Informe de violación a Derechos Humanos de EE. UU. cita a El Salvador y Ecuador
El Gobierno de Estados Unidos resalta las acciones de los gobiernos en contra del crimen organizado
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó los Informes de Países sobre las Prácticas de Derechos Humanos del 2024. Estos documentos son elaborados anualmente sobre todos los países que reciben asistencia y todos los estados miembros de las Naciones Unidas al Congreso de los Estados Unidos, entro los que se encuentras El Salvador y Ecuador.
El objetivo de los informes es cubrir los derechos humanos reconocidos internacionalmente, que van desde la libertad de expresión hasta la prohibición de la detención arbitraria y otros abusos de los derechos a la vida. De acuerdo con el Departamento de Estado, los informes de país se elaboran con fuentes confiables como gobiernos extranjeros, víctimas, ONG, medios, estudios académicos y organismos internacionales.
Tanto para El Salvador como para Ecuador, el Gobierno de Estados Unidos resalta las acciones que han tomado en contra a la delincuencia organizada y el terrorismo, sin embargo, también señala acciones en contra de los derechos humanos que han dado paso a abusos cometidos por ambos Estados.
¿Qué dice sobre Ecuador?
Desde que se decretó el 9 de enero del 2024 el estado de emergencia, el Departamento de Estado menciona que recibió "varios informes creíbles" en relación a asesinatos arbitrarios o ilegales; tortura o tratos o penas crueles y arresto o detención arbitraria.
Estos casos no solo son de acciones hechas por el Estado, sino también, por parte de los GDO (grupos de delincuencia organizada). En total se identificaron 22 grupos criminales como “terroristas” y se autorizaron operativos conjuntos entre fuerzas armadas y policía, que resultaron en al menos 15 muertes.
Se documentaron denuncias de tortura y tratos crueles durante el estado de emergencia, incluyendo abusos físicos y psicológicos en centros de detención. Se reportaron detenciones arbitrarias por parte de militares y policías, y casos de desapariciones forzadas en cárceles, aunque el gobierno negó algunas de estas acusaciones.
El informe también señala que persisten restricciones legales y casos de censura. Según ONG varios periodistas denunciaron estar bajo vigilancia gubernamental e interceptación de comunicaciones. Así mismo se registraron agresiones verbales de parte de personal gubernamental, casos de censura y restricción al acceso de la información. También aumentaron las agresiones provenientes de GDO "siguiendo el patrón de intimidación, amenazas y ataques directos contra periodistas y medios de comunicación."
A pesar de lo señalado, el Departamento de Estado de EE.UU. señala que "sí se evidenciaron acciones por parte del Gobierno Ecuatoriano para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos."
¿Qué dice sobre El Salvador?
El informe sobre El Salvador presenta una narrativa un tanto más favorable. El Departamento de Estado afirma que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos” durante el año, y destaca que la violencia de pandillas se mantuvo en “mínimos históricos”. Este reconocimiento se atribuye al régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, que ha sido objeto de controversia internacional por la detención masiva de presuntos pandilleros sin garantías judiciales.
Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado la omisión de abusos documentados en años anteriores, como tortura, hacinamiento carcelario y falta de debido proceso. La prisión de máxima seguridad Cecot, ofrecida por Bukele para albergar migrantes irregulares, también ha sido señalada por condiciones inhumanas. La ausencia de estas críticas en el informe ha sido interpretada como una muestra de alineamiento político entre Washington y San Salvador.
¿Qué reflejan estos informes?
La finalidad de presentar estos informes es presentar información de la manera más objetiva posible, no solo expone violaciones puntuales, sino que revela tensiones estructurales entre las políticas de seguridad y el respeto a los derechos humanos en América Latina. En el caso de Ecuador y El Salvador, las estrategias de control del crimen han derivado en medidas excepcionales que, aunque efectivas en algunos indicadores, han debilitado garantías constitucionales y libertades fundamentales.
Algunas ONG critican posibles intereses políticos que se ven reflejados en el resultado de los documentos publicados, sin embargo, el Departamento de Estado afirma que se evalúan exhaustivamente la veracidad de cada denuncia, resaltando que igual es una tarea complicada de contrastar debido a las posturas de los gobiernos referentes a las acusaciones sociales.
