Juicios congelados y bajo silencio de Mario Godoy
Procesos emblemáticos acumulan meses y hasta años sin audiencias y sin que Godoy se interese como sí lo hace con Triple A
La demora en la entrega de sentencias escritas y la constante postergación de audiencias judiciales preocupan al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Ambos temas fueron expuestos ante la Asamblea Nacional. En su comparecencia sostuvo que su administración no ha ejercido presión sobre los jueces anticorrupción Carlos Serrano y Christian Fierro, integrantes del tribunal del caso Triple A y del caso Euro2024, sino que realiza controles legales para evitar el retardo injustificado de la justicia.
“Les pido que presten atención a este hecho, porque ambos jueces formaban parte del tribunal del caso denominado Triple A desde el 24 de julio de 2025”, dijo Godoy a los asambleístas. Explicó que los magistrados avocaron conocimiento del proceso tres meses después de que el expediente les fuera asignado por sorteo y que fijaron la audiencia de juicio para cinco meses más tarde. “Es decir, ocho meses, cuando en otras judicaturas se han convocado audiencias de un día para otro. Eso es parte de la independencia judicial y a mí me acusan de presión. ¡Ocho meses! ¿Qué presión?”.
El caso Triple A está lejos de ser el ejemplo más grave de lentitud judicial. Existen otros procesos emblemáticos que el presidente de la Judicatura no mencionó. Uno de ellos es el caso Vocales, que este domingo 11 de enero cumple 702 días (23 meses y dos días) desde que llegó al tribunal de juicio de la Corte Nacional de Justicia.
Se trata de casi dos años sin que se haya logrado instalar la audiencia de juicio por presunto tráfico de influencias; proceso en el que están involucrados los exvocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, junto con el exjuez Vladimir Jhayya.
Antes de que el país conociera los casos Metástasis, Purga o Plaga, este fue el primer proceso penal por corrupción judicial que involucró a altas autoridades de la Judicatura.
La investigación se originó por una reunión privada realizada el 2 de junio de 2022. Según la Fiscalía, Barreno y Morillo habrían presionado a jueces de la Corte Provincial de Pichincha para obtener un fallo favorable en una acción de protección de Guadalupe Llori, entonces presidenta de la Asamblea, con el objetivo de evitar su destitución.
En el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) constan los múltiples incidentes que han impedido la instalación de la audiencia. Por ejemplo, la convocatoria del 26 de agosto no se realizó porque Barreno no se presentó y su abogado, Juan Carlos Salazar, dijo que enfermó. Durante la etapa preparatoria de juicio, Barreno fue defendida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.
Otro problema de este caso es que en la fase de juicio, la mayoría de jueces sorteados para integrar el tribunal han presentado excusas. Mercedes Caicedo, Olavo Hernández, Julio César Inga y Hernán Barros se apartaron del caso, lo que se ha prolongado la resolución.
El juicio contra Sergio Peña con 903 días de espera
Otro proceso marcado por reiteradas dilaciones es el caso Danubio, del que tampoco habló Godoy. Este expediente registra ocho convocatorias fallidas y acumula 903 días (dos años, cinco meses y 19 días) sin que se instale la audiencia. Allí están procesados el asambleísta Sergio Peña, quien vota con ADN, y su asistente legislativo Marcos Leiva, acusados de integrar una presunta red de venta de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) en 2022.
Las razones de los diferimientos han sido variadas: abogados que reportan enfermedades, procesados que cambian de defensa un día antes de la audiencia o la inasistencia de una perito en lenguas ancestrales, solicitada por el procesado Juan Aucancela Muyolema, quien además ha sido defendido por el propio Sergio Peña.
Caso Metástasisy el el del padre de asambleísta de ADN
A Godoy también le preocupa el uso de la inmunidad electoral como mecanismo para frenar procesos penales. En la Asamblea señaló que los hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se inscribieron como candidatos para evitar imputaciones. Un caso similar es el de Armando Flor Izaguirre, procesado en el caso Metástasis, quien se postuló a la Asamblea para impedir que el juicio avanzara. Su abogado, Luigi García, es padre del legislador de ADN Luigi García Velásquez y exsocio de Dolores Vintimilla.
Este proceso acumula 212 días, es decir sin que se instale la audiencia de juicio. Uno de los principales obstáculos ha sido la presentación de excusas por parte de jueces nacionales. No obstante, el 14 de noviembre de 2025, un tribunal negó las excusas de Mercedes Caicedo, Julio Inga y Felipe Córdova.
- Más Casos. El caso de Bibian Hernández, que comenzó en 2024, la caso de lavado contra Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, o el juicio contra Nilsen Arias son otros casos con meses de retrasos.
LA DOBLE VARA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Una de las funciones del Consejo de la Judicatura es ejercer disciplina sobre los actores del sistema judicial. Sin embargo, no existe un estándar: algunos casos se tramitan con rapidez y otros se demoran excesivamente. Por ejemplo, 48 horas después de recibir la denuncia del fiscal general, Carlos Alarcón, el pleno del organismo suspendió por 90 días al juez Christian Fierro por un presunto retardo injustificado en fijar la audiencia del caso de Aquiles Álvarez en el proceso Triple A.
En contraste, con tres jueces anticorrupción investigados por presuntamente intentar favorecer al narcotraficante Carlos Álvarez, Mario Godoy tardó 147 días en llevar al pleno la discusión sobre su posible suspensión.
Samantha Lozada, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Orellana, señaló que desde hace más de cinco meses solicitó la suspensión del juez Walter Pío Arreaga, de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, por la liberación de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, lugarteniente de ‘Fito’, pero hasta ahora su caso no ha sido tratado en el pleno. Para la relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, hay preocupación por las denuncias de posibles presiones a jueces que manejan casos contra el crimen organizado por y por las denuncias de “connivencia con sectores del poder judicial”. “La inacción incrementa la vulnerabilidad de los operadores de justicia independientes”.
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