Herrería a los GAD: "No hallarán ni una falta ortográfica para atacar la ley"

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, respondió a las críticas de alcaldes y prefectos sobre la aplicación de la regla fiscal 70/30, durante una entrevista difundida por Teleamazonas. Según dijo, la obligación de destinar al menos el 70% del presupuesto a inversión y un máximo del 30% a gasto corriente “no es nueva”, sino un mandato consagrado en la Constitución ecuatoriana.

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Herrería enfatizó que el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas atraviesa toda la Carta Magna y que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tienen la obligación de someterse a revisión fiscal y de rendir cuentas sobre el uso de los recursos estatales. “Son fondos provenientes de los tributos de todos los ecuatorianos y deben manejarse adecuadamente”, afirmó.

Recordó, además, que la regla 70/30 fue incorporada en la Constitución de Montecristi y posteriormente reiterada en el COOTAD con apoyo de legisladores hoy opositores. Mencionó el caso de la entonces asambleísta Paola Pabón, quien —según aseguró— votó a favor de esa disposición.

Críticas de GAD y advertencias de acciones judiciales

Entre las autoridades locales, las principales objeciones giran en torno a una posible afectación a la autonomía seccional y a la sostenibilidad de programas sociales. Alcaldes y prefectos alertan que la reclasificación del personal social como gasto corriente podría derivar en despidos y cierres de programas.

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Herrería rechazó esta interpretación y la calificó como un “sofisma”. Consideró ilógico argumentar que el Gobierno impediría financiar servicios esenciales. “Es absurdo pensar que el Ministerio de Economía no proveerá fondos para profesores, médicos o insumos de hospitales”, señaló.

También se refirió a las advertencias de acudir a la Corte Constitucional, realizadas por figuras como el alcalde de Cuenca y la prefecta Paola Pabón. Herrería cree que algunos actores esperan una respuesta política del organismo. Aunque evitó generalizaciones, admitió que la Corte “se ha convertido en un actor político en ciertos casos”, pero dijo confiar en que actuará con racionalidad.

“No han encontrado un solo error jurídico”

El secretario jurídico defendió la elaboración de las reformas legales impulsadas por el Gobierno, asegurando que se revisaron a la luz del marco constitucional, el capítulo de planificación y presupuesto, las competencias seccionales y la jurisprudencia sobre leyes económicas urgentes.

“No han encontrado un ápice para cuestionarlas. No hay un punto y coma fuera de lugar”, manifestó, al tiempo que acusó a ciertos GAD de pretender desprestigiar la normativa alegando afectación a la autonomía.

También cuestionó la gestión histórica de los gobiernos seccionales y señaló que, incluso en el actual invierno, muchas ciudades evidencian falta de sistemas de aguas lluvias, alcantarillado, agua potable y centros de salud, lo que ha obligado al Estado central a intervenir mediante el COE Nacional.

Rechazo a la idea de recentralización y expectativa frente a la Corte Constitucional

Frente a las acusaciones de una eventual recentralización del poder público, Herrería fue enfático: “La Constitución reconoce la descentralización, pero esta no puede ser sinónimo de irresponsabilidad en el manejo de recursos”. Afirmó que el artículo 293 establece reglas fiscales obligatorias para los GAD.

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También cuestionó el gasto destinado por algunos municipios y prefecturas a festividades y contratación de artistas con altos costos. Señaló el caso de la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, a quien mencionó como ejemplo de orden fiscal y capacidad de gestión, tras obtener financiamiento no reembolsable para obras prioritarias.

Aunque reconoció preocupación por un eventual proceso judicial, Herrería sostuvo que espera una revisión técnica: “Hay seis jueces antiguos que pueden observar que no se ha incumplido ninguna disposición constitucional”.

Concluyó señalando que la regla fiscal es un mecanismo de modernización y eficiencia y que su aplicación, dijo, permitirá una mejor valoración ciudadana del trabajo de los GAD. “La buena gestión también se traduce en reconocimiento y en resultados políticos”, afirmó.

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