”, indica el documento.
Asimismo, critica el rol del reglamento y las atribuciones del órgano rector del sistema de inteligencia. “El requisito de legalidad se ve aún más comprometido debido a que la Ley no regula de manera exhaustiva las facultades de inteligencia, sino que delega al órgano rector la amplia facultad de establecer la normativa para el control de las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia”, se lee en el amicus curiae.
La posición del oficialismo
La noche del 14 de octubre de 2025, en Guayaquil se registró un atentado con explosivos en el sector del Mall del Sol. También se reportaron ataques a puentes de vías importantes en la provincia de Guayas. Ante estos hechos, el oficialismo en la Asamblea se pronunció y volvió a destacar la importancia de la Ley de Inteligencia.
En rueda de prensa, el bloque oficialista intentó vincular los ataques con el paro nacional de 2025 y cuestionó la falta de un pronunciamiento de la Corte sobre la normativa.
El legislador gobiernista Andrés Castillo expresó: “Es lamentable que las normas que han salido desde esta misma mesa (Comisión de Seguridad) sigan suspendidas por una Corte que prioriza el derecho a la intimidad de los delincuentes”.
El 15 de octubre de 2025, Castillo anunció que la Asamblea enviará escritos a la Corte Constitucional para solicitar un pronunciamiento sobre la ley. “Qué bueno hubiese sido una Ley de Inteligencia con todos los artículos activos, particularmente aquellos que permiten la interceptación de llamadas telefónicas”, añadió.
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