Fin de audiencias: Asamblea y Ejecutivo apenas lograron defender sus leyes

El Gobierno y la Asamblea enfrentaron ayer la última audiencia pública por las demandas de inconstitucionalidad contra tres leyes aprobadas por el oficialismo: Solidaridad Pública, Integridad Pública e Inteligencia.

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El balance para el oficialismo no es favorable y ahora resta conocer qué decidirá la Corte Constitucional sobre el futuro de las tres normativas.

Nuevamente, los abogados del Legislativo y Ejecutivo fueron sometidos al escrutinio de los magistrados, esta vez por la Ley de Inteligencia. Hubo cambios, al menos en la representación de la Asamblea. Mercedes Mediavilla, quien tuvo un rol protagónico en las audiencias anteriores, fue reemplazada (al menos durante gran parte de la diligencia) por Edgar Lagla.

Por parte del Ejecutivo, repitió su intervención Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República. Ambas entidades coincidieron en replicar el argumento de que los demandantes no especificaron con claridad los derechos presuntamente vulnerados. Incluso, Mediavilla dijo que los accionantes se basaron en supuestos sobre la aplicación de los artículos.

Esto, a pesar de que los cuatro demandantes expusieron, una a una, las afectaciones que, según su criterio, convierten a la Ley de Inteligencia en una norma inconstitucional. Inredh, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y el Frente Unitario de Trabajadores señalaron la vulneración de derechos como la intimidad, la inviolabilidad de la correspondencia, la seguridad jurídica y la concentración excesiva de poder en el primer mandatario.

Los tropiezos en las audiencias

Como ocurrió en las dos audiencias anteriores, los abogados defensores de la Ley de Inteligencia tropezaron con sus propios argumentos en más de una ocasión. Por ejemplo, Lagla afirmó: “No existe la inexistencia de violación o disposición constitucional. Por lo tanto, bajo el principio prolegislatore, la inconstitucionalidad de la normas es el último recurso y en función de eso se solicita que se desestimen los cargos”.

Así de inentendibles fueron algunos pasajes de los alegatos. Aunque esa cita pueda parecer excepcional, recuerda a la defensa de la Ley de Integridad, en la que se dijo: “Si es que logramos hacer el ámbito reformatorio realmente busque y se genere la reinserción, que también es lo que se está buscando, es eso, el interés superior del niño, se ve protegido porque estar a la interna buscará la reinserción como tal”.

La argumentación no mejoró ayer. Un tema sensible fue la solicitud de información y la posible afectación al derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, contemplados en la Ley de Inteligencia. Lagla intentó justificar que no sea necesaria una orden judicial. Esto pese a que la ley habla de solicitar información a las telefónicas o a entidades públicas y privadas para la inteligencia.

Inteligencia vs. proceso judicial

Según el abogado, una cosa es la recopilación de información para fines de inteligencia y otra el proceso judicial contra una persona. En su análisis, como la primera no persigue la judicialización sino únicamente la recolección de datos, no se requiere una orden judicial y ello no afecta derecho alguno.

El juez Alí Lozada, durante la ronda de preguntas, planteó un tema central que no ha sido abordado con suficiente profundidad por el Gobierno. Lozada pidió que los demandados analicen si el fin que persigue la ley es legítimo y, en ese contexto, si se ha hecho un balance entre la persecución de dicha finalidad y la afectación de derechos.

Finalmente, en el momento de la réplica, Andino ensayó un ejercicio de sinceridad. El Gobierno parece consciente de que sus leyes podrían exceder los límites constitucionales. 

Por eso, el secretario jurídico expresó: “Quisiera enfatizar en que necesitamos evolucionar en nuestra concepción de los derechos. Ante la situación grave que vive el país, en efecto, ciertos derechos podrían restringirse, pero para eso está la ley y siempre que exista una restricción debe hacerse de forma clara”.

Esto, a pesar de que no lograron aclarar varias interrogantes que los mismos jueces plantearon y que, según se señaló, no fueron respondidas.

Para el experto en Derecho Constitucional Daniel Gallegos, los abogados de la Asamblea y Ejecutivo hicieron lo que pudieron con el material con el que contaban. “Es bastante difícil defender la constitucionalidad, sobre todo de la Ley de Inteligencia, sin caer en falacias o correcciones. Tiene varias inconstitucionalidades que son difíciles de esconder”.

Por su parte, para le experto en Derecho Esteban Ron señaló que el Gobierno sabía que las normas adolecían de problemas de inconstitucionalidad. En ese escenario, su apuesta parece haber sido presionar a la Corte Constitucional. Sin embargo, el riesgo asumido por el Ejecutivo es muy alto.  

Pero para la Presidencia, lo hecho por su representante se enmarca dentro de lo esperado. Ayer, la vocera gubernamental Carolina Jaramillo dijo: “Quienes hacen la argumentación tienen que cumplir un deber, que es defender la constitucionalidad de las leyes. Se está cumpliendo con ese objetivo”.

Entonces le hicieron notar que sus abogados han sido tratados como pasantes. “Es, por decir lo menos, inapropiado referirse a profesionales de esa manera”, contestó Jaramillo.

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