Juicio político a Solanda Goyes: ¿Se avecina nuevo caos para la Judicatura?
Con dos vocales entidad no podría funcionar. La conformación del nuevo Consejo continúa estancado por el Ejecutivo y Asamblea
El caos vuelve a amenazar a la administración de justicia en el país. El juicio político contra la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, abre un escenario en el que, ante una eventual censura y destitución, ese organismo podría quedar inoperante.
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El proceso de interpelación fue aprobado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, controlada por el oficialismo y su aliado de Pachakutik, José Luis Nango. El 13 de junio pasado, con seis de diez votos posibles, se calificó la solicitud y actualmente se encuentra en la etapa de presentación de pruebas, tanto del interpelante como de la interpelada,
El juicio político es impulsado por el asambleísta oficialista Fernando Jaramillo, quien presentó la solicitud durante el tramo final del anterior período legislativo. Ahora, la nueva Comisión de Fiscalización lo tramita y se convertirá en el primer juicio de la actual Asamblea.
¿Por qué un juicio político a Goyes?
Un detalle no pasó desapercibido. Aunque de forma indirecta, los integrantes de la comisión parecen ser conscientes del enredo institucional que puede surgir con una destitución. Jaramillo acusó a Goyes de incumplimiento de funciones.
El argumento principal se basa en su ausencia en sesiones del Pleno de la Judicatura en las que se debía resolver el reglamento para la designación de jueces especializados en materia constitucional, mandato derivado de la consulta popular de 2024 impulsada por el presidente Daniel Noboa.
En la sesión del 13 de junio, los asambleístas Ana Belén Tapia y Nango argumentaron que era necesario dar paso al juicio político, ya que la ausencia de Goyes impidió que el Pleno de la Judicatura alcanzara el quórum necesario para instalarse. En ese organismo actúan cinco vocales pero ahora solamente hay tres en funciones.
“Al retirarse de la sesión sin votar ni justificar su ausencia en cuatro ocasiones, impidió alcanzar un quórum”, expresó Nango al votar a favor de la calificación del proceso.
A una posible salida definitiva de Goyes se suma el hecho de que no existe un vocal suplente para ese cargo. Como explicó el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Gonzalo Albán, Goyes llegó a la Judicatura como parte de una terna enviada por el Ejecutivo, y ya no quedan más elegibles.
Un guiño a paralizar la Judicatura
Así, el Gobierno y su bancada en la Asamblea coquetean con la posibilidad de paralizar la Judicatura. Esto ocurre en medio de otro problema: ni el Ejecutivo ni el Legislativo han remitido al CPCCS las ternas necesarias para la designación de los nuevos vocales. En consecuencia, ese organismo no puede avanzar en ese proceso.
La Asamblea también ha tenido un rol protagónico en este estancamiento. El último día del anterior Legislativo, presidido por la correísta Viviana Veloz, se aprobó una terna que fue enviada al CPCCS. Sin embargo, la nueva Asamblea, liderada por Niels Olsen (ADN), adoptó una polémica decisión: dejar sin efecto lo aprobado por el Pleno.
El CPCCS acató esa decisión y solicitó al Legislativo una nueva terna, pero, según confirmó el consejero Albán, hasta ahora no ha sido enviada.
Esto ha generado un dilema para el CPCCS y la Asamblea. Para el primero, la única opción es acelerar el proceso de designación, lo que requiere la entrega de las ternas. Albán señaló que, si eso ocurre, el proceso podría concluir en un plazo mínimo de 30 días.
El CPCCS ya exhortó al Ejecutivo a que remita su terna, pero aún no recibe respuesta. Y en la Asamblea, lo último que se supo sobre la Judicatura fue precisamente la anulación de la terna previamente enviada.
Dos visiones del tema
Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, el proceso de selección de los vocales ha tomado demasiado tiempo sin una resolución. “En el caso de que se censure a Goyes sería un caos más para la Judicatura, ya que no se podrían tomar decisiones ni realizar el trabajo para el cual están designados los vocales”, señaló Ocaña.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Fabián Yánez, sostuvo que tanto la Asamblea como el Ejecutivo deben ser conscientes de que se necesita un cambio estructural en el sistema de justicia, y especialmente en la Judicatura. Pero no solo allí, sino también en el propio CPCCS, que, en su criterio, ha demostrado no estar a la altura.
Yánez advirtió que, si prospera la censura y destitución, la consecuencia será un nuevo estancamiento de la justicia.
El poder que tiene el Consejo de la Judicatura no ha escapado del interés de los gobiernos de turno. Todo apunta a que el estancamiento de la nueva conformación tiene dos protagonista claves: por un lado el Gobierno y del otro la Asamblea que responde a Carondelet.
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