Expediente revela que esposa de cabecilla de Los Lobos iba a ser directora de cárcel

El nombre de Danny Manuel Córdova Carvajal, alias Fuerte, volvió a escena en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Cazador, instalada el 19 de agosto de 2025 en la Unidad Judicial especializada en corrupción y crimen organizado de Quito.

Ahí, la Fiscalía expuso un punto hasta ahora desconocido: la esposa de Fuerte, quien es identificado como cabecilla de Los Lobos, estaba proyectada para ser directora de un centro de privación de libertad. Según interceptaciones referidas en la diligencia, el capo criminal llegó a gestionar un vehículo blindado para su seguridad, anticipando su eventual nombramiento.

El dato expondría la ambición de la estructura por permeabilizar el sistema penitenciario desde dentro, mientras operaba desde las cárceles. Esta audiencia fue suspendida y se esperaba, hasta el cierre de esta edición, que se precise la fecha de reinstalación para continuar.

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¿Alias Fuerte o Comandante M?

Córdova Carvajal no es un desconocido para las autoridades. Durante el gobierno de Guillermo Lasso fue identificado públicamente como alias Comandante M y detenido el 31 de marzo de 2023 en Azuay, en un operativo que dejó 23 aprehendidos y decomisos de armas y dinero, según reportó entonces Primicias con declaraciones del propio Ejecutivo.

En el expediente ventilado en la audiencia, la jerarquía atribuida por la Fiscalía coloca a alias Fuerte como cabecilla que, incluso recluido en La Roca, planificaba y ordenaba atentados, compras de armas y uso de vehículos robados con documentación adulterada.

Su comunicación, de acuerdo a lo detallado en la documentación, se sostenía mediante aplicaciones encriptadas (Threema, WhatsApp Business) y líneas prepagadas, con el objetivo de evadir controles.

Subalternos de alias Fuerte en Los Lobos

Bajo alias Fuerte, la Fiscalía ubica como subcabecillas a Carlos Edwin Angulo Lara (alias Moro o Invisible), Darío Gabriel Suárez Bedón (alias Chino Onda) y Elvis Fabián Conde Cevallos (alias Maduro). Al primero se lo presenta como operador que dispuso los atentados con explosivos en Esmeraldas (diciembre de 2023) y el secuestro del futbolista Pedro Pablo Perlaza (diciembre de 2024), además de estar sentenciado como autor mediato del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Chino Onda, en cambio, aparece como planificador y enlace operativo: un testigo anticipado lo reconoció como uno de los autores del crimen de Villavicencio. Además, sus “combos”, según se dice en los chats peritados, cuidaban zonas de narcomenudeo y preparaban atentados.

Maduro, por su parte, es descrito como proveedor logístico (armas, granadas, vehículos) y con actividad desde prisión: en su celda, pericias hallaron un celular con mensajes sobre fabricación de alimentadoras y compra de municiones. Incluso, consta un video en el que guías penitenciarios habrían sido obligados a leer un texto bajo coacción.

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Menor jerarquía en la organización Los Lobos

En el escalón siguiente, Stalin Ramón Burgos (alias Rata) figura como subcabecilla responsable de finanzas y logística: autorizaba “trabajos”, coordinaba “vacunas” y mantenía canales con mandos medios. De él presuntamente dependían Lucio Gallardo (alias Cuni) y César Campoverde (alias Cuco).

Cuni, por lo que ha expuesto el Ministerio Público, al parecer transportaba dinero ilícito, distribuía sustancia y brindaba protección armada; incluso habría extorsionado a un dueño de clínica para cirugías y “diseño de sonrisa”, mientras que Cuco habría compartido la ruta de valores: fue detenido el 7 de mayo de 2024 junto con Cuni, con 68.000 dólares cuyo origen no justificaron. Este dinero, según chats, estaba destinado a la estructura.

