El regreso de las FF. AA. a Guayas, tras el paro nacional, genera críticas

Un despliegue militar a Guayas. Así lo anunció, el sábado 25 de octubre, el Ministerio de Defensa Nacional a través de su cuenta de X. Esta acción se da días después de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, anunciara el término del paro nacional.

Según un comunicado que las Fuerzas Armadas publicaron en su cuenta de X, “esta acción tiene como objetivo fortalecer las operaciones militares en la zona”. No obstante, Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional, señaló que “nuestra presencia en Imbabura se mantiene, así como todo en el país”.

¿Qué comunican las acciones determinadas por el Gobierno?

Pero las acciones del Gobierno de Daniel Noboa, demuestra, expresa Carla Álvarez, docente e investigadora de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, comunican que no hay en el manejo de los temas sociales y que el Estado militariza una provincia después de un grave conflicto social sin priorizar la construcción de procesos de diálogo o la reconstrucción de la confianza en el gobierno. Por lo que “los despliegues militares terminan siendo lo de siempre, un efecto simbólico, más que un operativo efectivo”.

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A criterio de Andrés Williams, experto en seguridad, estas acciones lo que da a comunicar, por parte del régimen, es que “no les interesa luchar contra el crimen organizado ni quieren salir del caos”. Esto, porque el paro nacional evidenció que las fuerzas del orden (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) ha contado con el número de uniformados, municiones, armamento y demás elementos necesarios para haber combatir la delincuencia, expresa.

¿Qué dijeron las Fuerzas Armadas de su actuar en las paralizaciones?

Cuando Manuel Dávila, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, compareció ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, el 22 de octubre, dijo que, en la paralización, las Fuerzas Armadas empleó aproximadamente 12.000 hombres. Además, durante el mes que duró el paro, ejecutaron más de 2.000 operaciones militares.

Para Álvarez, el régimen lo que hizo fue posicionar al paro como “una amenaza interna, como una amenaza a la estabilidad, no como una protesta social legítima para la protección de derechos”. Por lo que, en este contexto, “resulta súper difícil sostener que el objetivo del Gobierno haya sido la lucha contra el crimen organizado”.

Esa comparecencia ya no está publicada en el portal de Facebook de la comisión legislativa; en ella Dávila reconoció la extralimitación del uso de la fuerza en el caso de la muerte Efraín Fuerez, comunero de Imbabura. Solo hay videos de las sesiones del 21 y 23 de octubre.

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¿Hay un plan para combatir la inseguridad?

La experta en seguridad expone que “el uso de esta manera de las Fuerzas Armadas, en cuestiones de control interno, lo que ha hecho es erosionar su legitimidad y erosionar su papel”. También, desgasta los recursos que deberían haberse empleado contra las redes criminales. “Estas opiniones se sienten mucho en las redes sociales”.

Es por eso, por lo que Williams manifiesta, que el régimen ha demostrado que la lucha contra el crimen organizado “no estuvo en sus planes”, eso porque “con toda la capacidad mostrada en Imbabura, no intervinieron así en Durán (Guayas)”.

Tampoco, añade el experto en seguridad, evidencia que controlan los puertos, que es el punto de salida de la droga hacia Europa, ni las haciendas, sitios que se han convertido en centros de acopio. “Solo ponen la lupa sobre ciertos puntos”.

Por lo que Álvarez recomienda que se definan claramente las prioridades de seguridad del Gobierno, que se haga una planificación estratégica orientada a las funciones de inteligencia operativa, de cooperación civil militar y las instituciones de defensa a la Policía Nacional, el Ministerio del Interior para que “no esté orientada a la represión social, como hemos visto en este momento”.

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