Goyes y Jaramillo tuvieron 'careo' por el juicio político: ¿Qué argumentaron?

El proceso de juicio político contra la vocal principal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, finalmente se reactivó en la Comisión de Fiscalización. Ella y su interpelante, el legislador Fernando Jaramillo (ADN), se enfrentaron en la mesa legislativa durante la actuación de sus pruebas, que se extendió por casi seis horas.

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Antes del inicio de la sesión, Goyes afirmó que no hay motivo alguno para su juicio político. “He demostrado con documentación suficiente que he sido la vocal que ha llevado un proceso sistemático y permanente para que las unidades especializadas en materia constitucional se implementen”, indicó.

Ya en la sesión, Jaramillo fue el primero en intervenir. Presentó los elementos que, según él, demuestran el incumplimiento de funciones por parte de Goyes. Su principal acusación se relaciona con el abandono de una sesión el 16 de abril de 2025, en plena discusión del reglamento para la implementación de las unidades especializadas en materia constitucional. 

Cabe recordar que dicha implementación es un mandato derivado de la Consulta Popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa en 2024.

Jaramillo calificó como “prueba madre” el video que muestra la salida de Goyes del Pleno de la Judicatura, lo cual impidió que el Consejo pudiera continuar, al no contar con el quórum reglamentario. 

El Consejo de la Judicatura debe funcionar con cinco vocales, pero actualmente solo tres están en funciones: Goyes, Yolanda Yupangui y el presidente del organismo, Mario Godoy. 

¿Cuál es el argumento de Fernando Jaramillo?

Jaramillo sostuvo que “Solanda Goyes estaba en conocimiento de que, sin su presencia, no podía darse el quórum para el tratamiento de las judicaturas especializadas”, y añadió que esa conducta configuró un boicot institucional.

Otro de los argumentos del interpelante fue que, si Goyes no estaba de acuerdo con el reglamento, tenía la opción de votar en contra. Pero no lo hizo. Además, según relató, después de la sesión del 16 de abril se convocaron cuatro sesiones adicionales que no pudieron instalarse.

La respuesta de Solanda Goyes

Por su parte, Goyes defendió su gestión no solo en relación con la implementación de las unidades especializadas, sino también a lo largo de los 16 meses que lleva en funciones. Hizo un repaso sobre el propósito del juicio político y las implicaciones que debe considerar el legislativo al aplicarlo a funcionarios de la Función Judicial. 

“No puede permitirse que el juicio político se convierta en un mecanismo de presión o interferencia de decisiones que deben ser técnicas o que tienen el carácter jurisdiccional”, manifestó. Al mismo tiempo, señaló que se siente víctima de presión, “por no decir persecución”, ya que no solo está a cargo de la implementación de las unidades, sino que también enfrenta dos auditorías por parte de la Contraloría.

Otro aspecto que mencionó Goyes fue que, tras su salida y una reunión entre los tres vocales, se logró mejorar el reglamento. Las modificaciones incluyeron elementos de probidad para los aspirantes a jueces especializados, puntos por acciones afirmativas para las mujeres y la incorporación de un perfil para los jueces.

¿Qué viene ahora?

Después del careo, la Comisión de Fiscalización deberá elaborar un informe en el que se recomiende o no la continuidad del juicio político. 

En caso de que no exista mayoría para la aprobación, el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez (ADN), deberá remitir al presidente de la Asamblea un documento con las posturas de cada uno de los diez integrantes de la comisión.

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