Reimberg cree que el juez Curipallo se mudó a España

Desubicado John Reimberg: el ministro del Interior habla de la Audiencia Nacional española, alto tribunal de uno de los poderes judiciales más independientes, más serios y con mayor prestigio del mundo, como si del juez Curipallo se tratara. Que soltaron al Negro Willy porque quisieron, dice. 

Que se inventaron todo tipo de pretextos con tal de dejarlo libre. Así, de pura mala leche. Por hacerle el juego al crimen organizado, da a entender, como si los jueces españoles estuvieran comprados por Los Tiguerones. 

Sus desafortunadas palabras revelan una profunda ignorancia sobre cómo funciona la Justicia en aquellas democracias que se la toman en serio, así como la ligereza con que asume el delicado asunto de las garantías en el sistema penitenciario. Es obvio que Reimberg ni se toma en serio a la justicia ni se preocupa mayormente por las garantías. Más aún: no las entiende.

William Joffre Alcívar Bautista, alias “El negro Willy”, cabecilla de Los Tiguerones sentenciado a 34 años de prisión en Ecuador por extorsión, secuestro, atentado con coche bomba, planificación y ejecución del asalto armado a los estudios de TC Televisión en enero de 2024 y asesinato del fiscal que investigaba este caso, había sido detenido en España en junio pasado y su extradición, ya aprobada por el poder judicial español, sólo dependía del cumplimiento de una serie de requisitos por parte del gobierno ecuatoriano. Pero el gobierno ecuatoriano no hizo sus deberes, los plazos se cumplieron y el Negro Willy, sin cuentas pendientes con la justicia española, quedó libre.

¿Qué requisitos no cumplió Ecuador?

¿Qué requisitos eran esos que el Ecuador no supo, no pudo o no quiso cumplir? Según el fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consta en la página Web del Poder Judicial de España, las autoridades ecuatorianas debían prestar “garantía suficiente de haber adoptado medidas concretas para garantizar efectivamente los derechos a la vida e integridad personal (del prisionero extraditado) en centros penitenciarios, conforme a lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Parece claro que los jueces españoles se preocuparon por enterarse de lo que ocurría en las cárceles ecuatorianas. 

Seguramente las noticias de las últimas masacres ocurridas en los centros de detención de Esmeraldas, Guayas y El Oro, así como las imágenes de los presos famélicos víctimas de la tuberculosis, hicieron mella en sus conciencias. Por eso se preocuparon por dejar claramente explicado en su sentencia que las “garantías concretas” a las que condicionaban la extradición no tenían que ver con “meros riesgos genéricos de violación de derechos humanos” sino con el “peligro concreto derivado de la situación reconocida de falta de control en centros penitenciarios y de la naturaleza del delito imputado”.

España y los derechos fundamentales

Queda claro que no fueron documentos judiciales los que faltaron: a su debido tiempo, la Corte Nacional de Justicia había enviado a España la sentencia que pesaba sobre el Negro Willy y supo demostrar que el proceso que se siguió en su contra fue adecuado y respetuoso de los derechos fundamentales. Pero en cuanto a su seguridad y su vida en las cárceles del país una vez devuelto, ¿acaso es algo que pueda garantizar el gobierno ecuatoriano? 

Un gobierno que ha planteado excluir a los privados de libertad de la lista de personas de atención prioritaria y que, en la práctica, ya practica esa exclusión de facto, de lo contrario no habría presos muriendo como moscas por subalimentación y enfermedades controlables. 

Un país cuyo propio ministro del Interior, John Reimberg, califica como “novelerías” las visitas de la Defensoría del Pueblo y de los observadores internacionales a las nuevas cárceles, y se propone prohibirlas, incluyendo aquellas de la CIDH cuya observación impuso el tribunal español como requisito para la entrega del Negro Willy… ¿cómo pretende obtener extradiciones de sistemas judiciales serios como el de España?

El abogado de Assange

John Reimberg es, simplemente, incapaz de entender estos niveles de exigencia. Según él, bastaba con la entrega de los documentos judiciales comunes y corrientes. “Pero seguían extendiendo el pedido de más información y más información -dice como si lo hicieran por ganas de entorpecer-, ¿con qué fin? Con el fin de que querían dejarlo libre en territorio español”. Y cuenta que el abogado del Negro Willy era el mismo que representó a Julian Assange, “un exterrorista chileno nacionalizado español”, como si la filiación política del defensor tuviera algo que ver en este asunto.

“¿A quién le reclamo? A la justicia española”, dijo el ministro Reimberg en el programa de Carlos Vera, donde fue a confundir todos los términos y mentir sobre las fechas. Y anunció que “ya hay una nota de protesta hecha por el Ecuador”. No se entera de nada. 

Lo que hay es un comunicado público de Cancillería en el que se expresa la voluntad de “continuar trabajando con España” para que se revise la decisión. Todo muy político, muy tinoso, al fin y al cabo la Cancillería sabe que las omisiones en este asunto fueron todas suyas.

Y de ahí se desprende la otra, preocupante, posible explicación de todo lo ocurrido: que esas omisiones hayan sido voluntarias; que el gobierno ecuatoriano decidiera no cumplir con los requisitos impuestos por la Audiencia Nacional del Poder Judicial español porque, en el fondo, no estaba interesado en traer de vuelta al Negro Willy. Los últimos acontecimientos relacionados con presiones a jueces y funcionarios judiciales para beneficiar a mafiosos y narcotraficantes abren un territorio de sospecha tan enorme que cualquier cosa puede ser posible.

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