En 100 días de la nueva Asamblea, el oficialismo bloqueó fiscalización al Ejecutivo
Caso Progen no fue prioridad para la mayoría oficialista. En contraste hay un juicio político sin causal clara
En los primeros 100 días de la nueva Asamblea, el oficialismo liderado por ADN bloqueó la fiscalización de temas sensibles para el Gobierno de Daniel Noboa, mientras ha impulsado procesos contra la oposición.
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Para controlar el proceso de fiscalización, el oficialismo se apoyó en una instancia clave de la Asamblea: el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El CAL fue una pieza clave
En la primera sesión, el 14 de mayo pasado, ADN aseguró la presencia de tres de sus legisladores en ese órgano: el presidente Niels Olsen; la primera vicepresidenta del Parlamento, Mishel Mancheno; y la primera vocal, Sade Fristchi.
Además incorporó a sus aliados: la excorreísta Mónica Salazar, el exmiembro del Partido Social Cristiano (PSC) Samuel Celleri y Steven Ordóñez. También se sumó la segunda vicepresidenta, Carmen Tiupul, quien forma parte de los seis legisladores de Pachakutik que pactaron con el Gobierno. En la práctica, ADN cuenta con mayoría absoluta en el CAL.
El alcance de ese poder se evidenció ante una solicitud concreta. El correísmo planteó un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano. Según lo reseña el Observatorio Legislativo en su informe sobre los primeros 100 días de la Asamblea, Manzano fue acusada de supuesto incumplimiento de funciones por no comparecer ante la Comisión de Fiscalización ni entregar la información requerida. También se le atribuyó responsabilidad política en el caso Progen.
Este último podría considerarse el mayor cuestionamiento al Gobierno de Noboa. Se trata de una contratación en el sector energético que fue observada por Contraloría y de la cual se desprendió el caso Apagón, ahora en manos de la Fiscalía.
Una vez que la solicitud llegó al CAL, el oficialismo ni siquiera avocó conocimiento de la misma. Con solo cuatro votos a favor, la moción presentada por Fristchi para solicitar el informe de cumplimiento de requisitos a la Unidad Técnica Legislativa no fue aprobada.
El mismo Observatorio, en su informe, recordó que el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que “una vez conocida la solicitud, el CAL requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica”.
Daniel Crespo
Un juicio político con pocas luces
En contraste, está en marcha un proceso de juicio político impulsado por el oficialismo contra Gonzalo Albán, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La acusación es por incumplimiento de funciones, aunque la causal no está del todo clara.
El oficialista Keevin Gallardo acusa a Albán de haber incumplido funciones por una supuesta filiación política al momento de inscribir su candidatura en 2023. Sin embargo, la habilitación para dicha candidatura fue otorgada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Procesos de fiscalización cambian de manos
El bloqueo a la fiscalización no se ha limitado a los juicios políticos. El CAL también ha sido protagonista al retirar de manos del correísmo dos procesos que involucran al Gobierno: el caso Progen y la entrega de bonos en campaña electoral.
Ambos procesos iniciaron su trámite en la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo. No obstante, por pedido de la oficialista Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, el CAL autorizó que ambos expedientes fueran redireccionados a su mesa legislativa.
Tanto en el caso Progen como en el de los bonos, esa comisión aún no ha emitido los informes que permitan determinar si se observó responsabilidad política de ministros de Estado en dichos procesos.
Pero el intento de fiscalización desde ADN también echó mano de personajes cuestionados. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, propició la comparecencia de Daniel Salcedo, sentenciado por múltiples delitos.
Eso desató una serie de acusaciones entre Álvarez y un personaje asociado por la Fiscalía al asesinado narcotraficante Leandro Norero: Xavier Jordán. Al final, la Comisión de Fiscalización se limitó a reenviar las pruebas aportadas por Salcedo a la Fiscalía General.
Para el exasambleísta Henry Cucalón, el oficialismo confundió la coordinación con la sumisión al Ejecutivo. “Los ciudadanos aspiran a una Asamblea que no conspire, pero tampoco que sea subordinada”, manifestó.
Cuestionó el caso Progen. Para Cucalón, sin perjuicio de que la justicia pueda determinar responsabilidades penales, “es obvio que debió existir un control político que pudiera llegar a responsabilidades políticas en el caso de los apagones”.
El analista político Daniel Crespo coincidió con la visión sobre la sumisión de la Asamblea. Explicó que hay dos visiones enfrentadas. Una tiene que ver con la posición del Gobierno respecto a su eslogan del nuevo Ecuador y una Asamblea que va de la mano con el Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad.
Pero la otra es que esa gobernabilidad pasa ya por la subordinación del Legislativo a todo lo propuesto por el Ejecutivo. “Tienes la idea de una gobernabilidad que se ve favorecida pero, al mismo tiempo, la evidencia de que esa gobernabilidad pasa por la subordinación”, analizó.
Cucalón apeló a la conciencia de los propios asambleístas. Recordó que sin los votos de independientes, ADN no tendría mayoría, y ese apoyo no puede estar condicionado a dejar pasar todo.
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