¿Cortina de humo o revancha política? Así transita la fiscalización en la Asamblea
La presencia de Daniel Salcedo en la Asamblea aún genera críticas. El correísmo disputa la investigación en tema salud
La fiscalización en la Asamblea Nacional se encuentra en disputa. Por un lado, el oficialismo impulsa investigaciones que involucran al correísmo; mientras que la Revolución Ciudadana le exige cuentas al Gobierno Nacional por su gestión.
(NO TE PIERDAS: Contraloría y contrato ATM: Diana Jácome dice que aún no hay responsabilidad política)
Ayer hubo un nuevo capítulo en la cruzada de ADN por recurrir a sentenciados y prófugos de la justicia para obtener información sobre presuntos casos de corrupción en el sistema de salud. A la Comisión de Fiscalización fue invitado Xavier Jordán, procesado en el caso Metástasis y exsocio de Daniel Salcedo.
Tal como ocurrió el 17 de julio con Salcedo, Jordán envió un documento con declaraciones más que pruebas, con las que buscaba involucrar al presidente de esa mesa, Ferdinan Álvarez (ADN), en tramas de corrupción. Pero hubo un giro importante: el propio Álvarez puso en duda las afirmaciones de Salcedo durante su comparecencia, argumentando que hasta el momento no ha presentado las pruebas que prometió.
Desde el correísmo se calificó el proceso como un espectáculo. La legisladora Ana Cecilia Herrera (RC) manifestó que no se puede recibir más a delincuentes sentenciados y que, en caso de tener información relevante, esta debe presentarse ante las autoridades competentes.
Por su parte, la bancada correísta lanzó su propia ofensiva con pedidos de investigación al Gobierno. Tienen dos motivos: la situación del sistema de salud y el uso de los recursos provenientes del aumento del IVA que debían destinarse a seguridad.
La legisladora Ana Belén Yela anunció que su bloque iniciará una fiscalización sobre el uso de dichos fondos, señalando que el país continúa en una crisis por la inseguridad. Como ejemplo, citó la masacre registrada en el cantón Playas (Guayas) durante el último fin de semana.
Más allá de los casos específicos que cada fuerza política busca fiscalizar, hay un hecho que envuelve la actuación de la Comisión de Fiscalización: la comparecencia de Salcedo ocurrió en el punto más álgido de los cuestionamientos a los contratos eléctricos del Estado con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM).
El 15 de julio se conoció que la Contraloría aprobó un informe de auditoría sobre la generación eléctrica por parte de (ATM). En el documento se establecieron responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios de responsabilidad penal, en un caso que impacta directamente al Gobierno de Daniel Noboa.
El contralor Mauricio Torres confirmó que está por aprobarse otro informe sobre el contrato con la empresa Progen, vinculada también a la provisión de energía, en medio de la crisis de apagones que en 2024 alcanzó cortes de hasta 14 horas diarias.
Al día siguiente, el 16 de julio, se conoció el pedido de Salcedo para comparecer ante Fiscalización por supuestas mafias “enquistadas en el sistema de salud pública”. Una vez en el recinto legislativo, el 17 de julio, Salcedo expresó una y otra vez su sorpresa por la rapidez con la que fue aceptada su solicitud. Incluso señaló que debido a la premura, no había tenido tiempo para reunir la documentación que respaldara su relato.
Pero más allá de sus declaraciones, el dispositivo desplegado captó la atención mediática. En la Asamblea se habilitó un amplio salón, con un espacio especial para Salcedo y sus abogados, además de la imagen del sentenciado rodeado por miembros de la Policía Nacional. Fue recibido con todas las prerrogativas de una figura relevante.
Desde el análisis de la comunicación política, la experta Caroline Ávila considera que el Gobierno ha demostrado eficiencia al generar espacios con alto impacto mediático, tanto en prensa como en redes sociales. “Dos minutos de las declaraciones de Salcedo cooptan más la atención que otro escándalo que pueda surgir en materia de corrupción, por ejemplo”.
Ávila también advierte sobre el papel de los medios, que se ven tentados a privilegiar lo que genera más vistas o viralización. “Lo de Progen puede ser interesante porque implicaría corrupción, pero requiere una explicación adicional. En cambio, lo de Daniel Salcedo ya es poderoso visualmente en materia ‘tiktokera’”, analiza.
El oficialismo logró llevar la fiscalización de Progen y ATM a una mesa legislativa en la que tiene mayoría: la Comisión de Transparencia, liderada por la gobiernista Diana Jácome. Tras los resultados del examen a ATM, en esa mesa no se ha generado mayor impacto.
El 17 de julio, EXPRESO consultó a Jácome sobre si veía responsabilidad política en el tema ATM. Su respuesta fue: “Yo no soy quién para decir que existe responsabilidad en este momento. Estamos en un proceso de fiscalización”.
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