Equipo financiero de esta célula criminal

El brazo operativo financiero presuntamente incluía a Kimberly Yajaira Franco (alias Kim), quien supuestamente fragmentaba depósitos en el sistema bancario para evadir umbrales y luego entregaba efectivo a los mandos; mantenía trato directo con Rata y, según extracciones, intermediaba también por armas.

Ana María Castillo (alias La China), pareja de Cuni, presuntamente recogía dinero, custodiaba armas y droga en su domicilio y acompañaba retiros bancarios para entregar fondos.

A su vez, Yessenia Paola Campaña (alias Samba), pareja o expareja de Chino Onda, habría operado como intermediaria de confianza: presuntamente transmitía mensajes, armaba coartadas, coordinaba pagos y, según interceptaciones, conseguía gatilleros; también gestionaba pedidos para privadas de libertad relacionadas con el caso Villavicencio.

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El dictamen fiscal en el caso Cazador

Los hechos base del dictamen incluyen, de acuerdo con el expediente:

• Las interceptaciones de octubre de 2023 que revelan supuestos chats sobre armas, droga y secuestros entre Fuerte, Rata, Chino Onda e Invisible
• Los atentados en Esmeraldas (diciembre de 2023), con vehículos incinerados
• La incautación de $68.000 (mayo de 2024) a Cuni y Cuco
• La planificación y logística del asesinato de Villavicencio (agosto de 2023), atribuida a Invisible, Chino Onda y Maduro
• El secuestro de Perlaza y Morales (diciembre de 2024), cuya autorización se adjudica a Invisible. Todo ello, insiste Fiscalía, exhibe una estructura estable y coordinada con roles definidos.

Tras declarar la validez procesal, el juez dio paso al dictamen acusatorio. La audiencia quedó suspendida y se espera fecha para su continuación.

Grupos delictivos buscan a quien se alinee con su política criminal

Kléber Carrión, exoficial de Inteligencia y exdirector del sistema penitenciario (SNAI) en Santo Domingo, advierte que así como las organizaciones criminales han buscado el control físico de los centros penitenciarios, también persiguen el control administrativo. “Eso significa poner a la cabeza a alguien alineado a su política criminal. Controlar la parte administrativa es crucial: ahí se define qué ingresa y qué sale, se autorizan permisos y se maneja la operación diaria. Por eso siempre pugnan por ese control”, señaló.

El experto recordó que en el gobierno de Guillermo Lasso se aprobó un reglamento de rehabilitación social que ya fue advertido como deficiente. A su criterio, esa norma no está articulada con la Constitución ni con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que facilita que el poder mafioso se filtre en las decisiones. “Mientras la estructura jurídica siga igual, quien llegue a dirigir un centro penitenciario poco podrá hacer.”, afirmó.

Carrión también cuestionó la politización de los nombramientos en el sistema carcelario. Según explicó, no existe una carrera técnica que garantice estabilidad ni meritocracia en la designación de directores. “El cargo de director es un festín de ida y vuelta. No siempre llegan perfiles técnicos”, comentó, revelando que esta dinámica convierte a los directores en piezas frágiles y fácilmente manipulables.

En su análisis, aunque menciona que la presencia militar ha mejorado la disciplina en ciertos centros, sostiene que la administración penitenciaria sigue siendo un punto débil. “Continúan las llamadas y las extorsiones desde adentro; eso demuestra que el control del Estado no está al 100%”, advirtió. Para Carrión, el problema va más allá de operativos o despliegues de fuerza: la raíz está en la estructura legal y administrativa, que debe ser reformada para cerrar espacios de infiltración.

Finalmente, insistió en que los grupos delictivos buscan que los directores “interpreten” sus necesidades dentro del sistema para asegurar beneficios que repercuten afuera: desde mantener la entrada de objetos prohibidos hasta permitir contactos para extorsiones. “Ellos van a seguir pugnando por colocar a alguien que se alinee con su política criminal. Mientras no se golpee la base jurídica que sostiene esta estructura, poco o nada cambiará en las cárceles”, concluyó.

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