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Corte Constitucional
Rostros. Varios carteles con las fotos de los jueces de la Corte fueron expuestos a lo largo de la marcha.Ángelo Chamba / Expreso

La marcha que nadie organizó

Análisis | El presidente Noboa la convocó, pero nadie se responsabiliza de sus costos

Hubo centenares de buses provenientes de provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, con miles de personas reclutadas para la manifestación, como si en Quito nadie fuera a notarlo. El noticiero de Teleamazonas calculó 500 de esos buses; el de Ecuavisa confirmó que esas personas no pagaron su pasaje (todo estaba cubierto) y que a buena parte de ellas se les ofreció comida; el medio digital La Defensa los encontró en uno de sus puntos de partida, en Guayaquil, y averiguó que a cada manifestante le entregaban 20 dólares por participar y que había muchos venezolanos pauperizados entre ellos: estamos ante la movilización a destajo del lumpemproletariado, como se hacía durante el correísmo.

Hubo un gran esfuerzo organizativo por cuenta de la burocracia estatal, de Quito y de provincias: sólo la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, dijo haber llegado con tres mil personas. Y no fue la única. Esta es una dinámica de caciques locales en plan de hacer puntos con el jefe de Carondelet que también recuerda la estructura de poder territorial del correísmo.

Hubo coordinadores, comunicólogos y personal de talento humano de los ministerios organizando a la gente que se bajaba de los buses, impartiendo consignas y planes de salida, distribuyendo carteles y pancartas: “Tuve que cerrar mi negocio porque me vacunaron”. Hubo marchantes que reconocieron que no habían cerrado ningún negocio pero llevaban ese cartel porque se lo dieron al bajar del bus. Tal como hacían los hermanos Alvarado con notable eficiencia en tiempos de Correa.

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Hubo, cómo no, sánduches y colas

Hubo, para que todo sea perfecto, más de un canal de televisión costeado por los contribuyentes, transmitiendo la manifestación en directo y entregado a la innoble tarea de tergiversar la información con insolencia: que son entre 40 y 50 mil personas en la calle, que se trata de una marcha espontánea de la ciudadanía, que a las 12 y media ya no quedaba nadie porque a la carrera regresaron a sus oficinas aquellos “funcionarios que acudieron de forma voluntaria y que habían solicitado permiso para que esto no tenga ningún tipo de interrupción con los trabajos cotidianos que tienen que realizar” (sic), cuando la verdad es que la concentración al pie de la sede de la Corte Constitucional se prolongó por horas. Un aparato de propaganda en toda regla para crear una realidad paralela, como en el correísmo.

Todo esto en medio de una campaña que también recuerda a los años más intemperantes y agresivos del decenio correísta: una campaña para construir un enemigo y movilizar una parte de la sociedad contra la otra en nombre de los intereses sagrados del pueblo, que se identifican con las políticas del gobierno.

Hubo, en ese empeño, un despliegue aplastante de groseras (y carísimas) gigantografías que se dispusieron en las avenidas 6 de Diciembre y Patria. Vallas enormes sobre soportes metálicos que ocupaban ilegalmente las veredas y los espacios públicos sin que la Alcaldía correísta de la ciudad se dignara a reaccionar, y en las que se exhibía a los jueces de la Corte Constitucional y se les acusaba de enemigos de la paz. En otras palabras: no sólo se los presionaba indebidamente, como los gobiernos democráticos auténticos del mundo no hacen, sino que se los ponía en riesgo. Como hacía Correa (como hizo, sábado tras sábado, incluso con algunos periodistas que hoy aplauden este exceso).

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Organización. Cientos de bueses llegaron a Quito con simpatizantes de Noboa. Dijeron que no pagaron el pasaje y recibieron un sánduche con sandía.Ángelo Chamba / Expreso

Que a todas estas cosas se las pretenda llamar “nuevo país” es poco menos que una broma macabra. Que ante el evidente ejercicio de presión indebida sobre la Corte Constitucional que fue la marcha de ayer el gobierno pretenda lavarse las manos, es algo más que una insolencia.

“No se trata de una manifestación que venga de parte del gobierno nacional”, mintió la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, sin que le tiemble un músculo de la cara, en su rueda de prensa semanal que ofreció dos horas antes de la convocatoria. Lo dijo para desvanecer las suspicacias sobre el costo de la movilización, al parecer muy alto si se consideran los centenares de buses, la impresión de pancartas, las gigantografías, la remuneración de los lumpemproletarios, los sánduches, las colas, la cuenta del troll center… Por no hablar de la jornada de trabajo perdida de la burocracia.

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“No es una convocatoria que esté pagada con fondos públicos la convocatoria el día de hoy”, insistió, “es una convocatoria amplia en la que asistirán ecuatorianas y ecuatorianos que estén llamados a participar libremente en esta marcha”. Y luego: “es una movilización ciudadana”. Pero no: es una movilización convocada por el presidente de la República y organizada, sin lugar a dudas, por el gobierno nacional. Si el gobierno no la paga, su obligación ineludible es revelarnos quién lo hizo. ¿Sarmiento es pueblo? ¿El propio Daniel Noboa de su bolsillo? ¿O quizás sus empresas, que ya antes, en los inicios de su vida política, financiaban visitas oficiales de asambleístas a Rusia para asegurar los mercados bananeros después de la invasión de Ucrania? Porque si algo ha demostrado este presidente es que no tiene noción de los límites entre sus intereses privados y sus obligaciones públicas.

Los organismos democráticos más importantes del mundo ya reaccionaron escandalizados a lo que consideran una amenaza a los principios republicanos. Y, ante ellos, el gobierno mantiene su postura con una tozudez que asusta. Carolina Jaramillo tuvo la desvergüenza de admitir que las declaraciones de preocupación de Human Rights Watch y de la relatora para la independencia judicial de las Naciones Unidas les valían tres atados. A esos pronunciamientos se sumaron, a lo largo del día, los de Amnistía Internacional, la relatoría de derechos humanos, la CIDH…

Da lo mismo. Al gobierno, ya completamente jugado en su propósito de controlar la Corte, todo le resbala. Sus funcionarios repiten en coro sus consignas (como aquella falsedad de que la Corte “se tumbó” las leyes urgentes) y ensayan declaraciones de sobrecogedora burricia. Como aquella feliz frase del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que define a los jueces como personas “detrás de un escritorio, que no están en territorio”. Es lo que faltaba: que la Corte Constitucional ya no sólo ofrezca declaraciones políticas y se pare ante los micrófonos de los medios, sino que además haga trabajo de campo. Es la muerte definitiva del uso público de la razón. Como en el correísmo.

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