Correísmo y ADN enfrentados nuevamente por fiscalización a Gobierno de Noboa

El correísmo apunta a no dejar en pausa el proceso de fiscalización relacionado con la entrega de bonos y pagos durante la campaña electoral de 2025. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Jaime Estrada (RC), indicó el 8 de julio de 2025 que, pese a la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), su comisión continuará con la investigación.

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La Comisión de Garantías Constitucionales había iniciado una indagación sobre la entrega de los bonos Incentivo Emprende, Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción. Para ello, convocaron al ministro de Inclusión, Harold Burbano, pero él se excusó.

También fueron llamados la ministra de la Mujer, Arianna Tanca, y Leonardo Bruns, gerente de Petroecuador, con el fin de ser consultados sobre los pagos realizados a los afectados por el derrame petrolero en Esmeraldas. Ninguno de ellos asistió.

¿Qué pasó entre ADN y el correísmo?

El viernes 4 de julio de 2025, el CAL sesionó y conoció el pedido de la asambleísta gobiernista Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, en la que ADN tiene mayoría. Ella reclamó la fiscalización sobre la entrega de bonos para su comisión.

“De conformidad con el artículo 21, numerales 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la entrega de bonos y becas se ajusta a la materia y especialidad de esta comisión, por cuanto versa sobre asuntos de transparencia y control social”, argumentó Jácome.

El CAL, en el que también el oficialismo tiene mayoría, aceptó el pedido y resolvió que ninguna otra mesa legislativa podrá abordar la entrega de esos bonos ni temas relacionados.

La reacción del correísmo

“Zapatero a tu zapato”. Con esa frase, Jaime Estrada respondió a la consulta sobre qué sucederá con el proceso que ya inició su comisión, pues considera que el CAL no tiene competencia para realizar ese cambio.

Recordó que el mismo CAL ha citado en sus resoluciones el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que si una comisión ya ha iniciado una investigación, no se debe interferir.

“Bajo ese mismo argumento estamos respondiendo. Nosotros iniciamos el proceso el 18 de junio y no hay ningún antecedente previo. A nosotros nos corresponde seguir este proceso de fiscalización”, señaló Estrada.

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