Si no apoyan la consulta, ¿qué proponen los opositores a Noboa?

Aunque el Gobierno del presidente Daniel Noboa sostiene que una Constituyente permitirá desenredar nudos críticos y, en consecuencia, mejorar la vida de los ecuatorianos, hay quienes consideran que el país no necesita una nueva carta política apenas 17 años después de haber aprobado la última, impulsada por el expresidente Rafael Correa.

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De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), existen en total 15 organizaciones políticas y sociales inscritas para realizar campaña a favor y en contra de la Constituyente. Diario EXPRESO intentó conversar con los opositores a la iniciativa del Ejecutivo para conocer la razón de su negativa y cuál es su contrapropuesta.

Desde Unidad Popular, una de las siete organizaciones políticas inscritas para hacer campaña en contra de la Constituyente, su director, Geovanni Atarihuana, sostiene que la postura de su partido se basa en que los objetivos que persigue el Gobierno no son los mismos de los ecuatorianos.

Atarihuana cree que se debe cobrar impuestos a los evasores y grandes morosos

Según Atarihuana, el Gobierno del presidente Daniel Noboa debería enfocar sus esfuerzos en cobrar los impuestos a los evasores y grandes morosos, así como priorizar los recursos para declarar en emergencia la salud y la educación, e invertir en obra pública y producción, en lugar de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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De igual forma, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), señala que se oponen a la Constituyente porque el supuesto “secuestro institucional” denunciado por Noboa solo es una muletilla del Gobierno para acaparar poder y recuperar terreno perdido tras dos años sin resultados concretos.

“Tiene herramientas para combatir al crimen organizado. Si requiere algún cambio de la Constitución, podría hacerlo por enmiendas o reformas —un camino más corto—, o cambiando su modelo económico”, comenta y sostiene que, hasta el momento, el presidente solo ha implementado políticas que desconocen la realidad de los ecuatorianos.

Por otro lado, Gustavo Larrea, dirigente de Democracia Sí, argumenta la oposición de su organización política señalando que, aunque están de acuerdo en que se necesitan cambios profundos en el país, el presidente Daniel Noboa ha escogido un pésimo momento para hacerlo, poniendo en grave riesgo la democracia.

“Es indudable que el país requiere cambios y reformas constitucionales de fondo. El problema está en que convocar a una Constituyente en medio de un conflicto, sin un proyecto concreto de construir un gran acuerdo nacional, un pacto social que permita una Constitución que dure algunas décadas, es ponernos al filo de una quebrada”, dice y enfatiza que no existe actualmente un escenario de construcción.

¿Cuáles son las contrapúestas de ciertas organizaciones?

Ante la ausencia de una contrapropuesta, Juan Fernando Flores, dirigente del movimiento CREO, uno de los cuatro partidos políticos inscritos para hacer campaña a favor de la Constituyente, señala que una discusión tan importante como la redacción de un nuevo pacto social entre ecuatorianos enfrenta una oposición vacía de contenido.

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“Ninguno ha presentado argumento alguno de por qué no se necesita una nueva Constitución y, mucho menos, cómo harán cambios en materia de seguridad, empleo y otros problemas que aquejan a los ecuatorianos. Lo que el país necesita es coherencia, y las organizaciones políticas en mención son las que menos la han demostrado”, acota.

Por fuera de ambas posturas, aunque adelanta que su organización apoyará la Constituyente pese a considerarla innecesaria, Alfredo Serrano, asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), señala que el proceso electoral está marcado por incoherencias, incluso entre quienes la impulsan. “Mire la incoherencia: los partidos que promueven que ya no se reciba el fondo partidario son los primeros en inscribirse en la campaña por la Constituyente”, comenta.

Agrega que los problemas no terminan ahí, pues también existe una falta de contenido por parte del propio Gobierno de Daniel Noboa sobre su idea de una nueva Constitución. “El Gobierno tiene la obligación moral de decirnos para qué quiere una Constituyente, cuál es su agenda, para saber si nos sumamos o nos oponemos a ella. El convocante, que es el Gobierno, debería explicarlo”, enfatiza el legislador, y añade que esa también es una deuda de la oposición.

Desde el PSC, adelanta, se propondrá a los ecuatorianos una agenda de más de 20 temas para la Constituyente. Entre ellos, reformas para evitar que el Gobierno meta su mano en los recursos del Seguro Social y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y que se priorice el dinero para salud y servicios básicos sobre el pago de la deuda externa.

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