Investigación contra Cristian Zamora: delito que se indaga y sanción
Se realizaron tres allanamientos en Cuenca, entre ellos en la Alcaldía
La madrugada de este martes, 17 de marzo de 2026, se ejecutaron tres allanamientos en la capital azuaya. La Fiscalía General del Estado investiga al alcalde de Cuenca dentro de un presunto caso de enriquecimiento ilícito.
Los hechos habrían ocurrido pasadas las 02:00 de esta jornada, cuando la Policía Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron a la vivienda del alcalde Cristian Zamora con la orden de allanamiento, así lo relató el burgomaestre.
Como evidencia, se incautaron dos computadores, un teléfono celular y varios dispositivos de almacenamiento (USB).
Además, la Fiscalía detalló que el procedimiento también se ejecutó en el despacho municipal de la primera autoridad y en otro inmueble. De estos lugares también se habrían incautado computadores.
¿Qué es el enriquecimiento ilícito?
Según la información publicada en la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado, se lleva adelante una investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Este delito está reconocido en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente y estipula que se tratará de enriquecimiento ilícito cuando los “servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función”.
También se puntualiza que se “entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones”.
En este marco, Zamora recalcó que la auditoría a sus cuenta y a sus actividades empresariales se han realizado entre el 2019 y 2025. "La mayor parte de la auditoria se hace cuando no era alcalde", señaló.
¿Cuál es la sanción para este tipo de delito?
El COIP además estipula diferentes sanciones. Si el perjuicio es superior a 400 salarios básicos unificados (192.000 dólares), la sanción será con pena privativa de libertad de siete a 10 años.
En caso de que el incremento patrimonial sea superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados, la pena privativa de libertad será de cinco a siete años. Y si el incremento del patrimonio es de hasta 200 salarios básicos unificados, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años.
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