Gobierno de Daniel Noboa cree que tapando lo de Progen se administra mejor
Análisis| El régimen de Daniel Noboa parece rencauchar viejas estrategias correístas para evitar la examinación a sus actos
El caso de las empresas Progen y ATM retrata de cuerpo entero la incapacidad del Gobierno del Nuevo Ecuador de Daniel Noboa de entender la importancia que para cualquier sistema democrático tiene la fiscalización de los actos públicos y la necesidad de que los funcionarios del Estado rindan cuentas.
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El caso es el siguiente: Progen y Austral Technical Management son dos empresas que fueron contratadas por el Gobierno para proveer de generadores eléctricos capaces de dotar la energía que el Ecuador, se supone, no tiene para enfrentar las épocas de estiaje.
De acuerdo con los estudios que el Gobierno hizo al final de la reciente crisis que tuvo al país sin energía hasta por 12 horas diarias, la cantidad de megavatios que se necesita para enfrentar un estiaje como el que hubo es de 979,50.
De ese total, de acuerdo con información gubernamental, 241 megavatios tenían que ser cubiertos por Progen y ATM. Pero eso no ocurrió: según el régimen, estas empresas no cumplieron y estafaron al Estado; mientras que estas dicen que el Gobierno no cumplió con su parte, por lo que no pudieron instalar los equipos. La discusión es infinita y de ambos lados hay argumentos que alguien debería sopesar.
Progen y el Gobierno han acordado ir a un proceso de arbitraje para ver quién tiene la razón. Por lo pronto, Progen ya recibió 105 millones de dólares de los 149 millones en que se pactaron los contratos. Es decir que Progen ya tiene alrededor del 70 % del dinero y la posibilidad de que de ahí salga energía eléctrica es, por ahora, prácticamente nula. ¿Se perdió la plata? ¿Quién tiene razón? El arbitraje lo dirá.
El oficialismo bloquea el juicio político
Pero mientras ese arbitraje saque sus conclusiones, hay detalles insólitos en la historia. Uno de ellos es la negativa de la Asamblea para investigar el tema. Se trata de una investigación, es de suponer, que debería interesar a todos: a la oposición que básicamente es el correísmo, pero también a la bancada gobiernista si es que en este entuerto el incumplimiento fue de la empresas, como sostienen las autoridades.
¿No les interesa que la Asamblea sirva de caja de resonancia para demostrar que estas empresas estafaron al país? Pero no. El miércoles 11 de junio, al iniciar la sesión del pleno de la Asamblea, el asambleísta correísta Blasco Luna pidió que se cambie el orden del día para discutir las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la contratación de Progen y Austral.
Sin embargo, la bancada del Gobierno y sus aliados de Pachakutik votaron en contra y no hubo los votos necesarios para realizar el cambio del orden del día. El correísmo contó con los tres asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y también recuperó, únicamente para este tema, los votos de Sergio Peña y David Arias, ambos expulsados de RC por apoyar algunas propuestas de ADN.
El legislador Alfredo Serrano, del PSC, dijo en esa sesión que no entiende por qué la bancada de ADN y sus aliados se oponen a que la ministra Inés Manzano acuda a la Asamblea, para explicar una denuncia hecha desde el propio Gobierno.
La comisión de archivo se reactivó
Pero lo insólito no acaba en lo ocurrido en la sesión del 11 de junio con el bloqueo gobiernista al pedido de cambio del orden del día. Resulta impresentable que en la Comisión de Fiscalización, presidida por el excorreísta Ferdinan Álvarez, tampoco se haya tomado la iniciativa para que se investigue lo que está ocurriendo.
¿Para qué existe la Comisión de Fiscalización? Con esta omisión, lo único que hace es parecerse cada vez más a las comisiones de fiscalización que había durante el correato, que archivaban todos los casos que se presentaban en su seno.
El impresentable desinterés de la Comisión de Fiscalización, donde hay una mayoría abrumadora del Gobierno, se expresó de la forma más vergonzosa cuando su presidente, Ferdinan Álvarez, fue incapaz de explicarle al periodista Carlos Vera, la noche del domingo 15 de junio, las razones por las que el tema ni siquiera ha mosqueado a sus integrantes. “Es que nadie ha solicitado”, soltó Álvarez, quien no pudo seguir excusándose cuando el periodista le dijo que él sí podía llamar a las autoridades a dar explicaciones.
El Gobierno de Noboa parece estar rencauchando las viejas estrategias del correísmo para evitar la más mínima examinación a sus actos. Una Comisión de Fiscalización, por más que esté en manos del propio Gobierno, no puede renunciar a la razón misma de su existencia, que es fiscalizar. Y si no hay nada de malo en lo actuado por el régimen, entonces deberían hacer públicos sus argumentos en el seno de ese organismo.
Esa comisión ya hizo algo igual o incluso más abominable: archivar el juicio político al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, por el asesinato de los cuatro niños de Las Malvinas que fueron secuestrados, torturados y luego abandonados para que un grupo mafioso los asesine.
¿Por qué el correísmo actuó de forma tibia?
Pero el papel del correísmo en este tema también ha sido tibio y mediocre: ha dejado un tema neurálgico para el interés del país, a un asambleísta de medio pelo como Blasco Luna. ¿Dónde están sus figuras más protagónicas? ¿Por qué ni Ricardo Patiño ni Xavier Lasso ni Paola Cabezas ni Viviana Veloz han abierto sus bocas en el tema de Progen y ATM? Muy extraño.
Y si falta aún algo más insólito en esto, está la explicación que salió a dar la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo. Que esa energía no hace falta y que si no entran a operar los generadores de Progen y ATM no pasa nada, dijo.
¿Y entonces para qué los contrataron? Este engorroso cuento podría salir más costoso que los apagones que, se supone, se trata de evitar.
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